Poco más de un mes ha transcurrido desde que fue hallado el cadáver de Crisbelis Sarmiento en la zona rural de Puerto La Cruz, tras permanecer 10 días desaparecida. Y aunque el principal sospechoso del femicidio, identificado como Jesús Alcalá, fue privado de libertad de inmediato, no ha sido trasladado al anexo agroproductivo del Centro Penitenciario José Antonio Anzoátegui, mejor conocido como “Puente Ayala”.
Por Javier A. Guaipo
En ese sentido, el abogado José Santoyo, quien recientemente asumió la asesoría legal de la madre de la víctima, Jazmín Guilarte, alertó sobre el peligro que existe de que el autor del crimen se dé a la fuga y denunció que todo el proceso ha sido obstaculizado.
“La fiscalía del Ministerio Público (MP) calificó los delitos de femicidio agravado, abuso sexual con víctima especialmente vulnerable y amenaza. El día 19 de abril, el tribunal de control 2 decretó la medida privativa y ordenó el traslado del individuo al agroproductivo, pero ayer se verificó que esto no se ha cumplido”.
El también defensor de los derechos humanos agregó que funcionarios judiciales le informaron que Alcalá presentó una acusación en su contra por un hecho similar en 2021, pero fue absuelto de los cargos.
Además, presumen que el recluso tiene un familiar de alto cargo en Miraflores.
“En este caso existe un peligro inminente de fuga del acusado, pues aún se encuentra en los calabozos del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), aun cuando hay una orden de llevarlo a Puente Ayala”.
Santoyo alegó que hay una posibilidad de que Alcalá escape, ya que si admite los hechos y se declara culpable en la primera oportunidad, la pena excede los 25 años. De lo contrario, tendrá una pena máxima de 30 años.
El jurista precisó que el próximo 3 de junio se vence la prórroga que pidió el MP para presentar la acusación, debido a la complejidad del caso. Indicó además que, en caso de estar de acuerdo con el criterio fiscal, optarán por adherirse, sino presentarán una acusación propia.
Finalmente, reiteró la petición de que el imputado sea trasladado al agroproductivo e hizo un llamado al director general del Cicpc, Douglas Rico, a que tome acciones en la Delegación Municipal de Puerto La Cruz, pues actuaron de manera indebida en el caso y causaron daños psicológicos a la progenitora de la víctima.
Precisamente la madre de Crisbelis Sarmiento, Jazmín Guilarte, pidió a las autoridades policiales que la ayuden a que se haga justicia en el asesinato de su única hija y que paguen todos los involucrados.
