No ha cesado la polémica, ni debe cesar, en torno al grotesco planteamiento surgido en la Asamblea Nacional que sirve al régimen del terror en Venezuela. Cargan a cuestas con el trauma del veto que el muerto le impuso al intento anterior de tomar “legalmente” a las universidades, de expropiarlas. Pero no cejan en su propósito por desencajar más a las universidades, por convertirlas, apropiándoselas, a su proyecto ideológico-totalitario.
En ese sentido han ido trabajando desde el poder en dos vertientes que pudieran lucir complementarias, aunque en realidad para nada lo son: desde el Consejo Nacional de Universidades, como plantea Luis Eduardo Martínez en su artículo de esta semana en El Universal -periódico oficialista que hasta impreso circula y cuya sede no han expropiado- donde crearon, en aquel CNU, una comisión en pro de rellenar artículos para la supuesta nueva Ley de Educación Universitaria. Y desde la ilegítima Asamblea Nacional, donde algunos que se hacen llamar diputados andan alborotando avisperos, capturando incautos para sus fines maléficos.
Lo he dicho: la superación de los problemas universitarios actuales y futuros no requieren una nueva ley. Falta presupuesto bien tramitado y con posibilidades de control. No como el abominable Plan Universidad Bella que atenta contra la autonomía y que carece de control alguno. Demostración de que si existen los recursos para atender la problemática universitaria, solo que los dilapidan y caen en cajas negras. Hace falta atención de sueldos apropiados para la vida, atención a la investigación y la extensión. No hace falta en lo inmediato ninguna nueva ley. ¿Que la de 1970 es obsoleta? Tal vez requiera algunos ajustes. La nueva ley habrá de venir en tiempos de libertad. Con una Asamblea Nacional electa en democracia, que pueda legislar y lo que legisle se pueda cumplir. No que vaya a quedar en letra muerta, como ocurre ahora, bajo la tiranía, con toda la legalidad en Venezuela, desde la Constitución hacia abajo.
Todo universitario que trabaje en esa ley, que proponga algo para esa ley condenable será condenable el mismo. Respaldar, del modo que sea, la gestación de ese proyecto de ley es respaldar la ausencia de separación de poderes que no es más que respaldar la ausencia de democracia. Y bien lo dice ya Martínez: esa ley busca abrirse a universitarios y no universitarios, acoplarse a la idea que tienen de la educación socialista siglo XXI, de la universidad y la educación comunal. La desvirtuación de la esencia universitaria y el control de las comunas y de la Fuerza Armada de la universidad, como establece la más reciente Convención Colectiva Única aprobada por ellos, discutida por ellos.
Así que quienes ingenua o interesadamente dieron o en lo adelante den su aporte al supuesto proyecto de ley para la educación universitaria han perdido doblemente su tiempo: apoyando al régimen directa o indirectamente y creyendo que les van a parar algún milímetro de criadilla. Nada de eso ocurrirá: harán su ley como acostumbran, como les venga en gana, en atención a su proyecto totalitario de dominación. Aunque, total, en un país sin ley, una más o una menos no hace mella alguna a la aplicación de su secuestro de las instituciones, incluidas, desde luego, las universitarias.