Singapur ejecutó este miércoles a un preso condenado por narcotráfico en la primera ejecución en dos años en la próspera ciudad-Estado, donde oenegés advierten de que el aforo casi completo en el corredor de la muerte puede acelerar los ahorcamientos.
Abdul Kahar bin Othman, singapurense de 68 años, fue ejecutado a las 6:00 hora local (22:00 GMT del martes), en la prisión de Changi, según confirmaron el abogado de derechos humanos Ravi MRavi y la activista Kirsten Han, coordinadora de la ONG Transformative Justice Collective (Justicia Transformadora Colectiva).
“Las familias de otros prisioneros están hablando de que el funeral va a ocurrir pronto”, afirmó a Efe Han, quien había participado la víspera en una vigilia por el reo a las puertas de la prisión de Changi.
La ejecución de Kahar no ha sido confirmada por las autoridades, que tratan estos temas con opacidad y no suelen más que revelar una lista anual de los ahorcamientos, el método empleado en Singapur, mientras que los activistas dicen que este es el primer ajusticiamiento en la ciudad-Estado en los últimos dos años.
Kahar fue condenado a muerte por dos delitos de narcotráfico en 2015 –por cantidades que en total sumaban 66,77 gramos de diamorfina (heroína)-, y hace una semana su hermano, Mutalib, recibió una carta del servicio de prisiones de Singapur anunciando que la ejecución había sido programada para el 30 de marzo.
“No quiere morir (…) por algo tan estúpido”, dijo Mutalib en una conversación el martes con Transformative Justice Collective que la oenegé publica en su cuenta de Instagram.
“Mañana recogeré su cuerpo y lo enterraré para que empiece su mejor vida (..) Está bien castigar a la gente, pero matarles. Matarles, no”, lamentaba el hombre.
Nacido en el seno de una familia con dificultades económicas, Kahar había pasado gran parte de su vida entre rejas por problemas de drogas, y, tras cumplir una primera sentencia en 2005, intentó rehabilitarse con ayuda especialmente de su hermano, quien lamenta la falta de programas y orientación por parte de las autoridades.
El caso de Kahar ejemplifica, según Han y otros activistas de la semiautocrática isla, los supuestos sesgos contra la población con menos recursos, circunstancia, dicen, compartida por la mayor parte de prisioneros en el corredor de la muerte, donde abundan las condenas por tráfico de drogas.
Transformative Collective Justice y otras oenegés de la región advierten que el aforo en el corredor de la muerte podría estar casi completo, por lo que creen que se podrían acelerar las ejecuciones.
Varios presos han agotado ya los últimos recursos, entre ellos el malasio Nagaenthran Dharmalingam, después de que un tribunal rechazara ayer una apelación basada en la deficiencia intelectual que padece, según diagnósticos médicos, lo que ha suscitado las críticas de la ONU y la UE, entre otros.
Singapur tiene una de las leyes de narcotráfico más draconianas del planeta, estipulando la pena de muerte a partir de los 15 gramos de heroína traficados, mientras organizaciones contra el castigo capital denuncian su inutilidad para frenar el consumo y fomentar la rehabilitación.
EFE