Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1,7 millones de euros (dos millones de dólares) de una editorial de libros de cocina con sede en Madrid por “asesoramiento energético”, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exjerarca fue el cabecilla de una red que ingresó comisiones millonarias de empresas a cambio de facilitar adjudicaciones de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). La trama camuflaba su actividad con servicios de consultoría.
Por JOAQUÍN GIL / JOSÉ MARÍA IRUJO / elpais.com
Alvarado percibió entre 2002 y 2012 una media anual de 175.000 euros (208.100 dólares) de la firma SIMPEI S. L. Una compañía dedicada a la edición de obras como 100 postres riquísimos: de Latinoamérica a tu mesa. El último ejercicio que esta empresa declaró sus cuentas (2013), tenía dos empleados y unas pérdidas de 8.155 euros (9.736 dólares), según el registro mercantil.
Durante el periodo que facturó a la editorial madrileña, Alvarado ocupó cargos ejecutivos en empresas energéticas públicas venezolanas. Así, dirigió hasta 2006 PDVSA Occidente y presidió el Instituto Venezolano para el Petróleo, una filial de investigación de la petrolera. Entre 2007 y 2010, fue director de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y viceministro de Energía Eléctrica y Petróleo del Ejecutivo de Chávez.
El vínculo profesional entre SIMPEI S. L. y Alvarado, que se presenta en su currículum como “ingeniero electricista”, se recoge en un documento de septiembre de 2012. El administrador único de la editorial, Enrique Prieto Herrera, reconoce en este escrito haber pagado una media de 175.000 euros (208.100 dólares) anuales durante una década al exviceministro. “Durante estos años, [Alvarado] ha realizado labores de consultor en materia de energía y petróleo, medio ambiente, energías alternativas y comercialización de productos eléctricos”, sostiene el editor de Entradas y guisos.
EL PAÍS contactó el pasado febrero con un exempleado de SIMPEI S.L. que calificó de “incomprensible” la relación de la editorial con el exjerarca chavista. Y explicó que esta empresa, creada en 1994 y dedicada a elaborar por encargo libros sobre cocina latinoamericana, llegó a tener 10 empleados en 2010, cuando inició su declive.
Este periódico no ha podido recabar la versión del responsable de la editorial madrileña, que aparece vinculado en el registro mercantil a 13 cargos en 13 sociedades. Y tampoco ha podido conseguir que Alvarado respondiera a un cuestionario remitido a su letrado, Antonio Catalá.
El exviceministro rechazó el pasado enero la conexión entre su millonario patrimonio y el saqueo de PDVSA. Y relacionó su fortuna con “una actividad profesional en el área de energía y medio ambiente”. Justificó el uso de paraísos fiscales como una vía para blindar su patrimonio de las convulsiones financieras de Venezuela.
Y es que, a través de un laberíntico entramado societario, Alvarado adquirió inmuebles en Cartagena de Indias (Colombia), Madrid y Miami, y desvió 12,4 millones de euros a Suiza, Luxemburgo y Dominica, según una investigación de este periódico.
Según el que fuera viceministro de Energía: “La utilización de paraísos fiscales en el Caribe por parte de ciudadanos venezolanos fue muy común, debido a la ley de ilícitos cambiarios promulgada por el Gobierno de Hugo Chávez en 2006. Según esta ley, todo venezolano portador de más de 10.000 dólares podría ser procesado y condenado en Venezuela a pena de prisión de hasta 5 años”.
Alvarado integró una red que percibía un 10% de comisión por cada adjudicación de PDVSA concedida a una firma extranjera. El grupo ingresó 176,5 millones de euros (200 millones de dólares) de cinco compañías chinas agraciadas con contratos públicos en Venezuela. La organización camuflaba sus ingresos bajo supuestos servicios de consultoría empresarial.
Junto a su procesamiento por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en Andorra, donde también está encausado el exministro de Energía chavista Nervis Villalobos, Alvarado está siendo investigado en España y EE UU. El exjerarca fue arrestado en Madrid en 2019 a petición de un juzgado de Texas, que le reclamó por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo en un caso de corrupción de más de 42 millones de euros relacionado con la eléctrica venezolana. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó su extradición a EE UU al entender que la causa se estaba investigando en España tras una querella de PDVSA.
Alvarado suma además otro frente judicial en España, donde la Audiencia Nacional le investiga desde 2017 por el supuesto cobro de comisiones en una causa que indaga los contratos de la empresa asturiana Duro Felguera.
El exjerarca escondió su botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde manejó cinco cuentas y cuatro sociedades instrumentales que percibieron 46,5 millones de euros. Uno de sus depósitos andorranos se abrió en julio de 2008, cuando el dirigente todavía formaba parte del Ejecutivo de Chávez.
El exmandatario anunció al banco andorrano que solo una de sus sociedades, la firma panameña Treviso International Foundation, figuraría como titular de una cuenta donde planeaba depositar 25,1 millones de euros, según un informe de la Policía de Andorra de 2019.
La BPA fue intervenida en marzo de 2015 por blanquear presuntamente fondos de grupos criminales como Odebrecht, la constructora brasileña que perpetró la mayor trama de sobornos de América. El banco también acogió las fortunas inconfesables de dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que ocultó un millón; o Sylvana Beltrones, hija del que fuera hasta 2016 presidente de la formación priista, Manlio Fabio Beltrones.