Las violaciones del régimen de Nicolás Maduro a los derechos humanos son ya inocultables. La ONU y la OEA han presentado demoledores informes que dan cuenta de la maquinara chavista para reprimir, torturar, encarcelar y censurar opositores, y después de mucho luchar, por fin la Corte Internacional con sede en La Haya se prepara para investigar los presuntos delitos cometidos en Venezuela.
Por Infobae
En este contexto, asediado, Maduro comenzó a maquillar su dictadura trasladando de manera secreta a los presos políticos a cárceles comunes.
La prestigiosa ONG Foro Penal señala que los traslados irregulares comenzaron hace meses y siempre se concretan a espaldas de los familiares, defensores y hasta de los tribunales, violentando lo establecido en normas vigentes. Desde la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) ya se habían producido 17 una semana antes de la publicación de la gaceta con la instrucción.
Buscan desalojar particularmente las sedes del servicio de inteligencia y, con urgencia, de la DGCIM , un lugar que ha sido calificado como centro de torturas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y por la Misión de Verificación de Hechos comisionada por la ONU.
“Cambiarlos de un centro de reclusión a otro no significa que dejan de ser presos políticos”, explicó a La Razón Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano. La organización lleva un registro exhaustivo de presos políticos con actualización permanente. Hasta el 25 de mayo, la lista sumaba 301 nombres de personas encerradas en todo el país, incluyendo 127 militares y una infinidad de víctimas de detenciones arbitrarias que no han tenido derecho a la defensa, acceso a abogados o un juicio.
Ya van unos 60 traslados desde la sede de la DGCIM en Caracas hacia cárceles dependientes del Ministerio de Servicios Penitenciarios. “Aún quedaban 34 presos. La orden “de arriba” era desalojar el sitio antes del lunes 31?, revela el diario.
“Los están sacando de sitios donde están muy mal a otros donde van a seguir en muy malas condiciones. En Venezuela no hay ni una sola prisión que cumpla a cabalidad con las Reglas Mandela, que son las mínimas para el tratamiento de reclusos según estándares internacionales”, acusa Himiob.
“No sabemos dónde está nuestro hijo”, cuenta desesperado el padre del teniente Franklin Caldera, secuestrado por funcionarios de Maduro durante la insurrección militar de 2019. Llevan una semana sin saber nada de él.
Marco Garcés fue trasladado sorpresivamente a la cárcel Yare III, ubicada a las afueras de Caracas. “No sabemos si se pudo llevar sus cosas, en qué condición está, ni si está con presos comunes o políticos. Solo sabemos que debemos llevarle ropa azul”, cuenta su madre Yurayma Carapaica. Azul, para cumplir con el nuevo uniforme.
Garcés, de 24 años y con nacionalidad portuguesa, fue apresado en septiembre pasado acusado de ser un supuesto cómplice de un estadounidense señalado de ser un espía. Pero las irregularidades del caso abundan, comenzando por la siembra de evidencias que denuncian sus familiares. Durante los primeros días fue golpeado, torturado y privado de alimentos.
La suerte de Ivón Finol, que fue llevada de la DGCIM al penal femenino INOF a finales de abril no es distinta a la de Garcés. “La tienen en un cochinero, hacen sus necesidades en una bolsa, está todo sucio allí”. Por ahora Ivón permanece con otras mujeres que ya conocía de la DGCIM, pero tenía la información de que sería mezclada con presas comunes”, revelaKeyner, su hermano.
Para Gonzao Himiob, el objetivo de estas medidas no podrá ser cumplido. “Estas decisiones no significan un borrón y cuenta nueva. Los crímenes que ya se cometieron y la cadena de mando, siguen estando allí”.