Miles de personas, la mayoría policías, se manifestaron este sábado en Madrid contra una reforma legal impulsada por el Gobierno español que, a juicio de los sindicatos policiales, deja desprotegidos a los agentes.
La reforma de la conocida como “ley mordaza”, aprobada por el anterior Ejecutivo conservador, provocará que deje de ser infracción grave la toma y difusión de imágenes de los agentes en determinadas circunstancias, un punto que se ha convertido en el principal motivo de polémica entre el Gobierno de izquierdas, la oposición y sindicatos policiales.
Con el lema “No a la inseguridad ciudadana” y con un tiempo frío y lluvioso, la marcha de policías nacionales, regionales y locales y de guardias civiles recorrió el centro de la capital de España con gritos contra el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, banderas españolas, algunas bengalas y grupos de música.
El Gobierno estimó unos 20.000 los asistentes, mientras que los convocantes elevaron la cifra a 150.000 manifestantes.
El portavoz del sindicato mayoritario de la Policía española (Jupol), Pablo Pérez, reclamó al Ejecutivo de coalición entre el Partido Socialista y la formación de izquierda Unidas Podemos que escuche a los policías antes de aprobar una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que consideran que favorece al delincuente, cuestiona el principio de autoridad de los agentes y transmite un mensaje de impunidad.
“Nos sentimos más desprotegidos de lo que estábamos anteriormente porque se pierde el principio de autoridad y se merma la capacidad operativa en la calle”, denunció, pues “un particular va a poder difundir esas imágenes con el riesgo que va a conllevar” porque “la difusión de nuestras caras en nuestra operativa nos va a marcar tanto a nosotros como a nuestras familias”.
Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, defendió que la reforma busca devolver libertades y derechos a la ciudadanía, “protegiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y garantizando el libre ejercicio de su responsabilidad”, pues “tendrán seguridad jurídica”.
Los socios de Gobierno argumentan que la “ley mordaza” fue aprobada en 2015 con el conservador Mariano Rajoy como presidente con el objetivo de evitar protestas contra una serie de recortes sociales durante su gestión, dificultando derechos fundamentales como el de manifestación al introducir fuertes sanciones por grabar a los agentes, y subrayan que la reforma concuerda con recomendaciones de órganos nacionales e incluso internaciones como el Consejo de Europa.
A la protesta asistieron los líderes del conservador Partido Popular, Pablo Casado, principal fuerza de oposición; el ultraderechista Vox, Santiago Abascal; y el liberal Ciudadanos, Inés Arrimadas.
EFE.