Los expertos recomiendan retomar la presencia del Estado en zonas empobrecidas. El vacío de poder fue ocupado por megabandas criminales.
No es común que en la hacienda de Francisco se conecten las llamadas de telefonía móvil. Situada en la frontera entre los estados orientales Monagas y Bolívar, la señal de telefonía es débil, casi nula, pero una tarde de mayo, escuchó sonar el timbre de su celular.
Por Carolina Alcalde y Adriana Núñez Rabascall | VOA
Lo llamaron por su nombre y apellido: “Somos una comisión de las FAES (Fuerza de Acciones Especiales). Necesitamos que nos des 9.700 dólares para tu protección. Sabemos que no te gusta pagar y te la das de bravo… Nosotros sabemos tu ubicación, quién es tu familia y los hijos que tienes”.
Al otro lado del teléfono, Francisco, casi paralizado respondía: “Hermano, yo puedo ayudarlos, pero no con tanto. Ustedes se equivocaron de persona. ¿De dónde saco yo esa plata? Puedo conseguirte algo, pero eso no”.
En las zonas agrícolas de Venezuela es habitual que los delincuentes extorsionen a los ganaderos con la excusa de garantizarles seguridad. Si pagan una suma mensual, no serán atacados por ellos ni por otras bandas, pero a Francisco la venta de reses apenas le da para mantener la casa donde vive y a uno de sus tres hijos.
El hombre que se identificaba como oficial le dio dos horas para reunir la cifra. De inmediato, Francisco llamó a un par de parientes que habían vivido la misma situación, un mes atrás. Le aclararon que se trataba de reclusos de la prisión de El Rodeo, en el estado Miranda. Que apagara el móvil y no contestara más. Y así lo hizo.
Francisco continuaba aterrorizado, pensando en la suerte de su familia y en la suya. Por tres días no salió de su finca, pero temía que en cualquier momento el hombre que lo había llamado llegara a exigir lo que pidió. Cualquier sonido de motor lo alarmaba, sin embargo, no pasó a mayores.
Una semana después, encendió nuevamente el teléfono para comunicarse con otros colegas, trabajadores del campo, y notificarles que estaba bien. Uno de ellos le informó: “ya puedes estar tranquilo, pero no te descuides”.
La historia de Francisco se repite una y otra vez en varios estados de Venezuela donde el yugo del miedo se apodera de la cotidianidad.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) reponden al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela. Fueron presentadas oficialmente durante una alocución presidencial el 14 de julio de 2017.
– “Dolarización” del crimen –
El empobrecimiento, la emigración masiva y la crisis general que atraviesa Venezuela, son algunos de los factores que han modificado las formas de criminalidad en el país con la mayor tasa de homicidios de América Latina, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) que, en 2020, registró al menos 11.891 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de 45,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Las pequeñas bandas se han debilitado, pero las grandes organizaciones criminales se han fortalecido, afirma Roberto Briceño-León, sociólogo, investigador y director del OVV, quien destaca cómo la “dolarización” ha incidido en la “modificación” de los delitos, llevando a las organizaciones criminales a concentrarse en actividades como extorsión y tráfico de drogas.
“El proceso de dolarización llevó a que los delincuentes se enfocaran en comercios con recursos en moneda extranjera, eso les permitió junto con algunas alianzas, con la crisis de los policías, adquirir armas, municiones que le vendían los propios funcionarios”, explica.
El abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Izquiel, coincide en que la extorsión es el delito que mayor crecimiento ha tenido en los últimos dos años.
“Extorsionan a comerciantes, industriales y en los estados llaneros a los productores agropecuarios”, comenta consultado por la Voz de América.
En muchos casos, las amenazas las concretan miembros de organizaciones criminales en libertad, pero las llamadas de extorsión surgen desde cárceles venezolanas, una situación que, de acuerdo a Izquiel, es impulsada por la “impunidad”, pues “no se hacen las investigaciones ni se concretan los procedimientos judiciales contra esos delincuentes”.
“Lanzan granadas contra propiedades, o pasan disparando con fusiles frente a las viviendas de las víctimas”, estas son algunas de las demostraciones más comunes de posibilidad de concreción de las amenazas. Suelen ocurrir en el estado Zulia, pero también se observa en otros puntos del país.
– Mutación del crimen –
Atrás parecían haber quedado los robos y atracos que comúnmente se registraban en autobuses de pasajeros; las historias eran frecuentes y prácticamente nadie estaba a salvo, pero el depreciado bolívar dejó de ser un incentivo para los delincuentes.
“Hace poco robaron un autobús y fue sorpresivo saber de eso, había desaparecido porque la gente no llevaba efectivo en el bolsillo, pero ahora empiezan a tener dólares”, comenta Briceño-León a la VOA.
