“Fui agredida física, verbal y psicológicamente por mi pareja cuando intentaba desobedecer sus órdenes, tomar decisiones por mí misma o diferir en cuanto a la administración del hogar y los recursos económicos”, relata una de las víctimas de violencia contra la mujer en Apure, una realidad silenciada por las mismas afectadas que temen perder su vida si denuncian a sus agresores.
María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com
La violencia de género existe en muchos hogares apureños, debido a la predominancia de una cultura “machista”, en la cual hombre pretende mantener el control del hogar y sobre la vida de los miembros de la familia, quienes también son vejados y maltratados.
Este tipo de agresiones es considerado por algunos especialistas como un problema de salud pública en el estado Apure, porque muchas veces con el paso del tiempo puede derivar en un aumento de los casos relacionados con abuso sexual, violencia física y psicológica.
El abogado especialista en el tema y profesor universitario Adrián Velásquez, alerta que por un caso denunciado en Apure, ocho mujeres no lo hacen por temor a morir a manos de sus agresores en una región donde la violencia contra la mujer es bastante frecuente.
Para Velásquez, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es inquisitiva y coercitiva. Sin embargo, se declara defensor de este instrumento legal, porque rescata el espíritu del legislador, quien al crearla permite a la mujer expresar que está siendo violentada y promueve un cambio profundo en aras de eliminar el “chip” instalado en una sociedad machista, abusiva y maltratadora de mujeres.
El jurista admite que este instrumento legal tiene sus debilidades: omite la violencia de la cual son víctimas los hombres en tiempos modernos. En tal sentido, el jurista apureño denuncia que algunas mujeres se sirven de esta ley para simular hechos punibles ante los entes competentes en materia penal.
“Los hombres no denuncian, porque no los ampara la ley contra la violencia. La violencia es un problema cultural, porque una mujer que agrede viene de un hogar donde la violencia era común”, dijo.
Critica que en la actualidad el Estado no haga seguimiento a los casos de violencia contra la mujer, a pesar de que la normativa legal en esta materia así lo establece. “Trata el fondo, porque la violencia es una consecuencia de una forma de vida y de creencias de los hombres en esta sociedad. La ley nos deja un vacío muy grande, porque nada hacemos que una mujer maltratada denuncie y se le haga el juicio al agresor. Pero no se le hace seguimiento a la mujer maltratada que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, designado por el Estado, para garantizar la protección a una mujer en estas condiciones y su reinserción en la sociedad, tal como establece el artículo 34 de dicha ley”, dijo Velásquez.
Violencia hasta la muerte
Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), alerta sobre las cifras de la violencia de género en el país. Por esta razón, Avesa creó un servicio automatizado por Whatsapp denominado “Yo Estoy Informada”, donde las mujeres cuentan con una ventana para consultar todo lo referente a la violencia contra la mujer y las instancias a las cuales pueden acudir las féminas en casos de este tipo.
“La violencia física, psicológica y sexual sigue avanzando. Tomando en cuenta los monitoreos de femicidio, en el año 2016 se registraron 122 femicidios -que es la expresión máxima de la violencia contra la mujer-, mientras que 2021 cerró con más del doble: un total de 290 en todo el país”, dijo la experta en el tema.
Un hecho que conmocionó a la población llanera ocurrió en diciembre de 2021, cuando Himberlit Licet de 22 años fue salvajemente golpeada por su pareja Miguel Ángel Pirto Álvarez. Ambos vivían en el urbanismo Santa Inés en San Fernando de Apure.
Los episodios de violencia hacia la chica eran frecuentes. Pirto llegó al extremo de agredirla aun cuando Licet tenía un embarazo de 6 meses. Perdió a su bebé y mientras se recuperaba, Pirto seguía arremetiendo contra ella hasta violarla, a pesar de estar convaleciente.
Pero fue en diciembre del año pasado cuando todo se salió de control. Relata una persona cercana a Licet que la golpiza fue tan brutal que la joven quedó inconsciente. Sus familiares al percatarse de la situación, decidieron llevarla al Hospital Pablo Acosta Ortiz (Hpao). “Presentó fractura del cráneo, se le desprendieron todos los órganos y tenía cinco patologías que le ocasionaron la muerte”, manifestó una fuente cercana a la víctima.
Cinco días después de aquel hecho violento, Licet murió. Hasta la fecha, lamentablemente las autoridades policiales no han capturado al responsable del crimen que enlutó a una familia apureña.
Reina la impunidad
La especialista de Avesa deja claro que este problema se ha intensificado con la llegada de la pandemia del Covid-19, porque las mujeres quedaron atrapadas durante la cuarentena en sus casas con los agresores. También han aumentado los casos de impunidad dada las ineficiencias del sistema de justicia venezolano.
