El cambio en los productos químicos usados para fabricar drogas sintéticas, como el fósforo rojo y otros precursores de la anfetamina y metanfetamina, y su venta en la web oscura, plantean desafíos para los fiscales europeos, que se encuentran ante vacíos legales y casos “engorrosos” que complican un proceso judicial a los narcotraficantes.
En un informe publicado este lunes por Eurojust, esta agencia europea de coordinación judicial, con sede en La Haya, alerta de un “marcado aumento” de la producción de drogas sintéticas como la anfetamina y la metanfetamina en la Unión Europea (UE) que representa “desafíos cada vez más grandes para los fiscales de toda Europa”.
Los productores de las sustancias alternativas suelen operar de manera “más individual y horizontal”, sin formar parte de una estructura jerárquica típica de las redes de tráfico de drogas, y la venta y distribución de estas drogas se organiza cada vez más a través de los mercados en la red, especialmente en la web oscura, lo que genera “nuevos desafíos en la detección del modus operandi de los delitos penales”.
El tráfico ilícito de drogas en la UE está “creciendo con fuerza en general”, con un valor estimado de 30.000 millones de euros, señala la agencia, que describe los casos complejos de tráfico transfronterizo remitidos a Eurojust entre enero de 2017 y diciembre de 2020, y que muestra que el número total de casos abiertos “casi se duplicó” entre 2016 y 2020, con las drogas sintéticas y otras nuevas ocupando casi un tercio del total.
Este fenómeno se ha disparado debido a la pandemia de la covid-19, con los grupos del crimen organizado “adaptándose rápidamente a un entorno en línea, utilizando canales de comunicación seguros, teléfonos encriptados, criptomonedas y mercados de redes oscuras”, al igual que los clientes también se están trasladando al mundo digital, pagando en monedas virtuales y recibiendo la entrega por paquete postal en un buzón anónimo.
Todos estos desarrollos, sumados al cambio rápido en la composición de los químicos (como el fósforo rojo y alfa-fenilacetoacetamida o APAA), los narcos “intentan aprovechar los vacíos legales y evitar un procesamiento”, lo que hace que, “debido a las incertidumbres legales, a menudo sea difícil probar que los proveedores están vendiendo de forma deliberada drogas o sustancias ilegales”.
“SUSTANCIAS DE ABUSO”
Los fiscales europeos se enfrentan al reto de demostrar que los productores utilizan conscientemente ciertas cantidades ilegales e incluso legales de precursores para estos narcóticos, las llamadas “nuevas sustancias psicoactivas (NSP).
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) define las NSP como “sustancias de abuso, ya sea en forma pura o en preparado, que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública”.
“Es difícil establecer las cantidades utilizadas para determinadas sustancias y su composición se modifica ligeramente con regularidad. Los proveedores de drogas sintéticas siguen estrictamente la legislación nacional y utilizan pequeñas modificaciones para crear una NSP, aprovechando los vacíos legales para evitar procesamientos”, subraya Eurojust.
Las regulaciones del uso de las NSP y otros precursores varían de un país a otro en la UE, “ya que aún no se ha implementado ninguna armonización” legal, lo que hace que las investigaciones transfronterizas “sigan siendo engorrosas porque algunos países tienen regulaciones en leyes penales o de narcóticos, y otros solo aplican regulaciones administrativas, creando problemas para llevar los casos ante la justicia”.
Filippo Spiezia, presidente del equipo de lucha contra el tráfico, subrayó que Eurojust está “plenamente comprometida a hacer frente a este tipo de delitos del estilo ‘pulpo’, que amenazan tanto la salud pública como a los ciudadanos, la seguridad y el tejido económico de la sociedad” por su beneficio de las actividades delictivas.
La Agencia recuerda que el “impacto general” del narcotráfico tiene “consecuencias dramáticas en las sociedades”, en la salud, la economía, y otros sectores tanto directa como indirectamente, además de su efecto sobre las autoridades policiales y judiciales de la UE, que “se encuentran abrumadas por el fuerte aumento de casos”.
Las organizaciones que operan en Europa, alerta Eurojust, se benefician “de las fronteras abiertas y se aprovechan de la complejidad de los diferentes marcos legales” en la UE para funcionar y moverse con cierta libertad por la zona comunitaria, también en plena pandemia.
EFE