Antes sabíamos cuándo empezaba una guerra y cuándo terminaba. Un país invadía a otro, un territorio era ocupado y quien ganaba se quedaba con ese territorio. Había parámetros para establecer quién era el ganador en un conflicto y quién lo perdía. Todo eso cambió. Hoy el mundo no es así. Las guerras son multidimensionales: el ciberespacio, la opinión pública, los mercados internacionales…son numerosos los campos de un conflicto no convencional. Y este conflicto es difuso, ambiguo, es gris. Este terreno confuso, probablemente se desarrolla ahora en algún lugar del mundo, y ese lugar podría ser Venezuela.
Previamente, la nueva tipología de combates otorgó a la guerra híbrida el rol de desplazar los tradicionales enfrentamientos entre grandes contingentes militares. En realidad, cada vez se habla menos de guerras convencionales, en parte porque la ambigüedad se ha impuesto como estrategia para sumir en confusión al adversario. Todo se juntó. De pronto, terrorismo, insurgencia, delincuencia común, se mezclaron con operaciones militares formales. Han sido cambios en la manera de hacer la guerra y esta evolución materializada en este siglo es interpretada como una reacción a la superioridad militar de Estados Unidos.
En el libro “La Guerra Futura”, el célebre profesor emérito de estudios de guerra Lawrence Freedman se refiere a que occidente no estaba preparada para este nuevo tipo de conflicto.
La Primera Guerra de Chechenia (1994-1996) generó la primera mención que se conoce en documentos de Estados Unidos sobre guerra híbrida para advertir de tácticas empleadas por la insurgencia chechena contra el ejército ruso, pero fue James Mattis exsecretario de Defensa de Estados Unidos, quien teorizó sobre el término en el estudio “La guerra del futuro: la llegada del conflicto híbrido” en 2006, al referirse a la guerra entre Israel y Hezbollah. Años después las intervenciones rusas en Crimea y Ucrania hicieron de lo híbrido un debate mundial.
En el 2019, el jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa de España, D. Enrique Cubeiro Cabello, aportó al debate sobre este tipo de conflicto: “A diferencia de una contienda bélica con frentes clásicos, la guerra híbrida combina el empleo de estrategias militares no convencionales con operaciones hostiles de inteligencia persuasiva o amenazas y presiones políticas y económicas. Acciones que buscan el fin último de debilitar, someter la voluntad del adversario”.
Entonces el escenario se volvió aún más complejo. El empleo de nuevas tecnologías, especialmente Internet, significó un salto cualitativo. Se comenzó a hablar de cibertaques,
desinformación o propaganda, desarrollados en el ciberespacio. El control de la narrativa pasó a ser prioritario
¿Venezuela puede ser Zona Gris?
Zona gris es un territorio constituido por grupos o países que aprovechan el vacío de Estado para desdibujar fronteras, lo que facilita su expansión. La constitución de este espacio suele ser impulsado por países tradicionalmente considerados revisionistas. Se trata de un sistema fluido, adaptativo que usualmente se sostiene por grupos irregulares armados, vinculados al comercio ilegal como el de las drogas.
Josep Baqués Quesada, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Barcelona, explica que la Zona Gris responde a una maniobra donde la guerra abierta está descartada debido principalmente a las capacidades de respuesta militar que mantienen las potencias defensoras del status quo. Se trata de un modo de alcanzar objetivos de gran relevancia estratégica sin necesidad de generar un casus belli, en ese sentido, los actores procuran no cruzar determinadas líneas rojas. Quienes generan una Zona Gris tienen en cuenta los parámetros del derecho internacional (artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas), bajo lo que podría interpretarse como prudencia política.
“Es una de las razones que convierte en plausible la hipótesis de que este tipo de conflicto de baja intensidad está llamado a proliferar en los próximos años. Idealmente, la Zona Gris debería cubrir sus objetivos sin dar pie a guerra alguna, aunque también podría planificar el comienzo de una guerra híbrida a partir de su previo establecimiento”, explica Baqués.
“Muchos de los actores involucrados en conflictos saben que no tienen fuerza o no quieren una confrontación bélica directa. Son potencias como China, Rusia e Irán, opuestas a Estados Unidos, que, aliadas coyunturalmente, pueden estar coordinadas, pero no necesariamente alineadas”, precisa Guillem Colom, profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide, España.
