La promesa de Nicolás Maduro a los obreros cuando anunció, el 11 de julio de 2016, que su gobierno había decidido tomar la planta de Kimberly Clark en la zona industrial La Hamaca, de Maracay, capital del céntrico estado Aragua, fue taxativa: “Ahora ustedes no van a producir para que se enriquezca otra persona, no. Ustedes van a producir para la felicidad de la mujer, del niño, de la niña, de la familia venezolana, y eso da otra perspectiva humana”.
Por Marcos David Valverde / ArmandoInfo
Dos días antes, de la noche a la mañana, la transnacional estadounidense, fabricante de productos de higiene, principalmente papel sanitario y pañales, había cesado operaciones en Venezuela, según adujo, por falta de materia prima y divisas, así como por los embates del control de precios y la inflación, que según cálculos no oficiales, ese año fue de 254,95 %.
En el mismo mitin, el entonces gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, luego vicepresidente, aseguró que las 12 líneas de producción de la planta estarían activas al finalizar 2016. Dos días más tarde de la arenga del alto gobierno, inevitablemente transmitida por cadena nacional de TV, el entonces ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, anunció también ante las cámaras la “ocupación inmediata de la entidad de trabajo Kimberly Clark por parte de trabajadores”, quienes iban “a seguir produciendo”.
Seis años después, en la planta solo funcionan cuatro líneas cumpliendo a rajatabla la cartilla de la ineficiencia chavista, pues la producción nunca levantó, ni bajo el control del Estado y ni bajo el del “poder comunal”, tras aquella oferta de que los trabajadores serían los grandes administradores y beneficiarios de la toma. De hecho, hoy la planta está prácticamente reducida a la categoría casi de maquiladora y las ganancias quedan en manos de un empresario de nombre Luciano Santos Queroz.
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