Tras 8 meses de la detención del activista de los derechos humanos y directivo de Fundaredes, Javier Tarazona, la sociedad civil emprendió acciones de protesta en Táchira para exigir su libertad.
Anggy Polanco // Corresponsal La Patilla
Detrás de una reja para simular la cárcel a la que está siendo sometido el activista, Teresa Sánchez, madre de Tarazona, relató la pesadilla que ha vivido al tener a sus dos hijos presos.
Durante la manifestación pacífica, pidió al Estado venezolano que revise la situación, porque son ellos los que están a cargo de las averiguaciones. “Le pido al Estado venezolano que tenga piedad, que tenga misericordia, porque mis hijos no son ningunos delincuentes, son personas de bien“, exclamó la progenitora del activista.
Teresa Sánchez expuso que sus hijos crecieron con limitaciones, pero crecieron para mejor. “Por eso estas rejas no callarán. Están muchas personas que han pasado por sus manos, a quienes ha instruido y saben el sentimiento que Javier ha tenido por un país que todos necesitamos”, narró Sánchez.
La madre expresó que lo ha podido visitar por un corto tiempo. Destacó que el cuadro de salud de Javier Tarazona es delicado, pues sus familiares han recibido alertas, en vista de que tiene enfermedades de base.
Adolfo Batista, activista de Fundaredes, indicó que son 8 meses de detención arbitraria de Javier Tarazona. Recordó que Tarazona es un reconocido educador tachirense, investigador y destacado promotor de los derechos humanos, que cumple 243 días de injusta detención.
“Las rejas no callarán la verdad. La detención de Javier lo que ha buscado es silenciar su voz, es que Fundaredes no siga haciendo su trabajo en las entidades fronteriza del país, monitoreando y documentado violaciones de derechos humanos”, refirió Batista.
El caso de Javier Tarazona ha sido elevado ante organizaciones nacionales e internacionales para que sea visible. Sin embargo, en 13 oportunidades la fiscalía ha diferido la audiencia preliminar.
“A Javier Tarazona le han violado todos sus derechos”, dijo Batista, quien añadió que el gobierno venezolano le impuso defensores públicos, y en los inicios de su caso le impidieron juramentar abogados privados, por ahora su caso ya está en manos de la organización Foro Penal venezolano, pero todavía no han llamado a juicio. “Pedimos un juicio justo“, dijo el activista.