Manuel de Jesús G, de 44 años, violó a su hijastra sistemáticamente por nueve años y tuvo tres hijos con ella, así lo determinó la justicia ecuatoriana. Fue condenado a 29 años y 4 meses en prisión, y tendrá que pagar a la víctima USD 320.000 como forma de reparación. Este es uno de los casos del operativo Rescate Querubín, en el que se detuvo a nueve personas que abusaban de menores de su entorno familiar en Puerto Quito, una ciudad ubicada a dos horas y media de la capital del país.
Por Infobae
Para obtener una sentencia favorable a la víctima, el fiscal Paúl Villareal incluyó, entre otros, el testimonio del médico que practicó la valoración médico-legal, también se presentó el testimonio del perito psicólogo que en su informe señala que la joven tiene “una afectación grave, producto de los repetidos actos de violencia que se manifestaban en depresión y angustia”. Además, el informe de la pericia de contexto de género explicó que la víctima vivía “en un ambiente de violencia, el cual había sido normalizado, produciéndole una afectación psicológica y que su salud reproductiva, y su derecho a la educación fueron afectados”.
Además de la sentencia, el juez ha ordenado que se brinde atención psicológica a la menor y que se entreguen copias del expediente a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación en contra de la madre de la víctima porque podría ser culpable de otros delitos relacionados con la violación de su hija.
Este caso originó la investigación que dio como resultado el operativo Rescate Querubín, en el que nueve personas fueron detenidas como resultado de una investigación que los señalaba como sospechosos por agresiones sexuales sistemáticas y delitos en contra de varias niñas del mismo entorno familiar. En el operativo siete víctimas fueron rescatadas. La víctima de este caso en particular fue rescatada junto con sus tres hijos en enero de este año.
El 80% de los agresores comparten línea directa de consanguinidad con sus víctimas, quienes agredieron sexualmente a las niñas son sus padres, hermanos o tíos. El 20% restante mantienen una línea de afinidad, es decir, son cuñados o vecinos, según detalla la Fiscalía General del Estado.
El operativo se realizó en febrero de este año y de los nueve detenidos, este es el primer caso con una sentencia. Los demás se encuentran en la etapa de juicio.
De acuerdo con la información oficial, de las siete víctimas rescatadas, una de ellas tiene una discapacidad física del 75% y 60% de discapacidad intelectual. La menor era violada por su padre y hermano. Otras dos niñas, de 12 y 7 años, eran abusadas sexualmente por su padre y también vendidas a los vecinos del lugar, para que las violaran.
Incluso una de las víctimas, una niña de 12 años, era violentada sexualmente por su padre, un funcionario judicial de Puerto Quito, quien la obligaba a guardar silencio a cambio de no matar a la madre de la niña.
El incesto es una realidad dolorosa y silenciosa. Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) reveló que las niñas y adolescentes con discapacidad son cuatro veces más vulnerables a ser víctimas de incesto. Además, la misma investigación de Unfpa explica que el incesto permanece en silencio dentro de las familias por vergüenza, por dependencia económica o porque hay otros miembros del núcleo familiar que también son víctimas de la violencia sistemática. Los principales violadores y agresores de las niñas y adolescentes en estos casos son sus padres, padrastros, hermanos, tíos y abuelos.
Según el estudio Vidas Robadas II elaborado por la Fundación Desafío de Ecuador, en el país cada año se embarazan más de 2.000 niñas. El 80 % de ellas quedaron embarazadas porque fueron violadas. El 83% de los agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas. Es decir que las niñas y adolescentes son víctimas de violaciones sistemáticas por parte de familiares o conocidos, lo que deriva en embarazos no deseados.