Desde aquel 19 de febrero de 2015, día en que Antonio Ledezma fue secuestrado por los grupos policiales que procedían siguiendo las órdenes de Nicolás Maduro, dediqué todo mi esfuerzo a abogar por la libertad de todos los presos políticos de Venezuela. Nuestra lucha fue amplia, así me lo pidió Antonio, argumentando que era necesario hacer escuchar los reclamos de todos los familiares de los centenares de perseguidos políticos en nuestro país. Decía, con su inconfundible talante solidario, que habían muchos seres humanos sin posibilidades de hacer valer sus derechos humanos violentados flagrantemente por los entes tribunalicios que sentenciaban acatando simplemente una señal de los jerarcas del régimen al que le servían abyectamente.
No hubo instancia internacional a la que no acudiéramos para ofrecer detalles de los procedimientos convertidos en patrones de conductas de una satrapía que apresaba, torturaba y mataba a las personas que les resultaba incomodas. Esa tragedia no ha terminado, desgraciadamente, sino que continúa, tal como consta en los informes elaborados por los expertos en evaluar esos crímenes de lesa humanidad. Fue así como de tribuna en tribuna, de foro en foro, de la OEA a la ONU y del Parlamento Europeo a la Haya, se iba configurando una denuncia documentada que está dando sus frutos para satisfacer el reclamo de justicia que, en primer orden, anhelan los familiares de las víctimas, contando siempre con el respaldo solidario de la inmensa mayoría de los venezolanos y una comunidad internacional que no ha dejado de considerar esos hechos tan viles.
Uno de los grandes logros es la activación de la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), respecto de las presuntas violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que a finales del año pasado la Fiscal Fatou Bensouda determinó en su informe anual que “efectivamente sí existen fundamentos razonables para suponer que se cometieron crímenes de lesa humanidad”. Lo cierto es que el proceso está avanzando y para finales de junio deben estar concluidas las pesquisas correspondientes. El próximo 15 de junio expira el mandato de la Fiscal Bensouda, quien dará paso a su homólogo británico, Karim Khan, a quien se le tiene como un acreditado abogado en la disciplina criminalística, conocedor a fondo de la materia, con una visión muy amplia y global de lo que significan los derechos humanos y desde ya informado de la tragedia venezolana.
Es más que evidente que Maduro y su alto mando están preocupados porque saben las consecuencias que se derivarán de un inminente fallo de la Corte Penal Internacional. Por eso en las últimas semanas se activó un plan desde la Fiscalía usurpada que le sirve a los intereses de Maduro, con la finalidad de aparentar que “en Venezuela funcionan las instancias que están procesando los delitos cometidos”, cosa que es absolutamente falsa y de eso hay pruebas más que suficientes. Los alegatos de los espadachines de Maduro están plagados de incongruencias y debilidades jurídicas, por lo que es de suponer que no prosperarán en esa instancia internacional.
Sin embargo, no hay que descuidarse con esos personajes que deambulan por el mundo con la creencia infundada de que todo lo pueden comprar. Hay que estar ojo avizor, hay que continuar haciendo las diligencias, en equipo y con alto sentido de responsabilidad, tal como se ha venido actuando hasta la fecha para que esos delitos no queden impunes.