En 2017, la Corte Constitucional de Colombia determinó que hay una vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de las niñas wayuu en La Guajira y emitió una serie de órdenes estructurales para avanzar en su superación.
Por EL TIEMPO
Ante la falta de avances al respecto, el alto tribunal decidió asumir la vigilancia del cumplimiento del fallo y citó a una sesión técnica para verificar qué se ha hecho desde entonces.
La sesión se realizará de forma virtual el próximo 4 de junio. La idea es hacer seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 en la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto a los derechos a la salud, al agua potable, a
la alimentación, a la seguridad alimentaria de la comunidad wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La sesión fue citada mediante auto 042 de 2021 por la Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte que decidió asumir la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia, luego de encontrar que a no existe un plan de acción para cumplir con el fallo.
“La Sala precisa que ninguno de los documentos con los que cuenta permite aseverar que el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas haya sido conformado y que se encuentre en funcionamiento. Es más, las comunidades indígenas y la Veeduría Ciudadana han reclamado su participación en el cumplimiento del fallo, lo que da a entender que en ningún momento se les ha convocado y que aquel diálogo que buscó generar la Corte con su decisión no ha contado con la repercusión suficiente para que este escenario se active”, dijo la Corte.
La Sala dijo que ese Mecanismo, como cuerpo colegiado, es vital para la formulación, ejecución y evaluación de la política pública y que se relaciona con el avance de cuatro indicadores básicos de alimentación infantil, sobre los que para marzo de 2019 no habían llegado a los niveles mínimos que se fijaron a partir de las metas nacionales oficiales.
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