Desde la llegada del chavismo al poder, Venezuela se ha visto fuertemente golpeada por la crisis social, política, humanitaria, sanitaria y económica que arropa al país.
Por Ana Guaita Barreto / LaPatilla.com
En el año 2020 se sumó una nueva crisis que empeoró la gravedad de las ya existentes: El coronavirus.
La situación vinculada a esta crisis se ha agravado durante los últimos meses debido a una inexistente política eficaz para atacar la pandemia por parte del régimen de Maduro.
Según los datos publicados por la dictadura, en el país se han reportado dos mil 300 muertes asociadas a Covid-19, siendo 13 de ellas los decesos aceptados por el régimen el pasado 10 de mayo.
Sin embargo, en contraste con estas cifras, la Organización No Gubernamental, Médicos Unidos por Venezuela publicó el pasado 5 de mayo, su último reporte donde informaron que la cifra de fallecidos en el sector salud aumentó a 537, lo que sitúa al país como la región con mayor tasa de mortalidad de personal de salud.
Reporte #4May Se recibe información de 15 nuevos fallecimientos de personal del sector salud con criterios para Covid-19, para llegar a 537, mientras voceros oficiales reportan 2208 fallecidos totales en el país.
El país se queda sin personal sanitario y esto parece no importar. pic.twitter.com/jYIZlwTYI2
— Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) May 5, 2021
Frente a esta situación, los diputados de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por el mandatario interino Juan Guaidó, llevaron a cabo un debate sobre la crisis de Covid-19 en el país y las pocas alternativas de vacunación que tienen los ciudadanos en Venezuela por la irresponsabilidad del régimen de Nicolás Maduro.
Durante esta sesión de la Comisión Delegada del Parlamento, el diputado a la legítima Asamblea Nacional, en representación de la comunidad indígena de Zulia, Mérida y Trujillo, Virgilio Ferrer, condenó las actuaciones del régimen frente a la pandemia y afirmó que “en el Hospital Universitario de Maracaibo murieron 39 zulianos”, en solo un día; lo cual deja también en evidencia que los números que publica el gobierno están siendo manipulados, como si se tratase de un juego.
El diputado Ferrer también cuestionó la deplorable situación que atraviesa el Hospital de Maracaibo, donde los fallecidos por Covid-19 son arrastrados por las escaleras del recinto hospitalario por la falta de camillas.
Sin embargo, este no es el único hospital que sufre por falta de insumos, la mayoría de los hospitales del país están trabajando en condiciones paupérrimas y el caso del Periférico de Pariata es otro vivo ejemplo de ello.
Los pacientes deben llevar desde el algodón que se utilizará para aplicar una inyección, hasta el saturómetro con el que se podrá medir la cantidad de oxígeno en la sangre. Esa es la verdadera cara del Covid-19 en los hospitales de Vargas y el país entero.
¿Y las vacunas?
El ministro chavista de Exteriores, Jorge Arreaza, el pasado 7 de abril, se escudó tras las sanciones económicas internacionales y afirmó que “si Venezuela no tuviera sus recursos bloqueados [en el extranjero], hubiésemos comprado hace tres meses las 30 millones de vacunas que le hacen falta al país”.
En contraste con esta afirmación, el pasado lunes 3 de mayo, el régimen de Nicolás Maduro anunció a través del canal VTV la llegada de un sexto cargamento de vacunas Sputnik V a Venezuela, sin embargo este número solo significa la vacunación de 800 mil personas, lo que representa el 2,8% de la población venezolana.
Dentro de ese 2,8% de la población que ha accedido -o podrá acceder- a la vacuna rusa, se encuentra Maduro y toda su comitiva y en muy pequeña escala algunos trabajadores de la salud y personal de seguridad del país.
Viendo esta realidad, Fedecámaras presentó una propuesta para vacunación masiva en Venezuela, y como era de esperarse el régimen la rechazó.
Ocurrió lo mismo con la legítima Asamblea Nacional, cuando aprobaron los recursos para acceder al mecanismo Covax, sin embargo la dictadura puso algunas condiciones mientras negaba el ingreso de las vacunas.
Y no solo las organizaciones constituidas formalmente han exigido al régimen el ingreso de las vacunas al país, los ciudadanos venezolanos también se manifestaron el pasado 17 de abril frente a la sede del Pnud para exigirle al régimen el ingreso de las vacunas que le hace falta al país.
Los venezolanos no solo se ven golpeados por las distintas crisis presentes en el país, la práctica inescrupulosa de algunos venezolanos se ha vuelto “normal” y es que comenzaron a hacerse virales algunas evidencias de ventas de vacunas en pleno Hospital Militar en Caracas.
Régimen incompetente
El diputado por el estado Falcón, Ricardo Aponte explicó durante la sesión parlamentaria que “la absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano producto de la incapacidad e impericia del régimen, ha agudizado la crisis de salud en esta segunda ola del Covid-19”.
Y no hay nada más alejado de la realidad. Mientras los contagios aumentan en las distintas entidades del país y la cifra de fallecidos sube como la espuma, al régimen le ha importado poco la vida y salud de los ciudadanos
La evidencia de ello es que el pasado lunes 10 de mayo, la dictadura decidió reabrir las playas de La Guaira pese al fuerte aumento de contagios por coronavirus y las terribles condiciones en las que se encuentran los hospitales de la región.
Y es esa actitud de criminal e irresponsable del régimen la que ocasiona la pérdida de vidas de miles de venezolanos vulnerables ante la pandemia.
La diputada por el estado Carabobo, Deyalitza Aray recordó que “se ve en los portales oficiales y en las declaraciones como se intenta desviar la realidad argumentando que se está atendiendo, que se detuvo la segunda ola, cuando en Venezuela ni siquiera hemos comenzado el primer despliegue general”.
Del mismo modo, la diputada Dinorah Figuera reafirmó que “la legítima Asamblea Nacional cumplió, que cumpla el régimen a través de lo que es la mesa utilizada para el mecanismo COVAX y que asuma con responsabilidad la compra de medicamentos relativos a la vacunación del Covid-19”.
Pareciera ser una práctica de los gobiernos socialistas: No invertir en la salud de sus ciudadanos, como lo hacen los gobiernos capitalistas, pero luego esperar de ellos la donación de sus recursos excedentes.