“En realidad, la Zona Gris es utilizada porque las demás opciones podrían activar una escalada bélica. La Zona Gris consigue desplegar todos los efectos previstos, puede causar cambios relevantes en el sistema político global, con poco o nulo desgaste por parte de quien la genera.
En el caso de Venezuela, algunos países estarían tratando de fortalecer o de mantener a un gobierno que técnicamente está siendo cuestionado por la comunidad internacional. El objetivo entonces sería utilizar al Estado venezolano, guiarlo hacia una posición que a ellos les conviene en tanto la geopolítica mundial”, indica Baqués.
“De hecho, China, Rusia e Irán han logrado mantener alejada a Venezuela de las órbitas de las democracias liberales, de los estados de derecho en el mundo y han presionado para que Venezuela se enfrente a Washington tratando de convertirla en la nueva Cuba”, agrega Colom.
En la Zona Gris se socava y fractura la cohesión social, la población pierde confianza en sí misma y en su liderazgo, se propicia la decadencia del sistema político liberal y del sector empresarial, y es afectada la imagen de las organizaciones nacionales e internacionales. Se trata de un ataque deliberado a las vulnerabilidades de los Estados democráticos, sus instituciones y su población.
Es un terreno resbaladizo que genera o aprovecha la desinformación, el engaño, donde las campañas de propaganda política son una fuerte herramienta, así como la pugna entre narrativas para imponer su legitimidad ante la opinión pública propia y extraña. Son operaciones que involucran a grupos irregulares con funcionarios del Estado, con fortalecimiento de las técnicas de resistencia civil. Desde ese espacio abundan los ciberataques.
Aliados con los criminales
«Vamos por ustedes. Esta sangre derramada no se va a quedar así (…). ¡Fuera de Venezuela!”, gritó el ministro de Defensa Vladimir Padrino López dirigiéndose a través de los medios de comunicación a la guerrilla colombiana en una planificada actuación pública con la que pretendía lavar su cara ante las tropas que aún lloraban a tres soldados venezolanos asesinados y otros diez heridos en una emboscada del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
La acción criminal había sido la respuesta de la guerrilla a la detención de Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, solicitado por terrorismo, rebelión y secuestro. No fue complicado detenerlo. Su paradero era conocido por las autoridades venezolanas que lo buscaron en la comunidad indígena de Picatonal, en Puerto Ayacucho, Amazonas.
Era mediados de noviembre de 2018 y el mayor general Manuel Cristopher Figuera aún no cumplía un mes en el cargo de director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin. Había escuchado con atención el discurso de su jefe. Luego, al expresarle complacencia por la firmeza de sus palabras, Padrino lo sorprendió con su respuesta: “a estos hombres (los guerrilleros) hay que pedirles permiso para no meternos en problemas”.
El desempeño de Padrino López desde el Ministerio de la Defensa durante siete años ha sido clave en la deformación de la Fuerza Armada venezolana. Deformación que se extiende bajo el mando de Maduro hacia las instituciones de seguridad civiles y militares, nacionales y regionales. En Venezuela todos esos organismos se asocian con grupos armados no estatales violentando la ley y el principio de soberanía.
La alianza con la guerrilla colombiana la comenzó Hugo Chávez desde el primer día de su gobierno. Un punto de cuenta logrado de manera exclusiva, así lo demuestra. El documento del 10 de agosto de 1999, firmado por el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, establece acuerdos de cooperación entre los irregulares y el nuevo presidente. Rodríguez Chacín traía el antecedente de haber sido uno de los autores de la Masacre de El Amparo, en la que 14 pescadores fueron asesinados en la ribera del caño La Colorada en el estado Apure, frontera con Colombia el 29 de octubre de 1988. Chávez había designado a Rodríguez Chacín como director de Inteligencia de la policía política aún llamada Disip, aunque su inclinación fue siempre hacia las acciones encubiertas. Ésta, en particular, encomendada por Chávez, era ignorada por su jefe, el director del organismo policial, el teniente coronel del Ejército Jesús Urdaneta Hernández.
Chávez operaba así. La relación de Rodríguez Chacín con la insurgencia armada todavía se mantiene hoy, tal como se comprobó en los hechos ocurridos entre marzo y mayo de 2021 en el estado Apure, en los que Rodríguez Chacín fue el negociador para llegar a acuerdos con la disidencia de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC.
