La Administración Biden ha encargado a seis grupos humanitarios que recomienden a qué migrantes se les debe permitir ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo, ya que enfrenta una creciente presión para levantar las reglas de salud pública que han impedido a las personas buscar protección.
El consorcio de grupos está determinando quién es más vulnerable de los que esperan en México para ingresar a Estados Unidos, y los criterios que están utilizando no se han hecho públicos. Se produce cuando un gran número de migrantes está cruzando la frontera sur y el Gobierno los ha estado expulsando rápidamente del país bajo una orden de salud pública reutilizada por el expresidente Donald Trump y mantenida por el presidente, Joe Biden, durante la pandemia de coronavirus.
Varios miembros del consorcio revelaron detalles sobre el nuevo sistema a la agencia de noticias The Associated Press.
El Gobierno tiene como objetivo admitir hasta 250 solicitantes de asilo por día que son referidos por los grupos, aceptando ese sistema solo hasta el 31 de julio. Para entonces, el consorcio espera que la Administración Biden haya levantado las reglas de salud pública conocida como título 42, aunque el Gobierno no se ha comprometido con eso.
Hasta ahora, casi 800 solicitantes de asilo han ingresado al país desde el 3 de mayo, y los miembros del consorcio dicen que ya hay más demanda de la que pueden satisfacer.
Los grupos no han sido identificados públicamente a excepción del Comité Internacional de Rescate, una organización global de ayuda. Los otros son Save the Children, con sede en Londres; dos organizaciones con sede en EE. UU., HIAS y Kids in Need of Defense; y dos organizaciones con sede en México, Asylum Access y el Instituto de Mujeres en Migración, según dos personas con conocimiento directo que hablaron bajo condición de anonimato porque la información no estaba destinada a la divulgación pública.
Asylum Access, que brinda servicios a las personas que buscan asilo en México, caracterizó su papel como mínimo.
El esfuerzo comenzó en la frontera de El Paso, Texas, y se está expandiendo a Nogales, Arizona.
Un sistema similar pero diferente liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) comenzó a finales de marzo y permite que 35 familias ingresen por día a Estados Unidos en lugares a lo largo de la frontera. No tiene fecha de finalización.
Las organizaciones participantes describen las dos vías como una transición imperfecta de la llamada autoridad del Título 42, nombrada así por una sección de una oscura ley de salud pública de 1944 que Trump usó en marzo de 2020 para poner fin de manera efectiva al asilo en la frontera mexicana.
Con el aumento de las tasas de vacunación de COVID-19, Biden tiene dificultades para justificar las expulsiones por motivos de salud pública y enfrenta demandas de la agencia de refugiados de la ONU y de miembros de su propio partido y Administración para poner fin a ellas.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que está en “estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México” para identificar a las personas vulnerables y que tiene la última palabra sobre quién ingresa. La agencia describió su trabajo con los grupos como fluido.
Los críticos de los nuevos procesos de selección dicen que se confiere demasiado poder a un pequeño número de organizaciones y que los esfuerzos no son públicos ni hay una explicación clara de cómo se eligieron estos grupos. Los críticos también aseguran que no hay garantías de que los migrantes más vulnerables o merecedores sean elegidos para solicitar asilo.
El consorcio se formó después de que el Gobierno de Estados Unidos le pidió a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México los nombres de organizaciones con gran experiencia y capacidad en ese país, dijo Sibylla Brodzinsky, portavoz de la oficina de la ONU.
“Hemos tenido una larga relación con ellos y son socios de confianza”, aseguró.
Los grupos afirman que simplemente están agilizando el proceso, pero que los casos de migrantes vulnerables pueden provenir de cualquier parte y explican que no los han identificado por razones de seguridad.
“Ahora me siento en paz”
Susana Coreas, que huyó de El Salvador, es una de las personas identificadas como vulnerables y a las que se les permitió entrar en Estados Unidos el mes pasado. Coreas pasó más de un año en Ciudad Juárez a la espera de solicitar asilo, pero la orden de EE.UU. de salud pública se lo impidió.
Ella y otras mujeres transgénero reformaron un hotel abandonado para tener un lugar seguro donde alojarse tras sentirse incómodas en varios refugios de la dura ciudad mexicana y de obtener ayuda del Comité Internacional de Rescate.
Los problemas no pararon. A una mujer transgénero le apuntaron con un cuchillo. A otra le apuntaron con una pistola. “Había mucha ansiedad”, dijo Coreas. “Ahora me siento en paz”, señaló.