Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves en su informe anual que la Policía chilena todavía requiere “cambios sustanciales” en sus protocolos para reprimir las manifestaciones, algo que la ONG lleva denunciando desde la ola de masivas marchas de 2019.
“Chile ha dado los primeros pasos para reformar la Policía nacional, Carabineros, tras las denuncias de graves abusos contra manifestantes en 2019”, señaló la organización.
Sin embargo, “todavía se necesitan cambios sustanciales en el sistema y protocolos disciplinarios”, agregó el documento.
Entre 2019 y 2020, Chile vivió una ola de masivas marchas por la igualdad que se saldó con una treintena de fallecidos y miles de heridos, y puso en jaque al cuerpo policial de Carabineros, señalado por diversos organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos en la contención de las multitudes.
En noviembre de 2019, y por recomendación de HRW, la Policía suspendió temporalmente el uso de escopetas antidisturbios, excepto en caso de riesgo mortal; sin embargo, las autoridades actualizaron su protocolo “dejando un amplio margen para el abuso”, denunció la ONG.
El presidente, el conservador Sebastián Piñera, reconoció entonces que hubo “atropellos a los derechos humanos” y se comprometió a reformar el cuerpo policial, que lleva desde entonces en el punto de mira.
“El protocolo actual no especifica qué tipo de munición menos letal se puede usar para disuadir las marchas y permite el mismo tipo de proyectiles que causaron las más de 400 lesiones oculares en 2019 y 2020”, detalló HRW.
Sobre las investigaciones judiciales, la ONG señaló que de las más de 8.500 denuncias por abusos policiales durante las revueltas, solo cinco miembros de Carabineros han sido condenados.
En paralelo, destacó el proceso de redacción de una nueva Constitución que comenzó en 2021 de la mano de una asamblea paritaria y con presencia de ciudadanos independientes e indígenas.
Asimismo, la ONG señaló que Chile también enfrenta “importantes desafíos” en materia de derechos humanos relacionados con las condiciones carcelarias, la protección de los derechos de los migrantes, mujeres, pueblos indígenas y del colectivo LGTB”.
Pese a que desde 2017 es legal abortar en tres circunstancias concretas (inviabilidad fetal, riesgo mortal de la madre y violación), “las personas que buscan abortos seguros y legales continúan enfrentándose a múltiples barreras”, apuntó el texto.
“Los últimos datos gubernamentales muestran que el 18 % de obstetras en hospitales públicos se niegan a practicar abortos cuando la vida de una mujer está en riesgo, 25 % cuando el feto es inviable y casi el 50 % en casos de violación”, concluyó.
EFE