El punto de cuenta entre Chávez y la guerrilla estableció algunos límites en las acciones de los insurgentes en el territorio venezolano (no atacar, no entrenar a militantes) a cambio del privilegio de acceder al contacto directo con el alto mando, medicamentos, venta de petróleo, financiamiento y apoyo para asilo y tránsito. Las deferencias hacia los irregulares crecieron ostensiblemente con el tiempo.
Recordemos que la Zona Gris suele expresarse en la integración de poderosos elementos criminales y movimientos irregulares junto a instituciones formales. Una convivencia de delincuentes con funcionarios del Estado es imposible que se materialice sin el acompañamiento del alto gobierno.
Esa es parte de la explicación de por qué Venezuela está plagada de grupos armados no estatales. Una investigación confidencial en la que participó la reputada Fundación Insight Crime arrojó evidencias de que estos grupos están siendo apuntalados por Nicolás Maduro a través de un nexo criminal-político en el que además el régimen participa en los ingresos obtenidos por sus delitos.
Ingresa en https://venezuelazonagris.com/ y conoce toda la investigación
Grupos armados no estatales
La investigación en la que participó Insight Crime documentó la existencia de los 30 grupos armados no estatales más poderosos en Venezuela. Hemos integrado ese valioso trabajo de investigación con el de otros especialistas. La mayoría coincide en que los cinco grupos más relevantes son: colectivos, megabandas, trenes y pranes, guerrilla y carteles del narcotráfico.
El trabajo refiere que una parte de estos grupos armados no estatales actúa con el único objetivo de obtener dinero de sus fechorías con el narcotráfico o con otros delitos que van desde la extorsión, pasando por el contrabando de combustible, comida y medicinas, hasta la extracción de recursos mineros.
Otros grupos son encargados para el trabajo político, altamente valorado por el régimen. En los sectores populares, ciudadanos entrenados por cubanos suelen ser acreditados por organismos de inteligencia oficial civil y militar para buscar información y cazar librepensadores. Quien es detectado o señalado por los delatores, termina acusado, torturado y depositado en las mazmorras venezolanas; algunos han sido asesinados. Muchos de los grupos armados imponen control social y ejercen funciones de gobierno, entre ellos los colectivos.
Los colectivos
Creados por Hugo Chávez, los colectivos son grupos con raíces políticas a los que les otorgó permiso de ejercer la violencia para defender su supuesta revolución. Han recibido del gobierno apoyo financiero y armas. Ejercen control social en la comunidad con gran fuerza en la parroquia 23 de Enero, frontera de Miraflores. De estos grupos, unos pocos han mantenido la razón de su origen; la mayoría se sumió en delitos y violencia dentro y fuera de su territorio. Se destacan entre ellos, Alexis Vive, Tres Raíces, La Piedrita, Los Tupamaros y Movimiento de Liberación Carapaica. En momentos relevantes de protestas en las calles, han actuado con violencia contra la población.
Las megabandas
Desde que Maduro llegó al poder comenzó en ejecución un plan diseñado por los cubanos que, conscientes del escaso carisma y liderazgo del sustituto de Chávez, necesitaban garantizar el absoluto control de los barrios. Se procuraba trascender al ejercicio de los colectivos armados hacia otras áreas de enorme población y complejidad topográfica.
El plan comenzó el año 2013 en Petare al este de Caracas. Un joven llamado Wilexis Alexander Acevedo Monasterios que, con apenas 20 años ya pagaba condena en la cárcel de Tocorón por homicidio, secuestro, extorsión y robo, fue sacado de prisión para ser investido como juez de paz por el debutante gobierno de Maduro. Wilexis asumió su rol hasta para sentenciar a muerte a quien desobedeciera sus reglas. Se granjeó a punta de armas, el temor; y con muchos recursos, el aprecio de la comunidad. En poco tiempo logró reclutar cerca de 300 jóvenes de entre 13 y 30 años que debían estar listos para “echarle plomo al pueblo” por lo que fue dotado de rifles de asalto AR15, ametralladoras Uzi, pistolas, granadas y luego drones y sofisticados equipos de comunicación. En Petare nadie podía protestar.
