Treinta años después de protagonizar un autogolpe de Estado que marcó a fuego la historia de Perú, el expresidente Alberto Fujimori enfrenta la posibilidad de una excarcelación en cumplimiento de un indulto humanitario y, al mismo tiempo, una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por dos causas que podrían bloquear su puesta en libertad.
Aquel 5 de abril de 1992 fue un quiebre de la democracia que llevó a Fujimori, que en las elecciones de 1990 había vencido al escritor Mario Vargas Llosa, a asumir poderes totales tras disolver el Congreso e intervenir en la Judicatura con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Al movimiento de Fujimori contribuyó la deslegitimación de la clase política tradicional, la desastrosa situación económica, el avance de la corrupción y “una sensación de indolencia y de distancia” con la ciudadanía, según comentó a Efe el analista Eduardo Dargent.
A pesar de las tres décadas transcurridas, los peruanos “aún arrastran las consecuencias que ese autogolpe dejó” en términos económicos, políticos y derechos humanos, agregó a Efe la socióloga y analista Gelin Espinoza.
En Perú, sigue vigente la constitución de 1993 que estableció un sistema económico que permitió frenar la crisis de la época, pero, “a lo largo del tiempo, no ha logrado lo que prometía: generar mayores oportunidades” para todos los peruanos, destacó Espinoza.
En el plano político, se consolidó el desprestigio de los partidos y estos ahora son “muy volátiles” y llevan al poder a personas con “perfiles que buscan intereses propios, tienen antecedentes de corrupción e incluso se aprovechan de sus puestos”, añadió.
EL INDULTO DE LA POLÉMICA
A nivel de derechos humanos, Espinoza considera que se ha mantenido “un sentido de impunidad” que se ha reavivado con la posibilidad de que Fujimori pueda ser liberado de la condena a 25 años de cárcel que cumple desde 2009 por crímenes de lesa humanidad, lo que “golpea a las personas que fueron víctimas, los desaparecidos y sus familiares”.
A pesar de ello, el legado del golpe de Estado de 1992 es reivindicado por los seguidores de Fujimori, incluida su hija y heredera política Keiko, quien matiza que fue un episodio “único e irrepetible” en un momento crítico de la historia peruana.
Todo ello en un contexto político marcado por el indulto humanitario a Fujimori, concedido inicialmente en 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kucyznski, que fue restituido en marzo pasado por el Tribunal Constitucional (TC).
Tras la decisión, la herencia de Fujimori tomó forma en el cuerpo de simpatizantes que reclamaban su salida a la puerta de la prisión donde cumple su pena, sin preocuparse de las implicaciones que tiene para la justicia o, incluso, para la herencia de aquel autogolpe.
No obstante, la CorteIDH requirió al Estado peruano que se abstenga de liberarlo, hasta que resuelva las medidas provisionales solicitadas por los familiares de las víctimas en una medida a la que se aferran las organizaciones de derechos humanos como a un clavo ardiendo.
RECHAZO A LA CLASE POLÍTICA
El golpe fue respaldado por muchos peruanos, que manifestaron su rechazo al Congreso y a la clase política en general, ratificaron en un referéndum la Constitución de 1993 y también reeligieron a Fujimori en 1995 y en 2000, aunque en medio de acusaciones de fraude lanzadas por la oposición.
Dargent comentó que “el caldo de cultivo para una alta popularidad del fujimorismo” se sembró con el cierre del Congreso, pero también comenzó “una etapa de antipolítica” que todavía “marca fuertemente” a su país.
Espinoza incidió, por su parte, en el carácter “fundacional” del golpe de Estado en el perfil del régimen y de la propuesta política que el fujimorismo defiende hasta ahora.
“Es con el autogolpe, con el cambio de Constitución, con la reorganización de las fuerzas políticas, que Alberto Fujimori inicia las maniobras que conocemos hasta hoy, es el autogolpe el inicio de la era Fujimori”, remarcó.
En respuesta, en Perú también surgió el “antifujimorismo”, un poderoso movimiento que politólogos y analistas consideran decisivo en las tres derrotas consecutivas que ha sufrido Keiko en su aspiración de convertirse en la primera presidenta de Perú (2011, 2016 y 2021).
Por ese motivo, Dargent remarcó que “más allá de que uno sea fujimorista o antifujimorista, lo que queda claro es que Fujimori ha marcado la historia del Perú”, tanto por “el tipo de pasiones que desata y las discusiones que se tiene en torno a su legado”.
La lección a sacar, sostuvo el analista, es que el distanciamiento de la clase política y los grupos democráticos con la población puede dar “este tipo de gobernantes que, sin quitarle responsabilidad democrática, también cosechan las incapacidades y deficiencias de las élites políticas”.
Tres décadas después, agregó Espinoza, su país afronta rezagos “algunos más dolorosos y más complejos que otros”, por lo que es importante que episodios como el 5 de abril se recuerden “no solo en el sentido de cómo se solucionan, sino para que nunca vuelvan a pasar y se tenga una ciudadanía más activa, más vigilante”.
EFE