La presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) y docente venezolana, Gricelda Sánchez, denunció este lunes la persecución contra los maestros y líderes sindicales del gremio, así como el estado de abandono en el que se encuentran quienes ejercen esta profesión en el país.
“Los estudiantes siguen sin poder movilizarse para asistir a los centros educativos, el 80 % de las escuelas se encuentran sin servicios de agua y luz, con docentes mal pagados y con una alta migración a otras profesiones u oficios, con un sueldo de maestro nadie puede vivir en Venezuela”, apuntó Sánchez en un balance enviado por la organización.
La docente se refirió también a la persecución que, aseguró, sufren los maestros venezolanos que alzan su voz para reclamar mejoras y citó como ejemplo al profesor Robert Franco, quien lleva un año detenido, acusado de un supuesto complot para impedir la instalación del Parlamento chavista.
“Ahora, no solo condenan a los profesores a un salario de hambre, sino que también son perseguidos, torturados y encarcelados”, señaló la líder sindical.
Agregó que, a lo largo del año 2021, Fordisi ha levantado denuncias de docentes suspendidos y con sueldos caídos en los estados Táchira, Amazonas, Miranda, Portuguesa, Barinas, Trujillo y Caracas que han salido a protestar o que no cuentan con recursos para retornar a las aulas.
Además, denunció que el Ministerio de Educación chavista incumple con las fechas de pago establecidas en la contratación colectiva y que los docentes venezolanos no cuentan con una póliza de salud que les permita mitigar los padecimientos en medio de la pandemia por la covid-19.
“Los docentes estamos desasistidos por parte del patrono. Un simple tratamiento para el covid-19, por ejemplo, puede superar los 100 dólares, mientras que una recarga de oxígeno oscila entre los 30 y 40 dólares, cifras exorbitantes al ser comparadas con los 10 dólares que los docentes ganamos en un mes”, aclaró Sánchez.
En Venezuela, las clases presenciales fueron suspendidas en marzo de 2020 y retornaron el pasado 25 de octubre, por orden del Ejecutivo.
Durante los 19 meses de cierre, los docentes y profesores mantuvieron las protestas por los bajos salarios, la incapacidad de dictar clases a distancia y las malas condiciones que, según denuncian, tienen los centros escolares. EFE