Los venezolanos en la denominada Cuarta República y hasta 2011 tan sólo necesitaban un salario mínimo para adquirir la canasta alimentaria. Según explicó Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el “descalabro” de la caída del poder adquisitivo comenzó en 2012, cuando una familia requería cada vez más dinero para comprar los mismos nueve rubros alimentarios que contempla esta cesta.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
“A partir de 2012 se necesitaban 2.23 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria, luego salta en 2.80 en 2013, y de allí en adelante el gráfico es una curva ascendente. En febrero de 2022, una familia necesitaba 300 salarios mínimos para adquirir esa canasta”, enfatizó.
El poder adquisitivo se recuperó levemente el 15 de marzo, cuando el Gobierno aumentó el salario mínimo a 130 bolívares (30 dólares en ese momento). Pero en un país con la inflación más elevada del mundo con una tasa anual que podría cerrar en 2022 en 500 por ciento, según el Fondo Monetario Internacional, tal incremento puede elevar el precio de la canasta alimentaria un 6 por ciento, pasando de costar 471 dólares en marzo a posiblemente más de 500 dólares en mayo.
“Una familia necesita 500 dólares para poder cubrir el costo de los alimentos y requiere el doble de ese monto (1000 dólares) para cubrir la canasta básica que incluye 60 productos alimentarios, más el precio de gastos como vestimenta, educación, salud, recreación, productos de higiene personal, transporte. Siempre hablamos de una familia venezolana de cinco miembros. Lo que representa que cada miembro necesita trabajar y ganar 100 dólares al mes para comer y 100 dólares adicionales para cubrir el gasto de bienes y servicios”, resaltó Meza, quien es PhD en economía.
El caos que ocasionó que el 96 por ciento de los venezolanos hoy estén en pobreza inició con las erradas políticas económicas implementadas por el gobierno desde que Hugo Chávez llegó al poder. Las expropiaciones y las confiscaciones de propiedades productivas comenzaron a generar grandes pérdidas en Venezuela y un temor a los inversionistas, debido a que el Estado no garantizaba la propiedad privada.
Según comentó Meza, Venezuela tenía más de 13 mil industrias en 1999, y en revolución unas 9.000 quebraron. “Esas industrias dejaron de tener contrato colectivo, no aportaron más empleo para la economía y dejaron de producir. En consecuencia, disminuyó también la oferta de bienes y servicios en la nación, dejaron de pagar impuestos, por eso perdimos el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y apenas somos una quinta parte de la economía que éramos en 1998, o incluso de la década del boom petrolero (2002-2012), cuando el país percibió más de 1.000 millones de dólares por concepto de ingresos petroleros debido al aumento de precios del barril del petróleo”, apuntó.
Resaltó que la única manera que los venezolanos recuperen el poder adquisitivo es que se creen más empresas que sean prósperas, para que obtengan ganancias y puedan aumentar los salarios.
“El principal problema de la economía es el debilitamiento del valor de su signo monetario. El bolívar perdió su valor y eso no se recupera de la noche a la mañana así el gobierno intente incentivar su uso imponiendo un impuesto a las transacciones de dólares en efectivo, por el Impuesto de Grandes Transacciones Financieras (IGTF). La única manera de recuperar el salario es aumentando la producción. En esa misma medida los precios bajan y mejorará la calidad de vida”, comunicó Naudy Pereira, economista.
El reciente ajuste del salario mínimo no fue producto del incremento de la producción del sector privado. El economista Pereira señaló que fue por el aumento de los ingresos fiscales. “El gobierno aumentó desde junio 2020 la gasolina, aumentó la Unidad Tributaria a 40 centavos de bolívares, impuso el IGTF a quienes paguen en dólares. En la medida que el gobierno aumenta los tributos obtiene más recursos para enfrentar el gasto público, pero eso es perjudicial para las empresas porque entran en un círculo vicioso: los costos de producción aumentan, disminuye la oferta de bienes y servicios y los precios se disparan”, mencionó.
