Además del supuesto uso político de la liberación de secuestrados en manos de las Farc, la Corte Suprema de Justicia indaga a la exsenadora Piedad Córdoba -candidata del Pacto Histórico al Congreso-, por supuestos giros desde Venezuela, que habrían ingresado a su campaña de 2010.
Por: El Tiempo
Córdoba y su defensa han negado enfáticamente ambos señalamientos que atribuyen a un complot político en su contra, y a un “testimonio viciado y sin elemento probatorio alguno”, de su exasesor Andrés Vásquez Moreno.
El 11 y 12 de octubre de 2021, Vásquez Moreno, residente en Miami, le entregó al alto tribunal información que empata con los 10.514 correos, documentos en la web y chats intervenidos con orden legal en el 2009.
Tal como EL TIEMPO lo reveló en su momento, en un intercambio de mensajes, dos asesores de Córdoba (Vásquez Moreno y Ricardo Montenegro) hablaban de cómo justificar el ingreso de unos dineros que supuestamente llegaban desde el vecino país.
En el intercambio de mensajes también apareció Nilton Polanco Lasso, un hombre nacido en Chaparral, Tolima, que abrió en Bogotá un clon de la empresa Led Media, vinculada a los empresarios venezolanos Carlos Balilla Battistini y José Antonio Battistini.
En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Polanco dijo este fin de semana que, por instrucciones desde el vecino país, había mandado a hacer 2.000 camisetas rojas para la campaña de Piedad Córdoba.
También admitió que en varias ocasiones fue al apartamento de la hoy candidata, y la vio moverse en vuelos chárter, que se pagaban con cheques, en compañía de los empresarios venezolanos.
Sin embargo, dijo que desconocía los negocios que pudieran tener Córdoba y los dueños de Led Media. Y negó haber recibido 300.000 dólares como dicen los correos.
El nuevo testimonio
Dentro de ese mismo filón de la investigación, EL TIEMPO estableció que este lunes 21 de febrero, está citado a declarar otro de los mencionados en los correos: Ricardo Montenegro.
Montenegro, abogado de profesión, arrancó su carrera política como miembro de las juventudes liberales en la costa. Hacia 2008 se convirtió en asesor de Piedad Córdoba, y para las elecciones de 2010 ya era su fórmula a la Cámara.
Montenegro aparece intercambiando chats con Vásquez, uno de ellos del 18 de septiembre de 2009. Para ese momento estaban en plena campaña a Congreso.
Vásquez le dijo a Montenegro que debían gastar 600 mil dólares “en todos los eventos”. Cuando Montenegro comenta que se trata de mucho dinero (1.200 millones de pesos), Vásquez responde que se pueden poner no una, sino “dos personas por localidad, para subir costos”.
EL TIEMPO estableció que Montenegro ya había sido citado a declarar en la Procuraduría. Sin embargo, allí la indagación se centró en los correos que se encontraron en el computador de Raúl Reyes, tras el bombardeo a su campamento (2008), que posteriormente fueron anulados por irregularidades en la obtención de la prueba.
En todo caso, Montenegro, respondió interrogantes como, por ejemplo, si el propósito de la empresa Led Media era entrar recursos desde Venezuela para financiar políticamente a Piedad Córdoba en Colombia.
Las deudas con Saab
En su momento, se indagó el origen de 25 millones de pesos, que entraron a la campaña a la Cámara de Montenegro, y que él aclaró que le habían sido entregados por su fórmula política.
Pero ahora el interés de la Corte es establecer si es cierta la versión según la cual el barranquillero Álex Saab, apareció en escena en 2009 como alternativa de financiación.
Hace dos años, cuando EL TIEMPO le preguntó por primera vez sobre su nexo con el hoy procesado Álex Saab, ficha del régimen de Nicolás Maduro, la excongresista negó tener cualquier negocio conjunto. Y también dijo que era falso que ella se lo hubiera presentado a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro.
Ahora se indagan versiones según las cuales Saab hizo un paquete con los nombres de varios empresarios, él incluido, a los que el régimen les debía 30 millones de dólares.
Córdoba ha negado que ella cobrara una comisión para agilizar esos pagos. Pero eso es lo que se le está preguntando ahora a su entonces círculo de confianza.
“A la baladí injuria de tramitadora o negociante de pagos a empresas colombianas en Venezuela, una vez más pido que se muestre prueba de un solo empresario al que le haya solicitado dinero a cambio del cumplimiento de obligaciones comerciales venezolanas”, ha dicho Córdoba sobre el tema.
No tengo cargo alguno ni poder decisorio en Venezuela más que la imaginación de la ultraderecha continental”, dijo Córdoba a mitad de semana en un comunicado.
En el otro filón de la investigación, el del uso con fines políticos de la liberación de secuestrados, ya testificó Ingrid Betancourt, quien estuvo en uno de los campos de concentración de las Farc , durante seis años.