El gran maestro ajedrecista hispano-cubano Arián González recibió este jueves la libertad provisional a la espera del juicio por el delito de desacato, después de ser encarcelado por participar en las masivas protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en Cuba.
El ajedrecista y abogado de 32 años, que se había declarado en huelga de hambre al considerar injusto su arresto, declaró a Efe que ya ha vuelto a ingerir alimentos.
Aseguró estar “horrorizado y en shock” tras salir de la prisión La Pendiente en la provincia de Villa Clara (centro), donde fue recluido el martes.
Ese día lo encerraron allí tras acusarlo de desacato, un delito sancionado en Cuba con penas de tres meses a un año de prisión, y que el ajedrecista definió como “una excusa para encarcelar a la gente”.
Arián González, que reside en Orense (España) y viajó a Cuba a principios de julio para cuidar a su madre diabética, afirmó que sigue bajo “vigilancia y amenaza”.
También denunció haber recibido “presión psicológica” de la Seguridad del Estado, el organismo de inteligencia al que los opositores llaman la “policía política” cubana.
“No quiero ser líder de nada, todavía hay mucha gente presa”, añadió al insistir que sigue bajo arresto domiciliario y en cualquier momento puede regresar a la cárcel.
Diferentes colectivos y entidades han trasladado su preocupación por la situación del ajedrecista, mientras desde la Embajada española y el Consulado General en La Habana afirman que se encuentran limitados al tratarse de una persona que cuenta con doble nacionalidad.
La Ley cubana no reconoce la doble nacionalidad a los nacidos en la isla, que a todos los efectos son considerados únicamente cubanos dentro de su territorio.
A falta de datos oficiales, activistas han documentado más de 500 detenidos desde el 11 de julio, entre ellos varios menores de edad; mientras, organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días.
El 15 de julio el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas solicitó a Cuba que tomara medidas urgentes para investigar 187 casos de presuntas desapariciones forzadas de manifestantes cubanos e identificar a los responsables.
El Gobierno, en tanto, niega la existencia de desaparecidos y ha desestimado las listas elaboradas por activistas independientes que circulan en redes sociales con los nombres de personas que se desconoce su paradero.
Las manifestaciones se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.
Las autoridades, por su parte, culpan a Estados Unidos de las protestas y de la escasez en el país.
EFE