En el Fuerte Tiuna, el más grande del país, está el centro de reclusión de la 34 Brigada de Policía Militar, al mando del General Donato Francesco Tenore Damiani. Familiares de militares detenidos por diversas causas le dijeron a Infobae lo que están sufriendo sus hijos, hermanos o esposos en cuanto a la violación de los derechos humanos y al debido proceso.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
“Es un centro de tortura”, dice uno de ellos. “Desde hace un año exactamente no les han permitido acceso a sus abogados, porque el General Tenore Damiani tiene la prohibición de que los profesionales del derecho ingresen a hablar con sus defendidos”, revela la esposa de uno de los detenidos en PM.
“Ya no se puede seguir callando, aunque siempre la advertencia es que no se denuncie porque eso lo paga nuestro familiar. Pero les tienen prohibidas la visita y el contacto tanto de comunicación como visual con la familia”.
“No hay comunicación de ningún tipo para saber de la salud y condición de quienes están presos en ese lugar. Lo poco que hemos logrado saber, por intermedio de funcionarios que a veces nos dicen cosas, de tanto molestarlos, es que le limitaron las actividades deportivas a solo una hora por día en el patio. El resto del tiempo permanecen encerrados”.
En la cárcel de Policía Militar de Fuerte Tiuna no les están permitiendo a los detenidos asistir a actividades educativas y de trabajo, como establece el Código Orgánico Penitenciario. “Lo que abunda ahí es la prohibición, como esa de no asistir a actividades laborales y educativas, impidiéndoles así hacer méritos para redención de la pena por trabajo y estudio”.
Los detenidos no solo conviven entre el hacinamiento, también encerrados con candado todo el día. “El personal que se ha enfermado durante la pandemia por COVID-19 no ha sido trasladado oportunamente a un centro de salud, porque la respuesta del General Tenore Damiani era que tenían que traer una orden del tribunal”.
“¿Cómo se puede tener una orden del Tribunal cuando los familiares no nos enteramos porque no hay comunicación con familiares ni abogados? Lo que han hecho es que aíslan al enfermo con COVID-19, que es contagiado por el personal, porque al no haber visitas de nadie los únicos que llevan COVID-19 son los custodios. En ese aislamiento no hay ningún tipo de medicina y con mala alimentación en una habitación, que está en deplorables condiciones, siendo esto totalmente inhumano”.
La masacre
Un caso escalofriante es la llamada Masacre de Barlovento, ocurrido cuando en octubre de 2016, a raíz de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 20 jóvenes fueron detenidos el 15 de octubre, seis días después ocho de ellos fueron liberados, presentando tortura y deterioro físico; 12 pasaron a la lista de desaparecidos hasta el 25 de noviembre cuando sus cadáveres aparecieron en fosas comunes en La Maturetera y Aragüita de Barlovento, estado Miranda.
Los familiares de las víctimas denunciaron internacionalmente el caso hasta que 11 funcionarios del Ejército, pertenecientes al Batallón 323 Caribe, fueron imputados por esa masacre: teniente coronel José Ángel Rojas Córdoba; los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez; el mayor Luis Eduardo Romero; los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.
La OLP se venía desplegando en todo el país en una política de exterminio, tal como ocurre con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que surge después de las OLP, que tenía como jefes responsables al entonces ministro del Interior, Néstor Reverol y al Ministerio de la Defensa.
“A quienes participaron en esa masacre los tienen engañados, porque les han mandado a decir que los van a ayudar, ‘tranquilos, eso se soluciona’, ‘espere que pase el tiempo y los sacamos’. Les han mandado a Generales del Alto Mando del Ejército, les dan caja de alimentos CLAP y otros engaños más; solo les han pedido que hagan silencio sobre las órdenes que recibieron para ejecutar esa OLP”.
“Se acerca la hora de la sentencia y ellos se han percatado que les mintieron, que no los van a ayudar y que serán sentenciados con penas muy altas por los delitos imputados”.
La golpiza
“En la última audiencia, que fue en los calabozos del Palacio de Justicia, supimos que hubo una pelea entre ellos mismos, es decir, entre los imputados, resultando gravemente herido el teniente coronel José Ángel Rojas, a quien no lo han querido trasladar al Hospital Militar para atender esas heridas, porque el general Tenore Damiani no lo permite”, revela una fuente a Infobae.
“Antes de esa pelea, ya se sabía que ocurriría, el General lo sabía porque el Sargento Mayor de Tercera Juan Colina, quien funge como mano derecha de él, recibió la información por parte de algunos reclusos. No quisieron hacer nada para impedir la golpiza que recibió el Tcnel Rojas”.
Infobae hizo contacto con algunos familiares de Rojas Córdoba, pero desde el miércoles el Teniente coronel está desaparecido. “En la audiencia de juicio en el Tribunal Primero en funciones de Juicio extensión Barlovento del estado Miranda, al Juez Luis Jiménez le informan que Rojas Córdoba estaba con lesiones y moretones en cara y otras partes del cuerpo”.
Los familiares no saben qué pasó, lo único que unos custodios les dijeron es que está en mal estado por los golpes recibidos. La esposa, la hermana y otros familiares del oficial se apostaron en la Brigada de Policía Militar pero el director del recinto carcelario se niega a que sea atendido por los médicos y ni siquiera ha permitido el reconocimiento legal por parte de Medicatura Forense.
El Juez Luis Jiménez tampoco actúa ante la irregular situación que ocurre con Rojas.
A las reiteradas violaciones de Derechos Humanos en el Servicio Bolivarianos de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la cárcel de Ramo Verde, los anexos militares de La Pica y Santa Ana del Táchira, se suma Policía Militar de Fuerte Tiuna.