La inseguridad jurídica se ha convertido en la mayor limitante para el ejercicio de la actividad económica privada en el país, a pesar de los anuncios oficiales que la reactivación de la producción nacional necesita la participación de los actores privados, se sigue produciendo invasiones y ocupaciones de terrenos y fincas productivas, lo cual hace imposible estimular la necesaria reactivación económica para mejorar la producción nacional.
Al no contar con la seguridad jurídica necesaria, observamos como los interesados en invertir en la agricultura, ganadería o en la industria están limitados en lograr el necesario apoyo de las instituciones oficiales para llevar adelante sus proyectos encontrándose con una serie de trámites burocráticos, así como la dificultad para obtener los financiamientos necesarios.
Se observa ambivalencia en la vocería oficial al encontrarnos con quienes promueven la revisión del proceso estatizador, que contempla la devolución de las empresas y tierras expropiadas por el estado sin ningún pago, a sus legítimos dueños y los que se oponen a ceder e insisten en sostener al estado empresario.
Las consecuencias de esta política expropiatoria está a la vista, con la drástica reducción de las cantidades producidas en estas tierras y empresas de cuando eran privadas a la mínima producción que obtienen actualmente, unido a los elevados montos en dólares y bolívares otorgados para sus programas de inversión así como para cubrir sus elevadas pérdidas, lo cual se calculan en más de 70 mil millones de dólares desde que pasaron de privadas a públicas.
Se estima el daño patrimonial causado a sus legítimos dueños en más de 150 mil millones de dólares. Las importaciones realizadas para cubrir la caída de la producción nacional causadas por la reducción de la capacidad productiva de las fincas, haciendas, hatos y empresas expropiadas se estima en más de 45.000 millones de dólares en los últimos 12 años. Su efecto en el empleo está a la vista, analistas estiman en más de dos millones la pérdida de puestos de trabajo, cómo resultado de esta reducción de la producción en manos públicas y sus efectos en las empresas privadas, que dependen del suministro de materias primas producidas por estas empresas y tierras en manos del estado.
Todo lo cual nos indica que lo logrado fue afectar la seguridad jurídica a niveles nunca antes visto en el país, causada por la aplicación de la política de expropiación sin compensación, donde se sustituyó a los privados por lo público, desconociendo sus derechos de propiedad. Lo triste es que los resultados obtenidos son opuestos al interés nacional, al observarse las elevadas pérdidas de recursos públicos y las causadas a los propietarios privados, así cómo la caída de la producción nacional a niveles de un 20 % del consumo nacional, cuando estaban en manos privadas se producían hasta un 100 % de los alimentos que consumimos y las empresas cubrían la demanda nacional, también muchas de ellas exportaban.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.