La reciente arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra los defensores de los Derechos Humanos tiene una razón poderosa: el miedo. Con sus investigaciones y denuncias, las organizaciones de la sociedad civil han puesto el foco sobre la crisis venezolana y la revolución chavista sabe que puede terminar sentada en el banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional (CPI).
“El trabajo de la sociedad civil y las víctimas ha hecho posible que la CPI tenga un examen preliminar abierto. Las declaraciones del fiscal Tarek William Saab, donde intenta maquillar los hechos, muestran que hay un temor con respecto a la posibilidad de ser juzgados ante esa instancia”, señaló Andrea Santacruz Salazar, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet).
Santacruz Salazar ofreció este análisis en el Foro Democratización, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Sociales FORMA, donde también participaron Juan Berríos Ortigoza, codirector de la asociación civil Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), y el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación por la Universidad Complutense de Madrid.
La profesora de la Unimet subrayó que “los defensores de DDHH somos fundamentales para la democracia y el Estado constitucional de Derecho”. Advirtió que en Venezuela “el proceso de criminalización” contra los activistas “se ha agudizado desde la pandemia”, dejando en evidencia el carácter autoritario del régimen. “Mientras se mantenga la impunidad, no cesarán estas situaciones”, remarcó.
Berríos Ortigoza agregó que “para el régimen la sociedad civil siempre ha sido sospechosa, enemiga”. Apunta que “ese trabajo de presión que ha hecho la sociedad civil ha tenido resultados con la atención de los organismos internacionales, y eso es algo que molesta profundamente al gobierno” chavista.
Refrescamiento
A juicio de Martínez Meucci, “dentro de la dirección política chavista hay una lógica totalitaria”. Partiendo de esa premisa, argumentó: “En la medida en que la lógica de carácter totalitario va disolviendo el tejido social y creando una proliferación de grupos de poder que al final pelean entre sí, la oposición política termina siendo maniatada. En ese estado de descomposición, las condiciones están dadas para que el crimen organizado pueda hacer todo tipo de cosas”.
En ese contexto y tomando como referencia la lucha por la democracia que ha triunfado en otros países, el académico enfatizó que “la defensa de los Derechos Humanos es una bandera inapelable”, que permea a toda la sociedad y unifica a los distintos factores que aspiran a allanar el camino hacia la transición.
Martínez Meucci identificó entre “los grandes obstáculos para la transición” en Venezuela a “las ‘culebras’ -peleas- que existen entre una gran cantidad de actores políticos y sociales. Hay peleas, inquinas, divisiones, estigmas, no nos estamos escuchando. Esto requiere una unidad de abajo hacia arriba. Es necesario ponerse de acuerdo en cosas básicas, hay que cambiar el enfoque”.
El experto apuntó que las movilizaciones en Cuba, “que tuvo más de 30 años sin protestas, las impulsó un movimiento de artistas y músicos, personas no relacionadas directamente con la política, pero que generan un aire nuevo y conectan con el sentimiento de la gente”.
Volviendo al caso de Venezuela, Martínez Meucci concluye: “El conflicto se prolonga porque la gente se empecina en la misma actitud. Es necesario empezar a ver las cosas de otra manera, es muy poco eficaz convocar a las personas a hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Se deben crear grandes consensos sobre lo que le interesa a la gente, sobre las grandes verdades, y resignificar el espacio político con nuevas caras, enfoques y liderazgos”.