La OEA expresó el jueves su “extrema preocupación” por la reciente elección en Nicaragua de autoridades electorales afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y por la aprobación de reformas electorales que “claramente dan ventaja” a ese partido en las elecciones de noviembre próximo.
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
En un comunicado emitido desde su sede en Washington, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos cuestionó la decisión del Parlamento nicaragüense, dominado por el FSLN, de nombrar el pasado martes a figuras ligadas a ese partido en la mayoría de los 10 cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Comunicado de la Secretaría General de la #OEA sobre elección de magistrados del CSE y reforma electoral en #Nicaragua
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— OEA (@OEA_oficial) May 6, 2021
La nueva directiva del tribunal (siete magistrados titulares y tres suplentes) fue juramentada este mismo jueves por el Legislativo en Managua. Entre los 10 directivos, fueron reelegidos los sandinistas Lumberto Campbell y Mayra Salinas.
La elección de magistrados “afines al partido oficial consolida la concentración del poder del FSLN en todos los cuatro poderes del Estado” y “no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente y con condiciones de transparencia a sus gobernantes”, advirtió el comunicado de la OEA.
También el martes, el Parlamento aprobó por amplia mayoría una serie de reformas a la Ley Electoral que inhiben la participación de candidatos opositores y anulan la observación electoral en los comicios presidenciales y legislativos del 7 de noviembre.
“La elección del nuevo CSE y la reforma aprobada por el Poder Legislativo, con el apoyo de diputados del partido oficial y otros diputados, erosiona, en lugar de fortalecer, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población”, señaló la OEA.
Consideró que ambas medidas “claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo”.
“Esta reciente elección y aprobación de reforma electoral pone en evidencia la falta de voluntad del régimen – así como de algunas fuerzas políticas – de tomar acciones en pro de la democracia y de la expansión de derechos políticos y civiles de la población nicaragüense”, insistió el informe.