Después de analizar el deplorable estado en que también se encuentra la oposición, concluye el Dr Gil Yepes: “¿por qué empeñarse en darle jaque mate al Rey, como jugando ajedrez? … Así es muy difícil triunfar y, más aún, sostenerse. Sería pues preferible que consideremos jugar Wei Qi, ocupar espacios vacíos y, al final de un largo juego, el que ocupa más espacios gana”
Con el mayor respeto, discrepo de mi amigo. Propone que debemos participar en las elecciones y concentrarnos en “ocupar gobernaciones; en bloquear el avance de las Leyes inconstitucionales del Poder Popular que apuntan a la creación de una república parlamentaria comunal; en evitar la inconstitucionalidad de adelantar las elecciones de alcaldes; y en que el gobierno le ceda espacios en la economía al empresariado vendiendo parte o todas las acciones de las empresas del Estado que no producen sino pérdidas económicas y morales”.
La experiencia nos indica que nos enfrentamos a un adversario que no acepta el “fair play” ni respeta la Constitución. Cada vez que la oposición ha ganado unas elecciones, el régimen se las arregla para desconocer o alterar los resultados.
Ya en el 2007, la oposición había ganado el referendo a través del cual Chávez proponía una Constitución socialista. Obligado por los militares a reconocer la derrota, Chávez concluyó: “No retiro ni una sola coma de esta propuesta, esta propuesta sigue viva”. Y siguió adelante con su proyecto socialista como si nada hubiese ocurrido.
Muchos sostienen que el régimen abortó el triunfo de Henrique Capriles en el 2013. Lo más seguro es que quién sabe.
En las elecciones del 6 de diciembre del 2015 para la Asamblea Nacional, la oposición ganó limpia y abrumadoramente aquellas contienda. De inmediato, valiéndose del TSJ, el régimen desconoció el triunfo de 3 diputados del Estado Amazonas, para así robarles el control de las 2/3 partes de los escaños y por tanto la mayoría calificada. Después, el mismo TSJ declaró a la Asamblea en “desacato”, figura no aplicable conforme la Constitución.
Más aún, cuando la oposición cumplió a cabalidad con todos los requisitos legales para solicitar un referendo revocatorio contra Maduro en el 2016, el régimen primero alegó “firmas planas” para demorar el proceso y luego, en una impúdica decisión, Tibisay Lucena presidenta del CNE anunció la paralización del proceso, pese a que se habían recolectado más de 1,8 millones de firmas para solicitar el revocatorio (cínicamente alegando fraude), cuando la exigencia legal era de apenas 200.000 firmas.
Incluso en las elecciones para la Asamblea Constituyente celebradas en el 2017, la propia empresa Smarmatic, favorita del régimen a cargo del sistema de votación en Venezuela, denunció que hubo “manipulación del dato de participación” señalando una diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema de al menos un millón de electores. En adelante el CNE renegó de esa empresa recurriendo a otra más “amigable” y a equipos diseñados como “un traje a su medida”.
Los líderes opositores, como en el caso de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Julio Borges y tantos más, son acusados de cualquier cosa, los meten preso, los inhabilitan o los obligan a exiliarse. Cuando pierden una gobernación, nombran un “protector”. Por ejemplo, en las regionales del 15 de octubre de 2017, Nicolás Maduro, nombró a cuatro ex candidatos oficialistas a gobernadores que perdieron en las elecciones regionales como nuevos «protectores» de las entidades ganadas por la oposición, asignándoles el poder real.
El oficialismo no es democrático. Siempre avanza en sus objetivos de perpetuarse y adueñarse exhaustivamente el poder.
Como decía Churchill, “si olvidas el pasado, no tienes futuro”. El régimen no respeta resultados. Conscientes de ello y parafraseando a Shakespeare, muchos en el país se debaten entre votar o no votar, he ahí el dilema.
José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica
Este artìculo se publicó originalmente en Analítica el 23 de marzo de 2021