Los abogados del FORO PENAL VENEZOLANO merecerán unas cuantas cuartillas en las que se describa cada una de sus proezas, inspiradas en los principios y valores que le daban esa fuerza indispensable para atreverse a desafiar a los poderosos capitostes de un régimen, que no se detenían a la hora de cometer, con asombrosa saña, violaciones sexuales, palizas mortales, descargas eléctricas, requisas corporales invasivas e innecesarias a personas detenidas o visitantes de los centros de reclusión, además de la aplicación de variadas técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, así como amenazas de muerte y tortura psicológica. La Misión de la ONU en Venezuela investigó muchos de esos casos, “llegando a documentar 45 incidentes que incluyen 89 actos específicos de agresión sexual. 74% de los abusos fueron contra hombres y 30% contra mujeres”.
Es menester aclarar que la misión en cuestión no pudo visitar Venezuela, ante la resistencia de los dictadores que en ningún momento se dignaron a responder las continuas solicitudes para poder realizar las entrevistas in situ. La excusa que esgrimían los funcionarios de Maduro, entre otras, era que esas restricciones obedecían a las medidas de control derivadas de la pandemia COVID-19. Fue por esa razón que la misión de la ONU no tuvo otra alternativa que cumplir con su labor realizando 274 entrevistas a distancia.
Los datos anteriormente expuestos son parte de las pruebas que se ventilan en La Corte Penal Internacional para que algún dia, se apliquen las condenas correspondientes a los perpetradores de crimines de lesa humanidad. Es apenas una síntesis de todo cuanto ha ocurrido en un país sometido a esas andanadas feroces de un régimen que ha encarcelado a estudiantes, a trabajadores, periodistas, activistas políticos y a simples ciudadanos, todo por el coraje de disentir de sus fechorías.
A miles de esos detenidos durante todos estos años, los han defendido los abogados del Foro Penal. He visto a muchos de sus 6000 voluntarios y activistas que asumen el rol de defensores, exponentes y promotores del respeto a los Derechos Humanos, batirse en los tribunales, sedes policiales, cárceles y escenarios internacionales, defendiendo a perseguidos, detenidos y a familiares de personas torturadas o asesinadas. Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, son parte de esa familia, dos de los principales baluartes del Foro Penal, que hoy es nominado a recibir el premio Nobel de La Paz. Conocedora, como lo soy, de su valioso desempeño, de su trabajo voluntarioso y del cúmulo de méritos que los distinguen, me sumo a esas plegarias para que dicho reconocimiento sea una realidad.