Julio Castellanos: ¿Qué pasa con el transporte público en Libertador?

Una vecina de La Arenosa me informa que los camiones y “la perrera” (si señores, para esa zona no hay muchas busetas) empezaron a cobrar el equivalente a un dólar el pasaje. Ahora, ella tiene que ir ida y vuelta a su trabajo de lunes a viernes gastando 10$ de los 25$ que gana semanalmente. Por lo que sabemos, que es poco considerando la crónica ausencia de transparencia del gobierno municipal, aún no hay decreto, ni resolución, ni acto administrativo alguno que autorice dicho incremento. Conforme a la legislación vigente, la tarifa del transporte público debe ser fijada por la autoridad municipal, por tanto, ¿Quién autorizó el aumento de la tarifa?. No solo en esa ruta se presenta esa irregularidad, ocurre lo mismo en las rutas Campo Carabobo – Tocuyito, Tocuyito – Santa Rosa y Carretera Vieja – Tocuyito.

La alcaldía debe tener funcionarios que efectúen la fiscalización a los operadores del transporte público y proceder, en caso de irregularidades, a la suspensión de las cooperativas y transportistas que contravengan las normas vigentes. Si esto no ocurre, dejamos expuestos a los pasajeros a los abusos y a que sus ya exiguos salarios se vuelvan sal y agua pagando pasaje. Este problema tiene, al menos, dos dimensiones que atender: corto y mediano plazo.

En el corto plazo, el gobierno municipal debe ser responsable de hacer efectiva la observancia del tarifario vigente. No hay opciones, la ley y las ordenanzas existen para ser cumplidas, eso no es un asunto de “conciencia”, “solidaridad” o “principios”, el gobierno debe hacer cumplir las tarifas aprobadas y sancionar a quienes ejecuten incrementos no autorizados, caso contrario, el alcalde estaría abandonando sus funciones y atribuciones. En el mediano plazo, el gobierno municipal debe establecer una mesa de negociación con las cooperativas de transporte a los fines de aprobar un régimen tarifario que se ajuste a los costes del servicio y a la realidad inflacionaria del país. La idea es que estas tarifas deben ser, sino económicas, al menos estables y razonables.

Esas negociaciones entre el gobierno municipal y las cooperativas de transporte deberían incorporar la voz de los usuarios. El mecanismo adecuado bien podría ser la conformación de Comités de Usuarios, es decir, la elección de vecinos que gocen de independencia, puedan representar a sus vecinos y emitir su voz en las deliberaciones. Si estas discusiones son públicas, pues mejor.

La nueva gestión municipal se ha visto particularmente interesada en la instalación de luces navideñas y conciertos, ya es momento que comience a gobernar y enfrentar los problemas concretos que afectan a la población de forma cotidiana. Recuérdese, un transporte público costoso y deficiente puede impedir a los vecinos asistir a sus trabajos, acceder a servicios educativos y sanitarios y, lógicamente, verse privados del derecho a la ciudad. Desde nuestra perspectiva de peatón, estos asuntos son urgentes y no se puede seguir postergando su solución tan irresponsablemente.

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica