Aunque hay testigos que declararon que quien disparó, el 9 de junio de 2011, contra el obrero Renny Rojas, fue Héctor Maicán, directivo sindical y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), detuvieron a Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, lo imputaron, lo trasladaron a una celda a 700 kilómetros de su casa, lo mantuvieron preso sin juicio durante 10 años, presionado a declararse culpable; hace unos días, ante la exigencia de diversos grupos sindicales y organizaciones internacionales, el juez Pablo José Vicentelli Puertas, a solicitud del fiscal Regino Antonio Cova Rojas, lo sentenció a 15 años.
Por Infobae
La reacción no se hizo esperar. Diversos dirigentes sindicales, organizaciones nacionales e internacionales y dirigentes políticos, reclamaron airados la condena, más aún porque no se consideró a los testigos ni las cámaras que cubrían la asamblea de Ferrominera donde sucedió el asesinato.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó a Rodney Álvarez en las solicitudes de libertad inmediata de trabajadores detenidos en forma arbitraria. Por otra parte, la comisión para Venezuela de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, admitió su caso y por ello le envió correspondencia al gobierno venezolano.
Rodney Álvarez fue advertido, el año pasado, por un funcionario del Tribunal: “Nosotros estamos claro que tú eres inocente, que el asesino es Maican, pero la orden es que tú asumas los cargos y nosotros inmediatamente te damos un beneficio de libertad condicional bajo presentación, ya te falta poco, ya con ocho años que llevas, solo quedarás bajo presentación. De lo contrario te pudrirás aquí”.
El Comité de Solidaridad con los Obreros Perseguidos en Venezuela subrayó: “En horas de la tarde de ayer 8 de junio de 2021 nos enteramos que la dictadura criminal de Nicolás Maduro en Venezuela sentenció a 15 años de prisión a Rodney Álvarez. Esta sentencia se produce a solo días de que la OIT se haya pronunciado, por segundo año consecutivo, por la libertad de Rodney, quien ya lleva 10 años detenido, sin prueba alguna, con un juicio que se ha reiniciado en 9 ocasiones, con largas listas puestas por el gobierno para ralentizar el juicio, con amenazas y atentados contra el propio Rodney, entre muchas otras irregularidades”.
“Recordemos que a Rodney se le imputa el crimen de asesinar a Renny Rojas en 2011 cuando el realidad ese crimen fue cometido por Héctor Maicán, sicario sindical del PSUV que respondía al gobernador Rangel Gómez y al burócrata sindical Alfredo Spooner. Ese crimen, se produjo para evitar que se realice una asamblea en la cual se iban a elegir las autoridades electorales para las próximas elecciones sindicales en las que Rubén González, sindicalista opositor, iba a renovar su mandato frente al gremio”.
Advierte la organización que el abogado principal, Luis Aguilera, se encuentra internado por COVID-19, “por lo que la sentencia se dio sin que Rodney se encuentre acompañado por su defensa jurídica. También, el gobierno criminal que lo tiene secuestrado desde hace 10 años, busca chantajearlo con la posibilidad de casa por cárcel a cambio de que acepte la condena y cumpla el resto de la pena de manera domiciliaria”.
“Lo dijimos muchas veces: el gobierno chavista es una maquinaria criminal contra la clase obrera venezolana. Lo sucedido con Rodney Álvarez, pero también con cientos de trabajadores, dirigentes sindicales, militantes sociales, que se encuentran detenidos, muchos de ellos sin condena ni prueba alguna, merece el mayor repudio por parte de las organizaciones revolucionarias de la clase obrera. Llamamos a todas ellas a pronunciarse por la libertad de Rodney y de todos los trabajadores detenidos”, finaliza diciendo el Comité de Solidaridad con los Obreros Perseguidos en Venezuela.
Protesta en Argentina
Más recientemente, la organización Razón y Revolución, manifestó su repudio a la condena ante la embajada de Venezuela en Buenos Aires, Argentina, que no tiene embajador desde que el presidente Alberto Fernández se negó a aceptar las credenciales de Stella Marina Lugo de Montilla.
En un artículo de Infobae suscrito por Román Lejtman, en enero del año pasado, se lee que “Stella Lugo es amiga personal de Nicolás Maduro, está acusada de facilitar operaciones de lavado de narcotraficantes caribeños, tiene prohibida la entrada al país por un decreto vigente y asegura que es la embajadora de Venezuela en la Argentina. Alberto Fernández rechazó su designación y a través del canciller Felipe Solá ya exigió que Lugo haga las valijas y regrese a Caracas. … mientras pasan los días, Lugo se mueve sin contratiempos por el país. Es más, asiste cotidianamente a la sede de la Embajada en Buenos Aires y ostenta un cargo que no tiene o que al menos no está sustentado en los papeles”.
El caso es que ante la embajada se presentó un nutrido grupo de dirigentes sindicales de Argentina, entre quienes estuvo Nicolás Grimaldi, y protestaron por considerar amañada la sentencia contra Rodney Álvarez, señalando que “lo que representa Maduro para la clase obrera: Maduro representa una dictadura burguesa”.
Fuertes señalamientos hicieron contra el régimen venezolano y los ataques contra la clase obreras venezolana que ni siquiera puede organizarse política ni sindicalmente. Grimaldi aseveró que en Venezuela hay cientos de trabajadores que han sido detenidos solo por un mensaje en redes sociales o por organizarse una protesta cívica.
La carta suscrita por los dirigentes sindicales fue recibida por Néstor Leonardo Ocando Díaz, uno de los tres primeros secretarios de la embajada en Argentina, quien ha estado junto a Lugo de Montilla desde que esta fue gobernadora en el estado Falcón, cargo que concluyó en medio de escandalosas denuncias de corrupción. Los otros secretarios son su hermano Noel Enrique Lugo Betancourt y José Jesús Jatar Díaz, quienes también fueron sus subalternos en dicha gobernación.
Ocurrido antes
Días antes en las audiencias que se venían realizando “se produjo un nuevo acto persecutorio por parte de la dictadura chavista. En la audiencia celebrada el jueves 15 de mayo, el juez que instruye en la causa le reprochó al defensor de Rodney, el Dr. Luis Aguilera, por haberlo acusado de cómplice a la Justicia en una entrevista brindada al Correo del Caroní”.
“Aguilera sostuvo en dicha entrevista que era parte del plan del gobierno para desgastar a Rodney y conseguir que acepte un defensor público que lo convenza de aceptar los cargos que le imputan. Esto se dio luego de que la Justicia no permita el ingreso de Aguilera a la sesión del 13 de marzo y de haber aceptado los testigos aportados por el Estado, pero que finalmente nunca se presentaron a declarar sirviendo solo para seguir dilatando el juicio”.
“En la audiencia del 15 de mayo, el juez desestimó a 5 testigos del Estado que no respondieron a los llamados en más de dos ocasiones en que se los intentó contactar. Por ese motivo, para la audiencia, que fue convocada para el jueves 27 de mayo, uno de los testigos es Alfredo Spooner, quien fue citado dos veces. Recordemos que Spooner tiene parte de la autoría intelectual de la causa armada contra Rodney Álvarez ya que era el candidato del chavismo para ser el Secretario General del sindicato de Ferrominera y contaba con el aval del presidente de la empresa, Radwan Sabbagh”.
“Rechazamos las intimidaciones sufridas por la defensa de Rodney y también que uno de sus autores intelectuales aparezca como parte de los testigos. Es inadmisible esta situación”, había denunciado en su momento el Comité de Solidaridad con los Obreros Perseguidos en Venezuela.