Un video publicado en redes sociales es investigado por las autoridades, ante el reconocimiento que allí se hace por parte del frente 33 de las disidencias, cuyo cabecilla es alias “Jhon Mechas”, del atentado perpetrado en un Centro de Atención Inmediata (CAI) del sur de Bogotá, Colombia.
Por EL TIEMPO
En el video se mencionan varias acciones que se habrían perpetrado en el país ante el aniversario de la muerte del máximo comandante de la otrora guerrilla de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.
En la grabación, difundida por Noti Tarra, se escucha a un hombre dando un parte de actividades que incluye supuestos bloqueos a pasos viales en Norte de Santander y lanzamiento de explosivos a unidades militares o de policía.
La acción supuestamente reconocida por el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc incluyó, además del atentado en Bogotá que le costó la vida a dos menores de edad, hostigamientos unidades en el municipio de La Gabarra.
Y por adelantado señalan que esas acciones violentas tienen como objetivos a integrantes de la Fuerza Pública.
Ese grupo ya se había atribuido en su momento los atentados del año pasado contra una brigada del Ejército en Cúcuta y contra el helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque.
El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, indicó que al igual que esos dos atentados, en Bogotá se acudió a la contratación de una red de la ciudad para perpetrar el ataque en el sur de la capital del país.
El comunicado de las disidencias, dijo la Policía, coincide con las investigaciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Bogotá.
“Este criminal se refugia en el estado Zulia de Venezuela, desde donde ordena ataques como el perpetrado en Ciudad Bolívar y lo ocurridos el año pasado contra la brigada 30 del Ejército en Cúcuta y contra el helicóptero presidencial”, dijo el oficial.
Y añadió que con el apoyo del FBI se trabaja para dar con su paradero. El Gobierno de Estados Unidos está haciendo una oferta de 5 millones de dólares, mientras Colombia mantiene la recompensa de 3.000 millones de pesos.
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