Miles de guatemaltecos han bloqueado este jueves diversas carreteras para levantar sus voz y exigir la renuncia del presidente y la fiscal general del país, Alejandro Giammattei y Consuelo Porras, respectivamente, a quienes señalan de corrupción.
Los bloqueos forman parte de un paro nacional convocado por varios sectores sociales, como parte de protestas por la remoción el pasado 23 de julio del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, destituido por Porras.
Desde primera horas de este jueves, los manifestantes han detenido el tránsito en el acceso a la Ciudad de Guatemala tanto desde el norte como desde el oeste, específicamente bloqueando la Calle Martí y El Periférico, donde circulan miles de vehículos a diario.
Varias organizaciones indígenas y campesinas, entre ellas 48 Cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinca, entre otras, también han cumplido sus promesas de bloquear carreteras en 20 de los 22 departamentos que componen Guatemala, dando vida así al paro nacional convocado.
La principal exigencia de los guatemaltecos es la renuncia del presidente Giammattei, a quien le reclaman la incapacidad de su Gobierno para combatir la pandemia de la covid-19 y presuntos actos de corrupción divulgados por Sandoval.
También demandan la salida del cargo de Porras por la destitución de Sandoval, quien partió al exilió un día después y cuya salida ha provocado que Estados Unidos suspenda su relación de manera momentánea con la entidad al mando de Porras.
Sandoval, quien ha recibido el respaldo de varios sectores, incluido del Departamento de Estado de Estados Unidos, tenía bajo su cargo casos de alto impacto y según reveló, llevaba tres investigaciones en curso sobre casos de corrupción que supuestamente salpican al presidente.
El fiscal lideró durante los últimos seis años la lucha anticorrupción en Guatemala y junto a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) mandó a prisión a más de 200 personas, entre expresidentes, altos funcionarios, empresarios de élite y diputados por corruptos.
Aunque el “paro nacional” no cuenta con el apoyo de la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), sí ha tenido eco en otros sectores.
Las protestas cuentan con el aval y permiso legal de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, pero la entidad pidió a los pobladores garantizar la libertad de locomoción, el comercio, el trabajo, la salud y la seguridad.
EFE