Una jueza evalúa este miércoles si acoge o rechaza el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Martín Vizcarra, solicitado por la Fiscalía en el marco de una investigación por corrupción mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.
Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, puede convertirse en el segundo exgobernante de su país detenido, siguiendo los pasos de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), de quien fue vicepresidente.
El destino de Vizcarra, de 57 años, está en manos de la jueza María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios. Esa misma jueza le dictó en noviembre una orden cautelar de impedimento de salida del país hasta mayo de 2022.
Debido a la pandemia la audiencia se realiza por videoconferencia desde las 09H30 (14H30 GMT). La sesión puede extenderse durante varias horas. A ella asisten, además de la jueza, el fiscal del caso, Germán Juárez, Vizcarra -desde su domicilio- y su abogado Fernando Ugaz.
La Fiscalía solicitó la semana pasada cárcel preventiva por 18 meses bajo la presunción de que existe riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia, mientras avanza la investigación iniciada en octubre pasado.
Según la prensa local, el fiscal Juárez posee testimonios de hasta cinco personas que señalan haber intervenido en el pago de presuntas coimas a Vizcarra a cambio de obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014).
Los montos de los supuestos sobornos alcanzarían los 621.000 dólares, según medios locales.
Por este caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre en un juicio político relámpago, que desató violentas protestas que dejaron dos muertos y una crisis institucional mayúscula en plena pandemia. En el lapso de 10 días, Perú tuvo tres presidentes.
– Niega que buscará asilo –
El exmandatario (2018-2020) ha negado dichos de la Fiscalía de que busque refugiarse en Bolivia, alegando ser víctima de un intento de sacarlo de carrera electoral en momentos en que postula a un escaño en las legislativas del 11 de abril por el partido Somos Perú.
“No ejerceré ante su embajada, ni ante ninguna otra, el derecho de asilo político”, aseguró Vizcarra en una carta dirigida al embajador boliviano en Lima, Carlos Aparicio, difundida el martes.
Vizcarra sostiene que coopera con las investigaciones, alegando las cinco veces que declaró ante el fiscal desde que se abrió el caso.
“Para una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la Fiscalía, los pasaportes los tiene la Fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso”, deslindó Vizcarra.
Vizcarra, muy popular en su gobierno por haber emprendido una cruzada contra la corrupción, uno de los males de Perú, es solo el más reciente de los dirigentes políticos del país envuelto en problemas legales.
Precisamente su antecesor, Kuczynski, de 82 años, cumple prisión preventiva por 36 meses en su domicilio desde abril de 2019 tras ser salpicado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.
La Fiscalía investiga por el caso Odebrecht además a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011). Este último se suicidó en 2019.
La candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), es otra procesada por el caso Odebrecht. El fiscal pidió 30 años de cárcel para ella, pero el juicio aún no se ha iniciado.
– Bajo sospecha –
Vizcarra está también en el ojo del “vacunagate” peruano, por haberse vacunado en secreto contra el covid-19 en octubre, meses antes del inicio de la campaña oficial de inmunización en el país.
Por ese caso el Congreso lo investiga junto a dos exministras del actual gobierno del presidente interino, Francisco Sagasti, que también se vacunaron antes de tiempo.
Los parlamentarios desean aprobar antes de las elecciones del 11 de abril una inhabilitación a Vizcarra para ejercer cargos públicos en los próximos 10 años, pero la opinión pública está dividida.
Según un reciente sondeo de Ipsos, un 50% está en desacuerdo con que el Congreso lo deje fuera de carrera, contra un 45% que respalda la sanción mientras un 5% se mantiene al margen del debate.