Un grupo de tres legisladores demócratas presentaron un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Congreso, crearía una Corte de Inmigración independiente que operará sin las órdenes del Departamento de Justicia (DOJ), como lo hace desde cuando fue creada en 1983.
Por Univision
La iniciativa, denominada The Real Courts, Rule of Law Act of 2022 (Tribunales Reales, Ley de Estado de Derecho 2022), busca garantizar que los tribunales de inmigración “sean administrados por jueces calificados e imparciales”, señala la propuesta.
Actualmente la Oficina de revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) opera bajo el mandato del fiscal general y el Sindicato Nacional de Jueces de Inmigración fue descertificado para operar como sindicato, convirtiéndolos en empleados del DOJ.
La iniciativa fue entregada el jueves al subcomité de inmigración de la Cámara de Representantes por los congresistas demócratas Zoe Lofgren (California), el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Jerrold Nadler (Nueva York) y el presidente del Subcomité de Tribunales, Propiedad Intelectual e Internet, Hank Johnson (Georgia).
El proyecto también busca contar con recursos judiciales y servicios de apoyo adecuados, y pretende garantizar la transparencia, integridad y solvencia de la Corte para garantizar la total independencia del debido proceso migratorio.
Detalles de la iniciativa
Los autores de la propuesta indican que la Corte debe convertirse en “un poder judicial independiente de conformidad con el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos”, un reclamo que durante años viene haciendo la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).
“Garantizará además que los tribunales de inmigración sean administrados por jueces calificados e imparciales, contará con recursos judiciales y servicios de apoyo adecuados, será transparente e íntegro, y económicamente independientes”, precisa la iniciativa.
“Un sello distintivo de nuestro sistema de democracia y estado de derecho es un poder judicial independiente. Nuestro sistema judicial de inmigración nunca será efectivo mientras esté bajo el control del Departamento de Justicia”, dijo Lofgren.
Los jueces de inmigración no son funcionarios judiciales, “son abogados designados por el principal fiscal de la nación, el fiscal general. Como empleados del Departamento de Justicia, los jueces de inmigración están a cargo de adjudicar casos de acuerdo con las políticas y prioridades de la administración gobernante. Cada Administración, demócrata y republicana ha utilizado los tribunales de inmigración como un mecanismo para dar forma a la política de inmigración”, indicaron los autores de la ley.
Reclamo pendiente
Desde hace varios años la NAIJ viene presionando al Departamento de Justicia para convertir a la Corte en un tribunal independiente, pero los reclamos no han sido escuchados por los gobiernos de turno.
En 2019 el DOJ del entonces presidente Donald Trump lanzó una estrategia para “descertificar” a la NAIJ, maniobra que buscaba “silenciar a una organización cuyos miembros han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno, conocida como ‘tolerancia cero’”.
El DOJ presentó una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados “funcionarios administrativos” no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del DOJ.
La autoridad en un primer fallo negó la petición del gobierno. Pero en un segundo fallo revirtió la decisión y la semana pasada la ratificó, a pesar de que el gobierno de Joe Biden abandonó el año pasado la disputa iniciada por su antecesor.
Atasco histórico
La propuesta de ley asoma poco después que la Corte registró una nueva marca con 1,6 millones de casos acumulados y unos 600 jueces.
Para Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ y exjueza de inmigración en San Francisco, la única solución duradera al problema del atasco “es que el Tribunal de Inmigración sea eliminado del DOJ y reorganizado como un Tribunal del Artículo I, como un Tribunal Fiscal”.
“Esto aislaría a la Corte de las presiones políticas que resultan en cambios en los expedientes y la falta de recursos adecuados para los tribunales de Inmigración”, agrega. “Pero eso está en manos del Congreso”.
Abogados consultados por Univision Noticias coinciden además en que, el gigantesco atasco en la EOIR genera enormes esperas en los procesos y algunos casos tardan más de tres años en ser resueltos.
“Si el atasco sigue creciendo, significa que los demandados ante los tribunales tendrán que esperar mucho más tiempo para que se escuchen sus casos”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerció 15 años como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia.
Este escenario “les atrasa el debido proceso a los inmigrantes, y por lo tanto, la justicia”.
Dijo además que como resultado de las crecientes demoras, “cientos de miles de los inmigrantes quedarán en un estado de limbo legal por más de tres años en promedio, con otros muchos más (si la acumulación sigue creciendo)”. Y que los tribunales con más volumen de casos atrasados “están experimentando tiempos de espera de cinco a seis años”.
Le dan la bienvenida
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 15,000 miembros a nivel nacional, le dio la bienvenida al proyecto de ley para crear un tribunal de inmigración independiente.
“Esta legislación es un paso extremadamente importante hacia un sistema judicial que garantizará la justicia para los inmigrantes cuando enfrenten resultados de vida o muerte en sus casos”, dijo, Jeremy McKinney, presidente electo de la Asociación.
“Los problemas profundos y de larga data han obstaculizado la capacidad de los tribunales de inmigración para dictar decisiones oportunas y justas y socavó la confianza del público en el sistema”, agregó.
McKinney dijo además que “los tribunales, ubicados en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, han sido controlados por el Departamento de Justicia, lo que los hace vulnerables a la interferencia del poder ejecutivo”.
A su vez, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “durante años AILA ha abogado por una corte de inmigración independiente y esta legislación es un paso hacia adelante largamente esperado en este esfuerzo”.
“Vimos en la Administración Trump, y también en gobiernos anteriores, que las decisiones tomadas en nuestros tribunales de inmigración estaban sujetos a políticas partidistas y objetivos de políticas que nunca deberían entrometerse en la esfera judicial”, agregó.
“Necesitamos un tribunal del Artículo I completamente independiente que sea imparcial, independiente y libre de presiones políticas”, precisó Johnson.