Los secuestros exprés que años atrás tuvieron una gran incidencia, también han disminuido. Izquiel lo atribuye a la crisis económica, pues “no toda víctima capturada al azar tiene capacidad de pago”.
“Eso hizo que las megabandas pasaran a los secuestros largos, donde la capacidad económica y los movimientos de la víctima están previamente estudiados. Prefieren este tipo de secuestros donde, si logran concretar la aprehensión y el desarrollo del delito, pueden obtener un importante ingreso”, explica.
Y a pesar de que las nuevas modalidades de delitos son constantemente expuestas en redes sociales, no deja de asombrar cómo muchos se convierten en víctimas.
“Los criminales publican avisos de vehículos a bajo precio en zonas aledañas a Caracas, tratando de atraer víctimas que van con el dinero en efectivo o que se presentan sin el dinero, pero con intención de comprar el supuesto vehículo. Regularmente, si tiene el dinero, lo que hacen es robarla o la secuestran y piden a sus familiares el monto por el cual la persona iba a comprar el vehículo”, detalla el criminólogo.
– Presencia nacional –
Organizaciones criminales como El Tren de Aragua o El Tren del Llano están presentes en todo el país, pero “con formas distintas” y, hasta hace algunos años, podrían llegar a tener “entre 400 y 500 personas alistadas, un pie de fuerza importante”.
No son pandillas “en el sentido tradicional” de pequeños grupos con extensión local, sino organizaciones criminales que “tienen una organización empresarial por un lado y militar por el otro”. Además, tienen conexiones que empiezan a darse “a nivel internacional”, sostiene Briceño-León.
“Ya más hacia las fronteras son otros grupos los que actúan: el ELN, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, las disidencias de las FARC. En el área de las minas hay grupos que denominan sindicatos mineros que son los grupos criminales allí”, puntualiza.
En 2013, sectores del gobierno promovieron las denominadas “Zonas de Paz”, un programa que despejaba ciertas áreas de la presencia de funcionarios policiales y/o militares en ejercicio de sus funciones.
Para los expertos, el gobierno “terminó fomentando y fortaleciendo a las bandas criminales, que eran los sistemas más poderosos dentro de las áreas de despeje”, explicó recientemente a VOA Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen.
– Ofensiva –
Para el director del OVV, la “no actuación” del Estado contra las organizaciones criminales es un “rasgo distintivo” que ha llevado al crimen a pasar a la ofensiva porque “decidió que podía copar” más territorios y empezó a “retar” en áreas muy distintas.
“Hay una combinación muy extraña donde no solamente existe un repliegue del Estado y una entrega de territorios a los grupos criminales, sino que, en algunos casos, presume uno, hay una función política”, apunta.
“El gobierno se ha tenido que replegar, los cuerpos policiales no tienen armamentos, no hay vigilancia, ha existido un repliegue del estado general en la seguridad”, subraya.
– Impacto –
El impacto de las megabandas criminales en la sociedad venezolana es “tremendo”, sostiene Izquiel, quien expone cómo muchos de quienes aún a pesar de la crisis hacen esfuerzos para mantener sus actividades productivas, también deben soportar la delincuencia.
“La pérdida de calidad de vida, las personas se encierran en sus casas para no ser víctimas. Ves una sociedad que ha cambiado sus modos de relación social, las fiestas se hacen a mediodía, mucha gente prefiere no asistir a reuniones sociales en las noches”, manifiesta.
El impacto también se refleja en la migración. Si bien en los últimos años la situación económica ha llevado a miles de venezolanos a salir del país, durante los primeros 10 o 15 años del chavismo, estima el abogado, la motivación era principalmente la inseguridad ciudadana.
¿Cuánto tomaría resolver el complejo panorama?, ¿cómo mejorarlo?, Izquiel recuerda que se trata de un problema que se ha profundizado durante 22 años, por lo que es necesario empezar atendiendo los problemas estructurales como el hambre, la pobreza, la deserción escolar, los niños de la calle o el embarazo precoz, entre otros.
“En segundo término hay que reestructurar el sistema policial en el país. Venezuela es el país donde la gente siente más desconfianza hacia la policía; la gente ve una alcabala y en vez de sentirse seguro lo que hace es asustarse por la posibilidad de ser victimizado por esos propios policías”, dice.
“Acabar con la politización del sistema de justicia” para eliminar la impunidad, es otro elemento al que necesariamente se debe apuntar.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló a miembros de la oposición venezolana de presuntamente financiar bandas criminales que operan en zonas populares de Caracas.
“Los enemigos de la patria pretenden sembrar zozobra a través del financiamiento de bandas delictivas, no nos quedaremos de brazos cruzados. Estamos actuando de forma contundente, apegados a las leyes y a la Constitución para garantizar la seguridad”, escribió Maduro en su cuenta en Twitter a inicios de julio.