Este jueves 4 de noviembre, autoridades de Migración expulsaron a 120 migrantes en un vuelo chárter en Chile. Más de 70 de ellos son venezolanos y el resto colombianos. Es considerada la mayor operación de deportación en el país austral en lo que va de año. Las acciones buscan erradicar la migración irregular y expulsar al menos a 1.500 personas en 2021.
Por El Diario
La mayoría de los venezolanos deportados, según información oficial, fueron expulsados del país por ingresar de manera regular, por haber cometido crímenes como tráfico de migrantes, homicidio y robo con intimidación. En total, ya son más de 800 personas las deportadas en siete vuelos distintos en 2021.
“Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados”, dijo Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, reseña EFE.
Medidas que atentan contra el migrante
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (HRW) alertaron sobre estos hechos y denunciaron graves violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros que buscan radicarse en el país de Suramérica.
Entre las denuncias hechas por HRW está el realizar expulsiones sumarias durante los fines de semana, cuando las cortes de apelación están cerradas, lo que impide que las personas hagan llamadas telefónicas para contactarse con sus familiares o abogados.
De hecho, en los últimos meses, la Corte Suprema de Chile actuó en defensa de algunos casos de migrantes. El órgano anuló varias órdenes de deportación en lo que va de año por considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”. No obstante, al momento de la decisión, ya las personas estaban deportadas.
De acuerdo con los estándares internacionales, acuerdos y normas relativas a los migrantes, aunque los países están en la libertad de ejercer jurisdicción en sus fronteras internacionales, estos deben hacerlo de acuerdo a las obligaciones en materia de derechos humanos, así como también tomando en cuenta el contexto socio-político del país de origen.
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