La escena de un grupo de hombres del Eln fuertemente armados patrullando por las calles de Arauquita, Arauca, Colombia, el fin de semana, es solo una muestra de lo que pasa diariamente en el departamento. En este territorio, sus habitantes viven atemorizados, pues están en medio del fuego cruzado de la guerra entre la guerrilla y las disidencias de las Farc.
Por EL TIEMPO
Si bien esta situación no es nueva, se agudizó el fin de semana de Año Nuevo cuando tras unos combates en Venezuela fueron asesinados 23 hombres en territorio colombiano, quienes, presuntamente, serían de las disidencias y abatidos por los elenos.
Desde entonces, el temor de la población civil creció y, dicen desde Tame, Saravena, Arauquita y Fortul, que son los más afectados por el conflicto, que no se puede salir a la calle después de las 6 de la tarde por orden de los grupos ilegales.
Según información que circula en estos cuatro municipios, que son territorios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), hay amenazas por parte de los grupos armados para que las personas no salgan de sus hogares entre las 6 p. m. y las 6 a. m.
“Al parecer es la información que han estado difundiendo porque hay amenazas de que van a haber minas antipersonas por los caños, por los caminos, entonces es la información”, señaló Mayerly Briceño, líder social del municipio de Tame y quien vive en el sector conocido como el Botalón.
De hecho, hasta hace unos días es que las personas están retomando una especie de normalidad, pues los cultivos se están retrasando y la producción no se puede retrasar, ya que es su única fuente de sustento. Así que con miedo, las personas salen a trabajar, pero eso sí, sabiendo que a las 6 p. m. tienen que estar en sus hogares, pues no quisieran encontrarse con ninguno de los dos grupos ilegales a una hora en la que está, por orden de estos grupos, prohibido salir.
Y a esto se suma que los desplazamientos siguen. Según la Procuraduría, 105 familias salieron de sus hogares huyéndola a esta guerra, pero desde Arauca, líderes sociales y organizaciones civiles señalan que el número asciende a 400 familias, quienes salen de las zonas rurales rumbo a los cascos urbanos, pero también están partiendo a Norte de Santander y Casanare, por ejemplo.
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