¿Qué sucedió, realmente, durante aquellos trepidantes días de abril –hace ahora dos décadas–, desde el punto de vista constitucional, jurídico y político, comenzando por la insurrección popular en la mañana del día 11, luego la rebelión militar de las primeras horas de la noche, pasando por la renuncia de Chávez y el vacío de poder que la misma originó en la madrugada del día 12, el posterior auto nombramiento y la auto juramentación de Pedro Carmona Estanga y, treinta y seis horas después, el contragolpe restaurador que resucitó al régimen chavista?
Ha habido, desde luego, las más diversas opiniones al respecto. Los adversarios del régimen han justificado los hechos alegando que –luego de la gigantesca manifestación del 11 de abril en Caracas, disuelta por el régimen con la llamada Masacre de Miraflores– la posterior renuncia de Chávez creó un vacío de poder. Los partidarios de este, a su vez, argumentan que no se produjo ninguna masacre y que nunca se dio la renuncia del presidente, sino un golpe de Estado. Ambas opiniones son, sin embargo, simplistas, reduccionistas y superficiales. Los sucesos de aquellos días están estrechamente relacionados entre sí y fueron la resultante de un complejo y difícil proceso que se había iniciado tiempo atrás.
No voy a rememorar en detalle aquellos hechos. Baste un apretado resumen de los más importantes. Y es que luego de “la relegitimación” de 2000, Chávez se sintió “guapo y apoyado”. En febrero de 2001 pretendió aprobar algunas medidas dirigidas a introducir métodos de adoctrinamiento en los programas de estudios, entre ellos la falsificación de la historia venezolana en función de sus intereses políticos, al tiempo que, frente a la resistencia provocada entonces, amenazó a la educación privada con retirarle los subsidios públicos.
Ese mismo año firmó también un paquete de 49 leyes que abarcaba diversas materias: agricultura, comunicaciones, hidrocarburos, etc., sin haber consultado a los sectores vinculados con esas actividades, apelando al autoritarismo y la prepotencia. Tal situación produjo el exitoso paro del 10 de diciembre de 2001. Luego vino la protesta del sector sindical ante el desconocimiento del sector público a los contratos colectivos.
Chávez cometió entonces el error de abrir varios frentes de combate. El 15 de diciembre de 2001 dijo un largo discurso en la Asamblea Nacional amenazando a sus adversarios con cárcel, señalando que “cualquier entendimiento con Fedecamaras y la CTV huele a excremento” y repitiendo que “gracias a la FAN esta revolución no es desarmada. Es pacífica, pero tiene armas para defenderse de cualquier atropello”. “Quien siembra vientos cosecha tempestades”, dice un viejo refrán. El 23 de enero siguiente hubo una multitudinaria manifestación en Caracas, y a partir de entonces el régimen perdió la calle, a pesar del esfuerzo milmillonario que se hizo para celebrar el cuatro de febrero siguiente un aniversario más de la intentona golpista contra CAP. En paralelo, se le abrían grietas en cuanto al respaldo de la institución castrense. Luego vendrían el paro petrolero, la injustificada destitución de 20.000 trabajadores de Pdvsa y la convocatoria a una huelga general.
Una interpretación de los hechos cercana a la objetividad concluiría en que los sucesos del 11 al 15 de abril constituyen una cadena de eventos a partir de la posición intransigente, intolerante y provocadora del gobierno chavista, desde sus inicios en 1999. A esa actitud gubernamental, la sociedad civil le dio respuesta dos años y medio después de la asunción del régimen. Como ya se anotó antes, a mediados del 2001 hubo, en efecto, una consecuente, efectiva y cada vez más numerosa presencia de los opositores de Chávez en las calles de Venezuela, con lo cual aquél perdió el control que mantenía sobre ellas.
Todo ese proceso de ofensiva popular desembocó en la gran marcha del 11 de abril y su trágico desenlace fue la única respuesta que pudo articular un régimen sitiado por la mayoría de los venezolanos. El resultado fue realmente desastroso: 18 muertos y un centenar de heridos, a manos de guardias nacionales, dirigentes chavistas y francotiradores profesionales, todos ellos organizados por el gobierno, de acuerdo con los numerosos testimonios recabados luego.
Desde entonces, un vasto manto de impunidad oficial ha impedido esclarecer su responsabilidad en estos crímenes. Tales hechos, a su vez, provocaron la rebelión militar encabezada por el comandante del Ejército y apoyada inmediatamente por los demás componentes de las otras fuerzas. A las pocas horas se produce la renuncia de Chávez a la presidencia, anunciada oficialmente al país en cadena de radio y televisión nada menos que por su Alto Mando Militar, a través del inspector de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Lucas Rincón Romero.
La renuncia creó, desde luego, un vacío de poder. Ese es el alegato de los militares rebeldes para encargar a Carmona Estanga de la presidencia, y el de este último para justificar su iniciativa. Y será Carmona, sin duda, quien propicia un golpe de Estado atípico –incruento, palaciego y sin dispararse un sólo tiro- al firmar su único decreto, de factura inconstitucional y dictatorial, lo que lo aisló de sus aliados iniciales.
La reacción será el contragolpe chavista y la consecuente restitución de su líder en el poder, luego de 48 horas de haber renunciado. Este último evento fue disfrazado por la propaganda chavista como el resultado de una supuesta presencia vigorosa del pueblo en las calles, cuando la única verdad es que fue el resultado de una operación comando organizada por el general Baduel, de la cual, a la postre, terminó siendo víctima hasta pagar con su vida lo que, en su momento, pensó que era correcto.
En aras de la verdad histórica, más allá del simplismo argumental y del fanatismo oficialista u opositor, entre el 11 y el 14 de abril de 2002 lo que se produjo en Venezuela fue una cadena real de eslabones: insurrección popular, rebelión militar, renuncia presidencial, vacío de poder, golpe y contragolpe. Estos fueron los hechos, tercos como siempre, más allá de las especulaciones o interpretaciones interesadas que puedan dárseles.