La diputada venezolana Olivia Lozano afirmó este viernes que la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela —anunciada ayer por el fiscal del alto tribunal, Karim Khan— es una oportunidad para impulsar denuncias sobre presuntos delitos de lesa humanidad en el país.
“La instalación de una oficina del fiscal de la CPI es una oportunidad para impulsar denuncias sobre los más de 300 presos políticos en las mazmorras de la dictadura y señalar continuas persecuciones por razones políticas, que configuran delitos de lesa humanidad”, expresó Lozano en su cuenta de Twitter.
Asimismo, dijo que esto permitirá comprobar las “innumerables” violaciones de derechos humanos en el país caribeño, como la “negación a la salud y a la alimentación, ejecuciones extrajudiciales y falta de libertad de expresión, dejando en evidencia las matrices de control social por parte del Estado”.
“Es evidente que la decisión de venir por segunda vez a nuestro país demuestra la genuina preocupación e interés del fiscal Karim Khan y la clara presunción de que en efecto se han cometido delitos de lesa humanidad y que no hay voluntad por parte del Estado para hacer justicia”, añadió, pese a que el tribunal de La Haya todavía no confirmó si existen dichos crímenes.
La apertura de la oficina se producirá gracias a un acuerdo alcanzado entre Khan y Nicolás Maduro, que se reunieron en privado, desde el martes al jueves de esta semana.
“A lo largo de estos últimos tres días (…) las partes han acordado, señor presidente, que mi Fiscalía podrá abrir una oficina aquí en Caracas, es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería, es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí”, señaló Khan.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril del 2017, durante las manifestaciones en todo el país.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
EFE.