El Departamento de Justicia ha comenzado una revisión interna para determinar cómo expulsar a cualquier extremista de la aplicación de la ley federal luego del arresto de oficiales de policía actuales y anteriores por su participación en el ataque del 6 de enero al Capitolio, dijo el miércoles el fiscal general Merrick Garland.
Por: Click Orlando
Garland, en respuesta a una pregunta durante una audiencia en el Senado sobre extremismo doméstico, describió una revisión que estaba en sus primeras etapas y se complica por la necesidad de evitar violar los derechos de la Primera Enmienda de los empleados del Departamento de Justicia.
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, “se ha reunido con los jefes de todas nuestras agencias de aplicación de la ley para determinar cómo podemos examinar cuidadosamente a nuestros propios empleados”, dijo al Comité de Asignaciones del Senado.
Fue una revelación notable considerando que el Departamento de Justicia está encargado de hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles y supervisa al FBI, que es la agencia principal a cargo de investigar la creciente amenaza que representan los extremistas domésticos violentos.
También es un terreno legal potencialmente delicado debido al riesgo de intrusión en las creencias personales que están protegidas por la Constitución.
Garland describió esos intereses en competencia como “teniendo en cuenta los derechos de asociación libre de la Primera Enmienda, pero al mismo tiempo teniendo cuidado de que no tengamos personas en nuestras filas que cometan actos delictivos o que no puedan cumplir con sus deberes”.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el mes pasado una revisión similar destinada a determinar el alcance de la presencia de extremistas violentos dentro de sus filas. El secretario Alejandro Mayorkas, quien también testificó en la audiencia del miércoles sobre la amenaza del extremismo, dijo al comité que los resultados de ese análisis se darían a conocer públicamente.
La divulgación del fiscal general de una revisión interna se produjo en respuesta a una pregunta del senador de Illinois Dick Durbin sobre el arresto de un oficial retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Thomas Webster, en el ataque del 6 de enero al Capitolio en el que partidarios del presidente Donald Trump buscó obligar al Congreso a revocar los resultados de las elecciones de noviembre.
Webster, quien fue capturado en video abordando a un oficial de policía y golpeándolo con un asta de bandera de metal, fue acusado de seis cargos.
Durbin dijo que el arresto de Webster plantea una pregunta “dolorosa”: si hay otras personas en las fuerzas del orden público estatales, locales o federales que podrían ser capaces de un comportamiento extremista.
Garland sugirió que se podrían otorgar subvenciones federales a los departamentos de policía locales y estatales para ayudarlos a investigar a los posibles agentes.
También durante la audiencia, describió la investigación más amplia de la insurrección en el Capitolio, con alrededor de 400 arrestos hasta la fecha, tan lejos de ser completa como las autoridades revisan videos y otras pruebas.
“Esta investigación no ha terminado”, dijo. “Seguiremos cada pista hasta que estemos seguros de que habremos llegado al final”.
Al menos 10 de las personas acusadas de participar en la insurrección eran agentes de la ley actuales o anteriores en el momento de cometer los presuntos delitos.
Una encuesta de Associated Press de las agencias de aplicación de la ley en todo el país encontró que al menos 31 oficiales en 12 estados están siendo examinados por sus supervisores por su comportamiento en Washington, ya sea en el motín mismo o en la marcha y protesta que lo precedieron.
Los funcionarios están investigando si los oficiales violaron alguna ley o política o participaron en la violencia.