Los sobrevivientes de una masacre registrada en Guatemala durante 1982 exigieron este sábado el cumplimiento de un fallo emitido en diciembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el que condena al Estado del país centroamericano por la matanza y ordena de igual forma deducir responsabilidades.
En una conferencia de prensa virtual, los familiares de las víctimas y también sobrevivientes de la matanza de la aldea Los Josefinos en 1982 le pidieron al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que investigue la masacre, cometida durante el conflicto armado interno (1960-1996) guatemalteco.
“Se llegó a la corte más importante de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado de Guatemala no ha querido darle respuesta a las víctimas”, aseguró Carlos Martínez, representante de la entidad humanitaria Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que apoyó el proceso legal de las víctimas ante la CorteIDH.
“A día de hoy, el Ministerio Público guatemalteco no ha encaminado las investigaciones”, añadió el jurista.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue emitido el pasado 22 de diciembre en contra del Estado de Guatemala por la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la violación de múltiples derechos de la población durante la masacre en 1982 en la aldea Los Josefinos.
El poblado se encuentra en el municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, donde se llevó a cabo la rueda de prensa este sábado.
HACE 40 AÑOS
La masacre tuvo lugar el 29 y 30 de abril de 1982, en el marco del conflicto armado interno de Guatemala, uno de los más sangrientos de Latinoamérica con más de 245.000 personas asesinadas o desaparecidas, la mayoría a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.
Actualmente, el caso en Guatemala está todavía en etapa de investigación por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Al menos 38 personas fallecieron como consecuencia de la masacre, que obligó a varios miembros de la comunidad a huir a aldeas aledañas o al extranjero.
La matanza en el poblado fue perpetrada por el Ejército de Guatemala supuestamente después de que la guerrilla matara a dos de sus miembros.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una reivindicación de la verdad y de la memoria de las víctimas, y de su derecho a la justicia”, explicó Martínez.
“Hoy inicia un camino para que esta sentencia no se quede en el papel, de modo que el Estado de Guatemala cumpla con lo ordenado”, subrayó el abogado.
La CorteIDH dictaminó, entre sus medidas de reparación por la masacre, la remoción de todos los obstáculos que mantienen la impunidad del caso para así juzgar y sancionar a los responsables de la matanza.
Además, la corte estableció la elaboración de un plan detallado para la búsqueda de los miembros de la aldea desaparecidos forzadamente, así como para la localización, exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas.
EFE.