En el 2017 la estrategia del control de los barrios se fue extendiendo por varios sectores del país y hacia una amplia parte del oeste de la capital, la Cota 905, en el centro de las parroquias La Vega, Santa Rosalía y El Paraíso, donde se calcula pueden vivir unas 300 mil personas. Ese año la Cota 905 fue nombrada Zona de Paz, un acuerdo entre el régimen y las bandas delictivas para que los cuerpos de seguridad no ingresaran a su territorio a cambio de mantener a raya a la comunidad. Hasta principios de 2021 el plan parecía funcionarle a Maduro. Los líderes de la banda, Carlos Calderón, alias El Vampi, Garbis Ochoa Ruiz, alias El Garbis y Carlos Luis Revette, alias El Koki, administraban recursos producto de sus fechorías y el pueblo nunca protestaba. Cumplían funciones de gobierno; por ejemplo, si faltaba el servicio de
agua, ellos se encargaban de secuestrar un camión cisterna; pagaban materiales de construcción si era necesario reparar casas; organizaban jornadas para repartir comida y juguetes en celebraciones memorables, y ofrecían las mejores fiestas y encuentros deportivos. La banda llegaba hasta la parte más alta de la montaña, donde ninguna autoridad ha accedido. Era el oasis para el crimen. Podían extorsionar, robar o secuestrar en otros barrios y en la Cota 905 estaban protegidos.
Las dos megabandas de Caracas se convirtieron en estancos de delitos con ejércitos propios apertrechados con armamento suministrado por el régimen que les incrementaba poder en la medida que la crisis económica se fue agudizando. Pero la luna de miel se acabó. Primero fue Wilexis quien se alzó en Petare en el 2019 cuando la policía le mató a un ser querido, su escudero, y después fueron los jefes la banda de la Cota 905 que decidieron ampliar su territorio de control por lo que el régimen se vio obligado a ejecutar un aparatoso operativo con más de 3 mil funcionarios civiles y militares. Así, al menos temporalmente, retomó el control de los barrios del este y el oeste de la capital, aunque ninguno de los jefes de las bandas fue atrapado. Se tiene confirmado que uno de ellos fue protegido por el exministro de Juventud y Deportes, Antonio Alvarez, alias El Potro, quien resguardó a El Koki en las instalaciones del Instituto Nacional de Hipódromos. Probablemente la situación se repitió en otras instancias. Se ha comprobado que la banda de la Cota 905 tenía gente empleada en la vicepresidencia con Delcy Rodríguez y que El Vampi ha prestado con frecuencia servicios de seguridad en las minas de oro a funcionarios del régimen.
Pranes y trenes
Los pranes y los trenes nacen del sistema de prisiones y han logrado extender su poder fuera de los barrotes incluso más allá de las fronteras venezolanas. Son la autoridad en las cárceles convertidas en territorio de fructíferos negocios sostenidos por delitos que van desde el tráfico de drogas hasta la extorsión. Destaca El Tren de Aragua, el más poderoso de los grupos, liderado por el PRAN (acrónimo de preso rematado asesino nato) Héctor Guerrero Flores, conocido como El Niño Guerrero, confinado en la cárcel de Tocorón, estado Aragua. Se trata de delincuentes sanguinarios con tanto poder que han entrado en disputa con la guerrilla colombiana por territorio fronterizo ya que la crisis los hizo emigrar en busca de otros destinos menos deprimidos. Así, ciudades que limitan con Venezuela sufren los embates de este grupo criminal que se conecta con redes que trafican personas y extorsionan a comerciantes. Se han reportado delitos atribuidos a sus miembros en Ecuador, Perú, Brasil y Colombia
En Venezuela hay tantos trenes del delito como cárceles. La mayoría son bautizados según la región. La principal protectora de los pranes es la exministra de Prisiones, Iris Varela, quien les ha brindado insólitos privilegios a cambio de sus servicios lo que le ha permitido ufanarse de contar con un ejército de presos para quienes en una ocasión llegó a solicitar 30 mil rifles al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Violando la ley, ha ejecutado liberaciones masivas de más de 500 detenidos en los últimos años. Como mínimo ha incorporado a 300 presos a la Policía Nacional Bolivariana.
