El salario mínimo en nuestro país, impuesto por el régimen – que no discute con ningún ente sindical o empleador las condiciones laborales, por cierto – es un salario insuficiente para la subsistencia. Ningún trabajador con su familia puede acceder siquiera a la alimentación con ese salario ínfimo, de pobreza extrema. Menos podrá pensar en cubrir los otros rubros de la seguridad social. El ciudadano está afectado persistentemente por un Estado incapaz de garantizar por ningún medio la salud, la vivienda, el transporte o la recreación pública. No incluyo las bolsas del mal afamado CLAP, debido a que las protestas por su calidad, el tiempo y cantidad en la que le llegan como subsidio alimentario a la población pueden ser calificadas de innumerables.
Todo esto considerando que el CENDAS de la Federación Venezolana de Maestros, según hemos conocido recientemente, ha situado la canasta alimentaria en aumento a $ 471 para el mes de marzo de 2022, esto con la seriedad y responsabilidad que le reconocemos no suficientemente los venezolanos a esta institución tan valiosa. Si establecemos la necesarísima comparación entre salario mínimo ubicado en aproximadamente 30 dólares, fácilmente podemos quedar estupefactos ante la imposibilidad de vivir que tiene la mayoría de los trabajadores en Venezuela.
En mi sector más cercano, el universitario, les ha dado por aplicar algo que desde el régimen consideran con aspaviento un aumento y no deja de ser un leve ajuste de sueldos ante el deterioro económico causado por la inflación y otros factores económicos generales. Han aplicado unas tablas, una vez más de forma indiscutida, a pesar de la presencia de la OIT en Venezuela para atender las demandas de empresarios, sindicatos y gremios con la Comisión de Encuestas de ese organismo. Las dichas tablas han sido consideradas e impuestas por la ONAPRE y desdicen mucho, por violatorias de todos los acuerdos internacionales, la Constitución y la ley, tanto como de los Derechos Humanos también. Con ellas, el profesor del más alto rango en el escalafón apenas alcanzará a llegar a la mitad acaso de la cesta alimentaria que calcula CENDAS. Con lo cual abiertamente atentan contra la Convención Colectiva Única que el mismo régimen oprobioso impuso por cuarta vez en el sector. Instrumento desapegado también de toda legalidad y acuerdos internacionales.
Así mismo, en la Universidad Simón Bolívar, no conformes con atentar contra todo derecho laboral, humano y toda legalidad, el Consejo Directivo que había decidido previamente la aplicación de un método que generó una tabla de sueldos conforme a la IV Convención Colectiva Única del sector universitario; tabla que fue tramitada y aplicada en pagos efectuados en la primera quincena del mes de abril, que generó también hasta las debidas constancias de trabajo obtenidas por los profesores y todo el personal, resolvió esta semana que aquello era apenas un adelanto, porque impusieron desde afuera, léase de la OPSU, las tablas ONAPRE. O sea, oficializaron con correo y pagos un sueldo. Y para la siguiente quincena, esta que transcurre, nos bajaron miserablemente ese sueldo. Atropello sobre atropello, violación sobre violación, afectación laboral y psicológica sobre diferentes afectaciones laborales y psicológicas. Toda una tortura.
La violación de los derechos laborales en tanto derechos humanos y constitucionales es sistemática también en Venezuela. Las denuncias deben continuar también, deben recurrentemente ser elevadas ante los diferentes organismos internacionales: OIT, ONU, OEA. Esto aunque no constituyan delitos de lesa humanidad.