En enero de 2018 Aurelia Brouwers, una joven neerlandesa de 29 años, escribió en Facebook “Me estoy preparando para mi viaje. Gracias por todo. A partir de ahora no estaré disponible”. Así lo reseñó BBC Mundo.
Cuatro horas después, Brouwers se recostó en su cama y, rodeada de amigos, bebió un compuesto tóxico, recetado por su médico, para morir.
La muerte de Aurelia, en la ciudad de Deventer, Países Bajos, ocurrió un mes después de que el Estado le otorgara el derecho a morir bajo la ley de eutanasia y suicidio asistido, que permite la terminación de la vida cuando hay “sufrimiento insoportable e intratable”.
Pero Aurelia no sufría una enfermedad terminal.
A la joven neerlandesa se le permitió poner fin a su vida debido al “sufrimiento psicológico insoportable” de sus trastornos mentales, incluidos, ansiedad, depresión y psicosis.
La eutanasia está permitida en siete países y el procedimiento se practica principalmente en personas con enfermedades terminales como cáncer, donde el paciente tiene meses o semanas de vida.
Pero en cuatro de éstos países -Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y recientemente España- se permite el procedimiento para personas con enfermedades mentales, como depresión, ansiedad o trastornos de la personalidad.
(Canadá votó en marzo para permitir la eutanasia para enfermedades mentales a partir de marzo de 2023).
Igual que ocurrió en 2018 con la muerte de Aurelia, el asunto de la “eutanasia psiquiátrica” ha provocado un feroz debate en la comunidad médica de España y Canadá.
Y ha enfrentado a quienes afirman que una enfermedad mental puede causar tanto sufrimiento e incapacidad como una enfermedad física, y quienes apuntan que hay tratamientos para curar estos trastornos y no se debe ayudar a morir a estas personas.
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