“No existe una sanción efectiva contra los agresores ante una cultura patriarcal, en la cual la mujer es vista como una ciudadana de segunda categoría y el hombre siente que tiene autoridad para violentarla, privarla de libertad o tomar decisiones por ella. Este sexismo en la sociedad venezolana da como resultado la violencia contra la mujer”, asevera la coordinadora de Avesa.
Las señales básicas de alerta de imposición y control se observan en el noviazgo. La mujer debe analizar si sus opiniones son tomadas en cuenta por su pareja para así identificar si es una relación desigual o no. Es necesario evaluar, además, si se está inmersa en una relación donde la pareja descalifica las opiniones o no se tiene libertad para movilizarse o tomar alguna decisión. “La violencia va escalando en intensidad, y cuando la violencia es cada vez más grave, luego es más difícil detenerla”, agrega León.
Para Avesa, la violencia contra la mujer es el delito más despreciable de la sociedad, porque todas las personas merecen respeto a su dignidad humana y tienen derecho a la igualdad.
Casos espeluznantes
En lo que va del año 2022 y tomando en cuenta los reportes de prensa, la Policía del estado Apure ha detenido a un total de seis agresores que mantenían en cautiverio no solo a sus parejas o exparejas, sino también a sus hijos.
El primer caso se reportó el martes 22 de febrero de este año cuando fue detenido por funcionarios de Poliapure, un hombre luego de mantener prisioneras a su pareja y a sus dos hijas durante siete días, en el urbanismo Santa Inés en San Fernando de Apure. La víctima presentó la denuncia ante este organismo de seguridad.
En el reporte policial se especifica que la mujer de 35 años y las dos menores de edad (una de cuatro y otra de nueve años) fueron obligadas por el ciudadano José Gregorio Daza Figueredo (35 años) a mantenerse encerradas en su casa sin poder salir de su residencia ni tener contacto externo.
El segundo caso se presentó más de un mes después, el viernes 25 de marzo en el sector La Ossa, ubicado en el municipio José Antonio Páez, cuando otro hombre, José Jozua Marfilito Sánchez, de 29 años, decidió mantener en cautiverio a su hija de cinco años por seis semanas para mandarla a Colombia sin autorización de su madre.
Otro caso de violencia de género se reportó en el sector Puente Páez, Guasdualito, estado Apure, cuando el domingo 3 de abril el pescador Luis Arvey Bustamante Contreras de 28 años fue detenido por hostigar y maltratar verbalmente a su expareja.
La agraviada de 27 años, dedicada a las labores de la casa, no se atrevía a denunciar a su agresor, porque Bustamante la amenazaba con asesinarla si lo denunciaba ante las autoridades por los maltratos y el sometimiento de los cuales era víctima. La pareja se había separado hace tres años y desde ese entonces el victimario constantemente la hostigaba, la perseguía y la maltrataba verbalmente.
En los casos descritos, vecinos de las víctimas, así como las mujeres violentadas, alertaron a las autoridades sobre lo sucedido. Pero no todas las mujeres atacadas por sus parejas o exparejas tienen el valor de denunciar. El miedo a ser asesinadas o a que su agresor no sea detenido y todo quede impune, son los obstáculos más frecuentes para denunciar. Es menester que el Estado venezolano brinde todas las condiciones para que las mujeres se sientan seguras y expongan estos atropellos ante las autoridades.
Proyectos a la vista
Cándida Ojeda, coordinadora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), conjuntamente con el Ministerio de la Mujer (Minmujer) consignaron la semana pasada ante la gobernación del estado Apure una propuesta para la creación de las Casas de Abrigo en los siete municipios de la entidad llanera, en aras de brindar un sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia y así reducir la incidencia de estos casos.
Se prevé que estas Casas de Abrigo cuenten con un equipo multidisciplinario dispuesto a atender a unas 100 mujeres en cada una de las sedes, a fin de garantizarles no solo refugio y ayuda psicológica, sino también formación mediante el Instituto Socialista de Capacitación (Inces) para ejercer oficios que le permitan reinsertarse en la sociedad. Se espera que se otorgue financiamiento a través del Banco de la Mujer (Banmujer).
“El año pasado hicimos el acompañamiento durante todo el procedimiento judicial asistiendo a 96 mujeres víctimas de la violencia. Mientras que en lo que va del año, hemos hecho el mismo trabajo a favor de 46. Las mujeres ya no queremos callar. Las denuncias han aumentado, porque el Frente Preventivo educa a la población sobre el tema. En estas casas deben trabajar mancomunadamente instituciones, misiones y grandes misiones”, agregó la funcionaria pública del Inamujer.
En la actualidad, las mujeres apureñas necesitan dar un paso al frente y denunciar para permitirse la oportunidad de una vida digna. Las comunidades y las instituciones deben organizar charlas sobre el tema, así como también denunciar ante las autoridades hechos de este tipo en aras de romper el peligroso y mortal círculo de la violencia.