Cabo Verde denegó por cuarta ocasión la entrada al país de abogados de la defensa del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, y detenido en este país insular de África occidental a petición de EEUU por supuesto blanqueo de dinero.
En un comunicado de su equipo legal al que tuvo acceso EFE, el prelado principal de Saab denuncia que a su cliente se “le está negando el derecho a defenderse”.
“La policía de Cabo Verde está obstaculizando deliberadamente el proceso legal a pesar de las órdenes judiciales”, reprobó este lunes Jose-Manual Monteiro, “los (dos) abogados en cuestión tenían todos los certificados de inmigración y salud necesarios para ingresar legalmente en Cabo Verde (y) todos habían sido revisados antes de embarcar”.
En el documento, la defensa menciona la decisión de finales de enero del Tribunal de Apelación de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, según la cual Saab podría “recibir visitas periódicas de sus abogados durante un período de hasta 3 horas”.
Y también hace referencia a la resolución de la Corte Suprema del 20 de febrero de 2021, según la cual su puesta en régimen de prisión domiciliaria -desde el pasado 26 de enero- no debería limitar “la libertad y circulación” de sus representantes.
“Por lo tanto, las acciones actuales de Cabo Verde violan todas las normas legales, órdenes judiciales nacionales e internacionales”, concluye la defensa.
La semana pasada, Venezuela exigió a Cabo Verde la “liberación inmediata” del empresario colombiano, cuya detención considera ilegal y a quien, además, otorgó nacionalidad venezolana y estatus de “enviado especial” del Gobierno que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde para regresar al país.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal y tras una petición estadounidense a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas del Gobierno de Maduro, conocido como CLAP.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”. EFE