El jefe de la Misión de Verificación del texto final hizo un llamado a enfocar recursos en todos los puntos pactados y resaltó cuáles son las comunidades más afectadas por la violencia.
Por infobae.com
Este jueves el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revisó los avances en el Acuerdo de Paz en Colombia según el informe que entregó el secretario general, Antonio Guterres. En este texto, el delegado explica que Colombia tiene desafíos por superar en materia de seguridad en las regiones.
Uno de los puntos importantes del informe es el énfasis que hacen en el deterioro de seguridad de las comunidades afrocolombianas e indígenas:
“Las comunidades afrocolombianas e indígenas están siendo afectadas de manera desproporcionada por todo tipo de violencia, en este caso, desde asesinatos de sus líderes hasta desplazamientos y confinamientos”, explica el informe.
“Es particularmente grave que sean precisamente las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo, desde el Meta hasta Antioquia, desde la Costa Pacífica hasta el Catatumbo, las que enfrentan las situaciones más graves”, expresó Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de la ONU en Colombia y Representante Especial del Secretario General.
Este informe invita al gobierno de Iván Duque a seguir trabajando en acelerar el acceso de excombatientes a beneficios como la tierra y la vivienda, además de potenciar los liderazgos de mujeres, indígenas y afrodescendientes.
Esto partiendo de la importancia de garantizar los recursos de todas las instancias y puntos del Acuerdo de Paz recordando que solo se ha gastado el 65 % del presupuesto asignado entre 2017 y 2020. Agregaron que la implementación, al ritmo que va, tardaría 26 años y no los 15 que se plantearon tras la firma.
También se resaltó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) agradeciendo el involucrar a las víctimas. “Sus esfuerzos por tener en cuenta las voces de las víctimas y de todas las personas involucradas en el conflicto son un recordatorio de que contribuir genuinamente a la verdad”.
El jefe de la Misión de Verificación alertó de que a la luz “de las enormes amenazas” que enfrentan las regiones sometidas a una violencia “desproporcionada”, el gobierno y las instituciones estatales deben hacer “mejor uso de los mecanismos” contenidos en el propio acuerdo.
Entre ellos, la protección de los combatientes que depusieron las armas. Al menos 296 de ellos han sido asesinados por grupos ilegales y organizaciones criminales, recordó Massieu. La última víctima ha sido María Steffanía Muñoz, este jueves, en el departamento del Cauca.
Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió la extensión por un año de la Misión de Verificación de ese organismo internacional que vence el próximo 31 de octubre.
“En nombre del presidente Iván Duque presentamos esta solicitud de extender el mandato por un año adicional a partir del próximo 31 de octubre, y agradezco al Reino Unido por ayudar a este trámite”, sostuvo la vicepresidenta.
Ante el Consejo, la funcionaria expuso varios de los puntos en los que ha trabajado el gobierno para lograr la implementación del acuerdo de paz que se firmó hace cinco años con las Farc.
Sobre las críticas que el gobierno Duque no ha hecho bien la tarea de implementación lo que ha generado nuevas olas de violencia en el país, especialmente en la zonas priorizadas para la implementación del acuerdo –desde el Meta hasta Antioquia, desde la Costa Pacífica hasta el Catatumbo–, la canciller señaló que desde que se firmó la paz con las Farc, se conocía de la existencia de muchos otros grupos armados que seguían delinquiendo alimentados por el narcotráfico.