La guerrilla
Informes de inteligencia colombianos calculan en 1.500 sujetos la presencia de las disidencias de la Fuerza Armada de Revolución de Colombia, FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Venezuela. Para los expertos, la guerrilla colombiana es sin duda, el sector armado no estatal más poderoso en el país. Encabezada por el ELN, fortalecida y convertida en los últimos años en ejército binacional, cuenta con sofisticados equipos y armamento que, aprovechando la desmovilización de la FARC y soportados en la alianza con Maduro, se ha extendido por casi toda Venezuela. Luego, en tanto fortaleza, está la disidencia de la FARC liderada por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, quien manda en El Arauca, con el recorrido por Apure y Táchira; también está en el estado Amazonas. Gentil Duarte se rebeló contra la Segunda Marquetalia liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, lo que generó un enfrentamiento que involucró a la Fuerza Armada venezolana la cual se vio sorprendida y doblegada entre marzo y mayo de 2021. En medio de ese proceso, Santrich fue asesinado el 17 de mayo en el lado venezolano de la Serranía de Perijá sin que aún se conozca si lo ejecutó Gentil Duarte o un comando enviado desde Colombia. El tercer grupo guerrillero es la Segunda Marquetalia, restos de una FARC que estableció vínculos sólidos con el chavismo que siempre lo ha protegido.
Documentos de la computadora de Gentil Duarte publicados a mediados de agosto de 2021 por la revista Semana de Colombia, hicieron recordar los pactos que desde 1999 Chávez manejó a través de Rodríguez Chacín con la guerrilla. En el texto periodístico de la revista, Gentil Duarte propone a Maduro ciertas condiciones para la permanencia y tránsito por los estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. La petición puede entenderse como un gesto de buena voluntad para convivir el cual tiene su precio: “5 mil fusiles, 500 ametralladoras, 50 morteros, sistemas antitanques, sistemas nocturnos y armas cortas”, registra la publicación. Gentil Duarte señala como enemigos a los mismos que así califica Maduro: Colombia y Estados Unidos, y promete luchar contra ellos.
El narcotráfico
Un quinto grupo armado no estatal fue incluido en el estudio de Insight Crime. Se trata de los narcotraficantes con presencia en Venezuela y que con el chavismo se han fortalecido y asociado con las bandas de droga colombiana. Son los carteles de La Guajira y Paraguaná. El informe refiere que en las últimas dos décadas ha habido una creciente participación de las estructuras criminales venezolanas en el negocio. En la operación, las entidades locales ofrecen servicios a los distribuidores de droga colombianos, pero también están comprando y vendiendo cargamentos de cocaína, y organizando el transporte más allá de las costas venezolanas. Debe destacarse que el estudio no incluyó al Cartel de los Soles porque esta organización criminal “opera directamente dentro del Estado” con una estructura compleja de muchas redes con participación protagónica de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, activos y retirados de distinto nivel y funcionarios civiles de muchas instituciones gubernamentales que ofrecen logística, transporte, seguridad y apoyo para la distribución a los carteles de la droga. Los investigadores ubican al Cartel de los Soles como la red de narcotráfico más poderosa de Venezuela.
Permiso para matar
Los funcionarios del régimen protegen, facilitan las actividades e incluso actúan en sociedad en los negocios ilícitos con los grupos armados no estatales, situación única en América Latina donde los gobiernos persiguen a los criminales.
Son los jefes del chavismo los que manejan los hilos de la organización criminal que, con la imposición del miedo, intimida, extorsiona, amenaza o agrede a la población con un objetivo fundamental: evitar cualquier asomo de protestas contra Maduro para preservarle su poder que conlleva mucho dinero. Nadie debe dudar que la jerarquía del régimen disfruta de ingentes ingresos mientras el país se empobrece.
Los cinco grupos armados de la anterior clasificación cuentan con la complicidad circunstancial o permanente de miembros de la élite del poder nacional y regional. Se trata de una relación publicitada, una sinergia en la que representantes de los distintos poderes se funden en una sociedad que coloca a las instituciones al servicio del crimen. En esta realidad el ciudadano está indefenso en ausencia de estado de derecho. Se premia al criminal que no oculta sus privilegios.
Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra llevan la batuta para certificar las corporaciones criminales. La línea continúa con Diosdado Cabello, vicepresidente del partido oficialista PSUV; Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial de Economía; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Poder Ejecutivo, y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, pasando por decenas de personajes conocidos por su inocultable relación con poderosos grupos delictivos. Por su violencia destaca Iris Varela, exministra de Prisiones que declaró en 2019, “si nos amenazan con 5 mil marines, nosotros tenemos 45 mil presos”. Varela ha llegado a organizar ataques de delincuentes contra movilizaciones opositoras. Por su lado, Antonio “El Potro” Álvarez se comporta como una especie de embajador de los pranes de las cárceles desde donde ha trascendido su mediación en casos de secuestros. Carmen Meléndez representante del oficialismo para la alcaldía de Caracas y miembro del clan presidencial, y Freddy Bernal, virtual gobernador de Táchira por aclamación de la guerrilla y aliado de Diosdado Cabello, se suman a la corte de mandatarios regionales y demás funcionarios protectores de delincuentes sin importar cuán sanguinarios sean.