Salarios de hambre
Más de cuatro millones y medio de trabajadores que engrosan las nóminas del sector público en Venezuela siguen ganando salarios que están muy por debajo del costo de una canasta alimentaria. Según explicó Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), los profesionales que laboran en gobernaciones y alcaldías del país y que se ubican en la escala salarial nivel tres, devengan un salario base equivalente a 316 bolívares, que es igual a 69 dólares mensual según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
“Los trabajadores de las empresas productivas como Pdvsa, empresas adscritas a la Corporación Venezolana de Guayana, docentes, médicos y demás personal de salud ganan un poco más que los trabajadores de la administración pública. Si se comparan los salarios con los de gobernaciones y alcaldías que ganan menos, terminan siendo discriminatorios”, apuntó.
Sostiene que desde agosto de 2018 cuando en Venezuela se decretó la segunda reconversión monetaria, las convenciones colectivas de los trabajadores quedaron como letra muerta para el Ejecutivo nacional porque no las respeta.
Las primas por antigüedad y profesionalización las calcula el gobierno sin considerar lo que está establecido en cada convención colectiva, violando arbitrariamente la ley.
“En cuanto a las primas, por ejemplo, si un trabajador tiene un hijo con discapacidad o él mismo tiene discapacidad, en el Contrato Colectivo establecía que le debía ser asignado un salario adicional, pero ahora ese instructivo lo modificaron unilateralmente, entonces lo que pagan son 12 bolívares. También 12 bolívares por matrimonio de un hijo, por día de la madre pagan también Bs. 12, por juguetes 12 bolívares. Unas cosas absurdas que denunciamos ante La Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, informó a LA PRENSA, Antonio Suárez.
Pagan mejores salarios
El presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara, Joel Segura, informó a LA PRENSA que desde el año 2020 las empresas privadas del país han dolarizado el salario de sus trabajadores, pagando muy por encima del sueldo mínimo.
En promedio, un trabajador no profesional que labore en una industria o un comercio está devengando un sueldo mensual que ronda los 120 dólares. Un trabajador profesional gana entre 260 dólares y 320 dólares. Un trabajador que es supervisor de un departamento en una industria devenga un salario alrededor de 360 dólares. Un trabajador del área administrativa gana entre 240 y 300 dólares, un gerente alrededor de 500 dólares al mes y en empresas grandes, donde existen profesionales que ocupen las altas gerencias pueden llegar a devengar 1000 dólares mensual.
Segura apunta que las empresas pueden pagar un salario aún mayor si aumentan las inversiones y la producción. Actualmente, el sector industrial en Lara y en el resto del país labora al 25% de su capacidad instalada.
Diálogo tripartito avanzó en el país
Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, informó que del 25 al 29 de abril los sindicatos, empresarios y el Gobierno nacional avanzaron en un diálogo tripartito con la intermediación de la OIT, en la que se acordó que el Ejecutivo nacional consultará a los trabajadores y empleadores para establecer el monto del salario mínimo.
“El diálogo fue positivo para solventar los problemas denunciados, como el convenio 26 que tiene que ver con los métodos para fijación del salario mínimo, el convenio 144 de mantener un diálogo tripartito y el 87 que tiene que ver con la libertad sindical. Se acordaron procedimientos de diálogo con los distintos poderes públicos”, detalló.
“Dádivas generan más pobreza”
“¡No le des un pez a un hombre, enséñalo a pescar! La solución de una familia pobre no es que le den cajas CLAP, el problema de su pobreza se les solucionan si el sostén de ese hogar tiene un trabajo digno. ¿Qué hacen los venezolanos con las dádivas que le da el gobierno?, eso no ayuda a mejorar la calidad de vida, esa bonificación que obtienen las personas que estén inscritas en el Carnet de la Patria le permite al Estado mantenerlos más pobres”, expresó Naudy Pereira, economista.
Resaltó que la producción podría aumentar en la medida en que los empresarios sientan confianza para invertir.