La liberación de una pareja que confesó haber asesinado a la peruana Solsiret Rodríguez en 2016 ha provocado una ola de indignación entre las autoridades gubernamentales y organizaciones feministas, que han convocado este miércoles a una manifestación de protesta frente al Palacio de Justicia en Lima.
Los confesos asesinos Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, cuñado de la víctima, recibieron la orden de excarcelación del juez Roberto Sucno por exceder el tiempo en prisión preventiva, dado que aún no han sido sentenciados desde su captura en febrero del 2020.
Ambos declararon que mantuvieron una pelea con Rodríguez, que estaba casada con el hermano de Villanueva y tenía dos hijos menores con él, a raíz de los supuestos celos de Aguirre y que fue descuartizada y enterrada en distintos lugares.
La policía encontró parte de los restos enterrados en la casa de Aguirre, después de varios años en que la familia de Solsiret había pedido a los agentes que la busquen en ese lugar, pues era el último punto de ubicación de su teléfono celular.
El padre de la víctima, Carlos Rodríguez, recordó que los detenidos confesaron “la forma cruel en la que habían acabado con la vida de mi hija y ahora, sin embargo, en marzo (de 2020) comenzó el covid-19 y ninguna autoridad trabajó”.
“Hoy en día la supuesta justicia actúa de forma acelerada y, de un día para otro, les autoriza la libertad con un pago de una caución de 60.000 soles (15.700 dólares)”, agregó Rodríguez en declaraciones a la emisora RPP.
El progenitor lamentó que sea “muy difícil que en el Perú exista esto llamado justicia, pero vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: buscar esa justicia que no logramos encontrar, seguiremos tocando puertas, como lo hemos hecho”.
El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un pronunciamiento el martes en el que exhortó a las entidades del sistema de justicia que actúen “de manera célere y con la debida diligencia” frente a los casos de desapariciones y feminicidio, a fin de garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.
Añadió que a partir de este caso emblemático, se incorporó la desaparición de mujeres en las Alertas de Emergencia de la Policía Nacional del Perú y su reconocimiento como una manifestación de violencia de género.
La organización feminista Demus calificó la decisión judicial de “indignante” y contraria al principio de debida diligencia reforzada, además de solicitar que se emita una pronta sentencia en este caso.
A su vez, la plataforma Mujeres Desaparecidas en Perú expresó, en redes sociales, que “encontramos a Sol, pero no encontramos justicia”, y anunció la convocatoria a un plantón por Solsiret este miércoles frente al Palacio de Justicia.
Otras organizaciones como Familias Unidas por Justicia, Manuela Ramos, Católicas por el derecho a decidir, Flora Tristán, entre otras se unieron al rechazo a la excarcelación de los acusados y al llamado a manifestarse bajo el lema #NoMásImpunidad y #JusticiaParaSolsiret.
En el 2021 hubo 146 feminicidios reportados en Perú, 6 % más que el 2020, y 123 tentativas de feminicidio, en tanto que el 52 % de los victimarios fueron las parejas o exparejas, y 13 % de las víctimas habían sido previamente reportadas como desaparecidas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
EFE.