Informes de seguridad confirman que Venezuela es hoy una zona ocupada por grupos armados no estatales que operan como organizaciones criminales y que en muchos casos han llegado a ejercer las funciones de gobierno.
Es preciso destacar el efecto geopolítico de las acciones de los grupos armados no estatales en territorio venezolano. Los expertos consideran que además de los Estados, otros actores como los grupos irregulares o los terroristas son capaces de generar Zonas Grises dentro de otros Estados, -el Dáesh en 2014, cuando el grupo Estado Islámico lanzó ofensiva contra ejércitos de Irak y Siria-, o el Hezbollah contra Israel.
Sin pretender ocultarlo, Maduro ha apuntalado a los grupos armados no estatales y ha estimulado sus actividades criminales convencido de que también podrían operar como su sistema de defensa frente a una reacción internacional.
Morir de hambre
Una noticia causó estupor el 29 de octubre de 2020: Silvia Margarita Sandoval Armas de 72 años y su hermano Rafael David de 73, fueron encontrados muertos por inanición en su apartamento ubicado en Puente Hierro, Caracas. Morir por hambre no era un titular que cabía en la imaginación de los venezolanos, pero la crisis económica guiada por el chavismo ha obligado a colocar nombres en un registro impensable para un país que hasta hace menos de 20 años desbordaba en riquezas. Los ancianos fallecidos vivían solos, dependían de los alimentos suministrados por los vecinos ya que la pensión de 1,61 dólares se esfumaba en la inflación. Ella fue quien primero se desvaneció. Cayó al piso en la cocina sin que su hermano tuviera fuerza para levantarla. Rafael murió en su cuarto 12 horas después, indicaron cálculos forenses.
El hambre también azota a los niños. Los investigadores de Proyecto Encovi, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, registraron en 2020 que 30% (639 mil) de los niños menores de 5 años presentaba desnutrición crónica (por talla o estatura) y 21% (447 mil) desnutrición global (por indicador peso/edad). Estos niveles nutricionales están en el renglón de los países más pobres del mundo.
Ruinas hipotecadas, eso queda de Venezuela. La pregunta es recurrente: ¿Cómo un país tan próspero se ha derrumbado así? Nicolás Maduro ha llevado al país a la agonía y ha sido el ejecutor de convertir un Estado centrofederal con un gobierno democrático, en un Estado fallido donde lo ilegal está por encima de lo legal. Esta deformación está lejos de ser casual. Se trata de un régimen voraz del financiamiento necesario para mantenerse en el poder, donde su jerarquía amoral participa en la repartición de los negocios que, si son oscuros mejor, y que ofertó al país a los grupos delictivos y a los países interesados en contrastar con Estados Unidos.
Maduro subastó Venezuela a la criminalidad y Miraflores se mantiene con actividades ilícitas. La dinámica calza con lo que el exgobernador y exministro Carlos Tablante ha definido como Estado Delincuente. “Un partido único, un pensamiento único, la ausencia de los poderes, la sustitución sistemática del orden legal y constitucional por un orden arbitrario impuesto por el autócrata, en un ambiente de impunidad para el delito”.
La pobreza extendida
Mientras la élite chavista se amalgama con la corrupción para mantenerse en el poder y multiplica riquezas incalculables compartidas con mafias poderosas y otros países aliados, la pérdida de los ingresos desde que Maduro ocupa Miraflores es de 98,6%. Es decir, 50 mil
millones de dólares se redujeron a 743 millones. El sistema productivo se desintegró.
Los números son devastadores. Cálculos de la encuesta de Encovi realizada por las universidades más importantes del país situó para 2021 la pobreza general en 96% y 79.3% la pobreza extrema.
Y aunque Maduro haya asegurado con la mano en el corazón que la pobreza general apenas está en 17% y la extrema en 4%, estudios con credibilidad lo desmienten. El informe global del Fondo Monetario internacional de abril de 2021 indica que Venezuela tiene uno de los peores resultados económicos del planeta. Según los expertos, la caída acumulada de su PIB no tiene comparación en el mundo con ninguna nación.
