El alto representante para Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Josep Borrell, reconoció este martes que la Unión Europea debe “hacer más” en la lucha contra la desinformación, término pendiente aún por definir, y condición necesaria para imponer un régimen de sanciones contra los ciberatacantes.
“Hay que imponer un régimen de sanciones, pero tenemos que tener bien claro de qué manera lo implementamos, cómo definimos desinformación y cómo la medimos”, dijo el vicepresidente de la Comisión en un debate del Parlamento Europeo celebrado con los eurodiputados del comité sobre la Interferencia Extranjera en todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea (INGE).
El presidente de la comisión parlamentaria, el socialdemócrata Raphael Glucksmann, incidió en que la injerencia extranjera busca “dividir, corromper y debilitar” a una UE “ciega e ingenua” que “cree no tener enemigos”.
Sin embargo, Borrell señaló que la desinformación también puede ser fabricada en el interior de la sociedad europea, a la vez que recordó que “muchas soluciones políticas” se han tomado a través de una “intensa campaña de desinformación”, lo que, según él, es “una forma educada de decir ‘mentira'”.
En ese sentido, puso como ejemplo el Brexit, explicando que los argumentos de los principales detractores de la Unión, a quienes llamó “flautistas de Hamelin contando cuentos de hadas”, se construyeron sobre desinformaciones, lo que demuestra, según él, que este es un problema “sistemático”.
MÁS SANCIONES Y MAYOR COORDINACIÓN
“Luchar contra la desinformación, sustancialmente, es decidir cómo informar a la gente sobre lo que es cierto y lo que no lo es”, apuntó el exministro socialista español, quien asumió que dicha acción requiere “técnicos especializados, un control permanente y continuo y un contraste delicado”.
En contra, Glucksmann instó a Borrell a reforzar las acciones del club comunitario contra las injerencias, poner remedio a los “vacíos jurídicos” y “lagunas” que vuelven a la Unión “vulnerable” ante los ataques.
Durante el debate del pleno, los diputados españoles hicieron hincapié en la necesidad de reforzar las sanciones como medida para combatir la desinformación.
El legislador popular Javier Zarzalejos opinó que la Comisión Europea acertó al designar por su nombre a los países que “son el origen de las principales estrategias de desinformación” e instó a dar el paso a sancionar a los actores estatales o no estatales que buscan “desestabilizar la democracia e intoxicar el debate político”.
El socialista Juan Fernando López Aguilar coincidió en que las sanciones deben ser impuestas “de manera más eficaz” y propuso superar las limitaciones de la unanimidad en las votaciones por mayoría cualificada.
Por su parte, Maite Pagazaurtundúa, de Ciudadanos, denunció que las sanciones no afectan a sus Estados ni gobiernos: “No hay asignación de responsabilidad a ninguno de los países de la nacionalidad de los ciberatacantes, incluso en los casos demostrados de nacionalidades chinos, norcoreanos y rusos”.
Así, Borrell concluyó en lo importante que es “no dejar impune a quien desinforma” y señaló que la sanción política no es suficiente.
Sin embargo, avisó de que imponer un régimen de sanciones a los autores de las desinformaciones “no es tan fácil” como establecerlo para los violadores de los derechos humanos, puesto que manipular la información, hoy por hoy, no es ilegal, explicó.
Por ello, subrayó la importancia de encontrar el equilibrio entre la defensa del derecho a la verdad y la libertad de información.
Estas cuestiones, añadió, deben ser “cuidadosamente medidas” para asegurar la compatibilidad de los instrumentos puestos en marcha por la UE con la legalidad y el sistema democrático, reconociendo, además, que hay “una línea roja muy tenue” entre luchar contra la desinformación y limitar la capacidad de informar, lo cual, dijo, “no es la voluntad de la UE”.
Además, admitió la necesidad de una mejor coordinación entre la labor de la Comisión con la desinformación interna y la del Servicio Europeo de Acción Exterior en la externa, aunque advirtió de que la frontera entre ambos ámbitos es, a veces, “imposible de delimitar” en un mundo ciberconectado.
Y recalcó que “si los Estados miembros no se comprometen con sus propias capacidades, no hay forma de resolver el problema”.
EFE.