El gobierno del presidente Joe Biden está intensificando esfuerzos de reunir a familias separadas bajo las severas políticas antiinmigrantes de su predecesor Donald Trump.
Por AP
Una comisión especial se disponía a lanzar un programa el lunes para hallar a los padres de esas familias, que en muchos casos están en aisladas comunidades centroamericanas, y ayudarles a regresar a Estados Unidos donde podrían recibir al menos tres años de residencia legal y otro tipo de asistencia.
“Sabemos que no podemos sanar totalmente las heridas de estas familias”, declaró Michelle Brané, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Reunificación Familiar, “pero queremos hacer todo lo posible para al menos poder darles una vida mejor”.
El programa contará con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones para la compleja tarea de devolver a migrantes a territorio estadounidense.
La comisión ha logrado unas 50 reunificaciones familiares desde que comenzó su labor a fines de febrero, pero todavía quedan cientos de padres _quizás entre 1.000 y 2.000— que fueron separados de sus hijos a la fuerza y no han sido localizados. Es difícil saber con certeza debido a que la administración Trump no guardó registros debidamente, señaló Brané.
“Es un desafío enorme, con el cual estamos totalmente comprometidos, de hacer todo lo posible para reunificar a estar familias”, indicó la funcionaria en entrevista con The Associated Press.
La administración Trump separó a miles de familias migrantes en 2017 y 2018 como parte de un esfuerzo de procesar penalmente a quienes cruzaban sin autorización la frontera sur. Los menores de edad, que por ley no pueden ser detenidos junto con sus padres, fueron dejados bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Usualmente de allí fueron llevados a vivir con un guardián, como por ejemplo un familiar o una persona cercana a la familia.
Ante intensas condenas a nivel nacional e internacional, Trump emitió una orden ejecutiva suspendiendo la práctica en junio de 2018, pocos días antes de que un juez federal ordenó cesar la política y reunir a las familias separadas, en base a una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).