Los servicios públicos no sirven
El deterioro de vida que sufre el ciudadano es inocultable. Tres cuartas partes del país tiene déficit de servicios públicos. En algunos estados el abandono es casi total como Delta Amacuro cuya deficiencia es de 99.9%.
Un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos arrojó que 75% de los hogares no recibe agua de manera continua. Hoy se distribuye la mitad del agua que se producía 22 años atrás. Es una maldad el abandono a una infraestructura que era de excelente calidad y que nunca en 20 años recibió mantenimiento, ni su tecnología fue renovada. El personal técnico fue suplantado por funcionarios seleccionados por su obediencia al régimen con nivel cero de capacitación.
Una de las alternativas ideadas por la administración de Maduro terminó en otro acto de corrupción esta vez con la empresa mexicana Libre Abordo SA a la que compraron 552 camiones cisterna que pagaron con un sobreprecio de 256 millones de dólares, según denunció la ONG, Monitor Ciudad.
El negocio de los camiones cisterna también ha sido dirigido para favorecer el financiamiento de los colectivos, grupos armados no estatales, según denunció el sacerdote jesuita, párroco de La Vega, Alfredo Infante. Algo parecido en beneficio de los iraníes, denunció el arzobispo de San Cristóbal, estado Táchira, Monseñor Mario Moronta.
En la oscuridad
El régimen ha sido creativo para inventar versiones que tratan de justificar la crisis del sector eléctrico. Han culpado a una fauna variada, desde zamuros hasta iguanas, aunque su versión favorita ha sido apuntar a una conspiración internacional. Lejos quedó una Venezuela que exportó energía hidroeléctrica y termoeléctrica a Colombia, Brasil y Trinidad.
La larga lista de razones para el declive del sistema eléctrico del país la encabeza indiscutiblemente la corrupción y a partir de allí se han acumulado problemas que han hundido al sector que carece de personal capacitado.
En la corrupción del sistema eléctrico la empresa Derwick Associates quedó en el registro de la vergüenza anexando el neologismo de bolichico, bautizado así por la corta de edad de sus propietarios, Alejandro Betancourt de 29 años y Pedro Trebbau de 26 que, sin experiencia en la materia, lograron en solo 14 meses, entre 2009 y 2011, ganancias por contratos con empresas públicas como mínimo por 2 mil 500 millones de dólares. Los contratos fueron entregados sin licitación.
¿El resultado? Para julio 2021, en más de la mitad del país el servicio eléctrico fallaba todas las semanas. En los lugares menos poblados la situación es dramáticamente peor.
La educación derrumbada
La educación venezolana confronta una emergencia humanitaria compleja. La cobertura educativa se ha estancado y la demanda potencial de educación se ha reducido. La asistencia es irregular y casi millón y medio de adolescentes están en riesgo de exclusión definitiva del sistema. Los jóvenes y niños se ausentan por razones que patentan la crisis: problemas de agua, apagones eléctricos, escasez de comida, fallas de transporte y ausencia de docentes. Solo entre 2015 y 2020 más de 100 mil docentes abandonaron el sistema educativo.
El deterioro del espacio físico tampoco ayuda. La falta de mantenimiento de la infraestructura, el nulo equipamiento y dotación en los planteles, ha reducido el número de escuelas operativas en el país.
La tragedia se extiende a las universidades.
Comenzando la tarde del 17 junio de 2020 se vino abajo la porción de una obra maestra, así declarada en diciembre del 2000 al ser designada la Universidad Central de Venezuela Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. El techo de uno de sus pasillos, ubicado frente a la Facultad de Humanidades, se había derrumbado.
En la memoria colectiva está que Venezuela fue puntero en el desarrollo de universidades en Suramérica.
Cinco universidades autónomas resisten en agonía mientras son diariamente saqueadas por la delincuencia, penetradas por los organismos de seguridad, asfixiadas sin recursos. Los estudiantes y profesores rebeldes son agredidos, amenazados y detenidos incluso por organismos militares. La injerencia del Poder Judicial ha impedido la renovación autónoma de las autoridades. Todo gesto de independencia tiene como reacción la evidente decisión de una dictadura que desprecia el conocimiento. A las universidades privadas la crisis también las ha secado.
La libertad académica ha sido erosionada porque el objetivo es el control político de los programas educativos y de investigación, por lo tanto, el régimen ha aplicado la tenaza para asfixiar a las casas de estudio, cortándoles el presupuesto. En esas condiciones es imposible sostener la infraestructura en pie, o comprar equipos, muchísimo menos capacitar al personal docente.
