La justicia sudafricana aplazó hoy una vez más para los próximos 9 y 10 de septiembre el juicio contra el expresidente del país Jacob Zuma (2009-2018) por corrupción y otros cargos en relación con un acuerdo armamentístico firmado a finales de los años 90.
La defensa hizo esta petición después de que el exmandatario -en prisión desde principios de julio por desacato tras haberse negado a declarar en otro juicio por corrupción- fuera ingresado el pasado 6 de agosto “tras una revisión rutinaria”.
En una vista virtual celebrada hoy por el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este), el juez Piet Koen estableció el 20 de agosto como fecha límite para que la defensa de Zuma facilite su informe médico completo.
En una carta enviada a la prisión y a la Fiscalía, el equipo médico de Zuma asegura que el expresidente sufrió una “lesión traumática” el año pasado y ahora necesita “un tratamiento de emergencia exhaustivo” y seis meses de cuidados, unas afirmaciones que el Estado considera “vagas generalidades”, según recoge el diario local News24.
El juez Koen estableció, asimismo, que una vez sea entregado el informe médico completo, la Fiscalía puede designar a un doctor de su elección que examine al exmandatario y determine si su estado le permite asistir al juicio.
Además, en el caso de que la defensa solicite un nuevo aplazamiento en la vista del 9 de septiembre, los médicos de Zuma tendrían que declarar sobre el estado de salud del acusado, lo que supondría su primera comparecencia ante el tribunal en este proceso.
El abogado defensor, Dali Mpofu, ya convenció al tribunal el pasado 4 de agosto para que el juicio fuera presencial alegando que las audiencias virtuales violaban los derechos constitucionales del expresidente, por ejemplo, por no poder consultar a su abogado en directo.
Pero la Fiscalía considera que tanto esa reclamación como la petición de recusación del procurador del caso, Billy Downer, que supone el próximo movimiento de la defensa, son tan solo estratagemas para seguir aplazando el juicio.
VARIOS CASOS DE CORRUPCIÓN CONTRA ZUMA
En esta causa a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
En concreto, se le acusa de haber recibido sobornos con la intermediación de un asesor financiero.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en 2018, fue acusado formalmente pero la causa permanece trabada por las distintas peticiones formales interpuestas por la defensa.
Zuma había dimitido de la presidencia solo un mes antes del inicio de este juicio, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción.
Entre ellos destaca la de la “Captura del Estado”, investigación en la que se le acusa de orquestar un entramado corrupto que atravesaba todo el aparato público durante su gobierno con el objetivo de beneficiar a su persona, a otros altos cargos y a empresarios afines.
Zuma alega que todas las acusaciones contra él son una persecución política.
Por ello, entre 2020 y 2021, se negó repetidamente a testificar ante la comisión oficial de investigación que estudia las acusaciones de la “Captura del Estado”, a pesar de que las citaciones eran de obligado cumplimiento.
En consecuencia, el 29 de junio pasado el Tribunal Constitucional sudafricano lo condenó a 15 meses de cárcel por desacato.
Dos días después de su entrada en prisión, se desataron en Sudáfrica varias jornadas de disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron en forma de protestas de apoyo al exmandatario, degeneraron después en violencia generalizada, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.
El Gobierno sudafricano afirma que la oleada de disturbios, que dejó 354 muertos y daños económicos por valor de 50.000 millones de rands (unos 2.862 millones de euros), fue “instigada” y planeada.
Además de estos casos, el exmandatario ya tuvo que devolver en 2016 medio millón de euros de dinero público que había usado de forma irregular para reformar su residencia privada. EFE