![](https://tyht.cgixix.com/wp-content/uploads/2021/10/615b335ce9ff71492b4474dc.jpg?resize=640%2C361)
El ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, se encuentra en EE.UU. para promover un plan de concesiones con el que el gigante latinoamericano planea atraer inversiones de hasta 260.000 millones de reales (unos 48.000 millones de dólares).
Por RT
Durante cinco días, el titular brasileño se reunirá con inversores, ejecutivos de instituciones y de fondos financieros, así como representantes de agencias de calificación de riesgo.
En 2019, antes del covid-19, el ministro hizo giras por EE.UU., España, Alemania e Inglaterra, pero este viaje es la primera oportunidad del Ejecutivo brasileño de presentar sus proyectos en el exterior desde que comenzó la pandemia.
Según la cartera, desde 2019 hasta la fecha, hubo inversiones de hasta 74.000 millones de reales (unos 13.600 millones de dólares) en las concesiones de 34 aeropuertos, cinco carreteras, seis ferrovias y 29 terminales portuarias, además de otras 99 terminales privadas.
Entre octubre y noviembre de este año, el Gobierno realizará 11 subastas de dos importantes proyectos de carreteras y nueve terminales portuarias. Entre ellas destaca, Vía Dutra, una de las más importantes carreteras que unen Sao Paulo y Río de Janeiro, y dos terminales del puerto de Santos.
Subastas para 2022
Ya para 2022, están previstas las subastas de 16 aeropuertos, la privatización de parte del puerto de Santos y la concesión de más de 12.000 kilómetros de carreteras, entre otras cosas.
El Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, está tratando de atraer inversiones privadas para reactivar la economía brasileña, que en 2020 registró una caída de un 4,1 % de su Producto Interior Bruto (PIB).
Durante la campaña de 2018, Bolsonaro prometió llevar a cabo un ambicioso plan de privatizaciones e incluso afirmó que iba a “extinguir gran parte de las estatales” siguiendo la política ultraliberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, al que nombró para seducir a los mercados. Sin embargo, la crisis económica acentuada por la pandemia y los grupos discordantes en el Congreso ralentizaron sus planes.