A las universidades solo les es aprobado entre 1% y 30% por ciento del monto solicitado, y de ese monto, 90% es destinado a los salarios. El trabajo académico queda anulado.
El efecto tiene un rebote dramático Un Informe del Proyecto de Monitoreo de la Libertad Académica de Scholars at Risk, refiere cómo “la producción de investigación en Venezuela, los artículos publicados y su lugar en los rankings universitarios internacionales han disminuido significativamente”.
La andanada contra las universidades le ha dado frutos a la dictadura que a toda costa quiere impedir la libertad de pensamiento y el mínimo intercambio de ideas.
Aún así las universidades resisten, aunque nada indica que la situación vaya a mejorar.
Tiros de gracia
El asesinato del inspector, experto en vuelo, paracaidista y buzo de combate Oscar Pérez, casi fue transmitido en vivo. Su ejecución forma parte del expediente que el fiscal Kharim Khan ha impulsado a su fase de investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El extenso dossier acumula delitos de un régimen sanguinario con la documentación de más de 2 mil violaciones graves a los derechos humanos planificadas y ejecutadas por la élite del régimen y los jefes de organismos de seguridad.
Oscar Pérez tuvo una hoja impecable durante los 15 años en los que formó parte del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Una vez que se pronunció en junio de 2017 contra Maduro, el régimen lo sentenció. Eran días de protestas antigubernamentales. Siete meses después de haber retado a la dictadura, el 15 de enero de 2018, la casa donde se encontraba en la clandestinidad en El Junquito en las afueras de Caracas, fue atacada en una
acción de siete fuerzas especiales de seguridad civiles y militares que llegaron a utilizar un misil RPG-7, a pesar de que Pérez, junto a seis miembros de su grupo, había anunciado su rendición. El fiscal Karim Khan tiene en sus manos las pruebas de que Oscar Pérez y sus compañeros fueron ajusticiados con tiros en la cabeza y que nunca hubo enfrentamiento.
Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela concluyeron en que por lo menos 18.093 ejecuciones extrajudiciales han sido llevadas a cabo por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos. Se trata del uso sistemático de la violencia desde 2014 con el fin de reprimir a la oposición política y aterrorizar a la población. 45 funcionarios estarían directamente involucrados.
La evidencia según los expertos es aterradora. Asesinatos sistemáticos, torturas y violencias sexuales, habrían sido cometidos a partir de órdenes emitidas desde lo más alto: Nicolás Maduro y miembros del Ejecutivo, y las cabezas de organismos de seguridad.
Venezuela huye en estampida
César no conocía a Irma cuando decidió levantar su cuerpo desvanecido y cruzarlo sobre su hombro derecho mientras atravesaba al río Grande entre la frontera de México y Estados Unidos. Entrenado para el deporte, en especial el béisbol, pudo zanquear las frías aguas sin mayor problema. La patrulla fronteriza de Texas los esperaba igual que a casi 100 venezolanos que ese 26 de mayo de 2021 se habían arriesgado a entrar a EE.UU. de manera irregular huyendo de la dictadura y la crisis económica en Venezuela. César Padrón con 24 años nació en Maracaibo y la señora Irma de 72 también. La imagen grabada por el fotógrafo Go Nakamura de la agencia Reuters le dio la vuelta al mundo.
Las alarmas le sonaron al régimen de Maduro de inmediato y el plan para desacreditar la escena se activó en todos sus niveles.
A las pocas horas las cuentas oficialistas se referían a supuestos viajes frecuentes de César a Miami y calificaban la noticia como una operación mediática para sobredimensionar la crisis humanitaria enfocada en hacer propaganda para canalizar un cambio de régimen. La narrativa de las fuentes oficialistas trató de poner en duda la veracidad de la imagen: “es falsa, allí hay muchos cocodrilos; esas travesías se hacen de noche; la patrulla fronteriza los trató demasiado bien; qué casualidad que los periodistas estaban exactamente a la hora y lugar de los ingresos irregulares”. En paralelo, atribuyeron el video a un plan de Reuters, Fox, y otros medios norteamericanos y portales venezolanos. “La gente cruza el río y sale seca”, comentó burlándose Diosdado Cabello, segundo jefe del partido oficialista, PSUV.
Este reportaje continuará en una próxima entrega, puedes leerlo completo en el siguiente link